25 Aug 2021 - 5:30 a. m.

“El chaleco antibalas” del caso Ramos en la (in)justicia

“Usted me dijo que lo nombraron (como director nacional Anticorrupción) para hacer favores”, le dijo María Jimena Duzán al tristemente célebre abogado Luis Gustavo Moreno cuyo papel en el cartel que armaron unos magistrados corruptos de la Corte Suprema es conocido en el país. “Para hacer mandados”, interrumpió su interlocutor. Ella le replicó: “Pero ¿qué tipo de mandados?”. Moreno respondió: “Sicariato judicial”. Y añadió: “Para ser chaleco antibalas de unos y para joder a otros”. Agregó: “Y eso no era a las espaldas de Néstor Humberto”. Se refería, claro, al fiscal general Martínez Neira quien nombró a Moreno en octubre de 2016. “María Jimena, esto era con línea de Néstor Humberto, desde luego”. El abogado, hoy silenciado por el aplastante aparato estatal que está en manos del uribismo, fue explícito: “... me llamó el fiscal y me dijo: ‘... conforme un equipo de fiscales que haga caso, Moreno’. Y yo me puse a la tarea: ... designé a unos fiscales que ... (si les pedía) ‘vaya capturen al papa por cualquier cosa ... van y lo capturan’. O ‘deje en libertad a Mancuso, van y dejan en libertad a Mancuso’. Ese tipo de fiscales hay dentro de la institución” (ver).

Antes de posesionarse como flamante director Anticorrupción de Martínez Neira, Moreno fungía como abogado defensor, entre otros, del poderoso político antioqueño Luis Alfredo Ramos quien ha sido tan inalcanzable para la justicia colombiana como Álvaro Uribe. Si se quiere, más que Uribe, a pesar de que estuvo en prisión tres años por orden de la Corte Suprema que lo investiga hace nueve, eso sí, sin llegar a ninguna conclusión: muy conveniente. A Ramos se le abrió proceso en la Corte en 2012 por reuniones que sostuvo con tenebrosos paramilitares de su departamento. Pero pareciera que ninguna sala, ningún tribunal, ningún magistrado, nadie, quiere echarse encima el costo de fallar. Ramos fue representante a la Cámara, senador, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, ministro, embajador. Le falta y aspira a la Presidencia de la República. Por eso ha tratado de ser candidato con el apoyo de los conservadores, por supuesto de Uribe y el uribismo y, además, de sus excolegas del partido Alas Equipo Colombia, una agrupación hechiza, varios de cuyos miembros fueron investigados o condenados por pactar el ejercicio de sus funciones públicas con los delincuentes del paramilitarismo.

¿Por qué y para qué Martínez Neira nombró a Moreno en ese cargo clave cuando este venía de trabajar con los delincuentes de la cúpula judicial? En efecto, el “fiscal” Moreno llegó a compartir despacho con Martínez después de que estuviera en la oficina de la expresidenta de la Corte Suprema Ruth Marina Díaz y de los también expresidentes de ese alto tribunal Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Fue la época en que estos y otros exmagistrados conformaron el “cartel de la toga” para cobrarles centenares de millones de pesos a los políticos que tuvieran procesos abiertos en la Sala Penal, con el fin de garantizarles su absolución sin importar el grado de culpa que constara en sus expedientes. Moreno fue el vehículo de los togados corruptos para pedirles las coimas a los procesados, recibir los dineros sucios y repartir el botín, del lado de los miembros del cartel. Del lado de los políticos que pagaban el soborno, para que manipulara los casos, los dilatara y consiguiera sentencia favorable o, si esto no se podía, paralizara los casos hasta llegar a la prescripción, es decir, hasta cuando se extinguiera la responsabilidad legal del imputado por no haberlo investigado dentro del tiempo previsto. Cuando Moreno se posesionó en la Fiscalía de Martínez Neira, fue reemplazado, en la defensa de Ramos, por su socio de pillerías en el cartel de la toga, Leonardo Pinilla, condenado por estos hechos. Pues bien, Luis Alfredo Ramos, hoy, está feliz: tiene de su lado a la Fiscalía sucesora de Martínez Neira, la que dirige Barbosa quien, según relato de la antigua y respetable revista Semana, removió a los fiscales que iban a imputarle cargos al hijo de Ramos, Esteban, y a la esposa de este en un caso conexo con el del papá, suspendió toda diligencia y encargó de vigilar cualquier movimiento, ¿adivinen a quién? Sí, a Gabriel Jaimes, el de la preclusión de Uribe. Además, papá Ramos cuenta con la indecisión de las cortes y parece tener hadas madrinas por cada rincón de la justicia colombiana. El Espectador publicó que la acción penal contra él prescribe en mayo del 2022, es decir, dentro de nueve meses. La cuenta no da: la Sala de Juzgamiento de la Suprema, en donde se encuentra actualmente el proceso contra el exgobernador, ha sufrido recursos judiciales que paralizaron su decisión, el magistrado ponente que proponía condenarlo fue separado del caso por una acción espuria del mal reputado Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional terció a favor del ponente pero no ha dado a la publicidad el texto de su fallo y los miembros de la Sala de Juzgamiento no se atreven a (¿o no quieren?) resolver. Aquí no termina la ruta tortuosa: falta, por si fuera poco, que la Sala Penal revise, en segunda instancia, y resuelva. Calculen: si esta sala no ha sido capaz de examinar la condena que se le impuso a otro corrupto de la toga, Jorge Pretelt, que está en sus despachos hace un año y ocho meses, ¿correrá con el proceso Ramos? ¡Cuánta suerte acompaña a este señor! ¡Cuántos altos tribunales le tiemblan a su proceso! Definitivamente, Ramos es más poderoso que Uribe. Lo ha demostrado.

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