El desprecio de Duque por los derechos

“Me estaban viendo desde hace rato ... por eso estoy como seguro ... que había una especie de orden... Venía el de adelante (un agente del ESMAD) que yo estaba viendo de frente, y el de atrás. Y cuando yo me volteo, me dispara, me dispara el de atrás, así, directamente. No hay enfrentamiento, no hay nada...”. Se llama Gareth Sella, un joven de 25 años que se dedicaba a realizar cine. Perdió su ojo izquierdo como consecuencia del impacto de un artefacto disparado desde un arma “no letal”, a corta distancia, por un hombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El hecho ocurrió el 24 de febrero pasado, en medio de una marcha que había sido convocada, precisamente, para protestar contra el abuso de la fuerza policial. De acuerdo con la documentación de su caso, Gareth podría haber sido reconocido por los uniformados, si se lo propusieron, debido a que horas antes él había estado conversando, personalmente, con el comandante zonal de la Policía para avisarle que él, Gareth, y algunos de sus compañeros de los denominados Escudos Azules —que intentaban ejercer un rol de mediación entre los manifestantes y los uniformados— iban a estar presentes en la concentración del centro de Bogotá. Por tanto, su impresión de que habría “una especie de orden” y de que los agentes lo “estaban viendo desde hace rato” no parece provenir solo de su imaginación. En los documentos de la investigación Sella también consta que dos días antes, es decir, el 22 de febrero pasado, el Centro de Análisis de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), de la Policía Nacional, había emitido un escrito de alerta que tituló “Convocatoria de movilización violenta 24 de febrero, 24F”. Y que allí se perfiló a los grupos que irían a la protesta como “radicales”, entre estos a los Escudos Azules. No es difícil concluir que el tirador que destrozó un ojo de Gareth había recibido una buena carga de estigmatización contra todo aquel que osara diferir de la voz oficial.

“Uno de los amigos de mi novio se va a la esquina (de la avenida 7ª, frente al Museo Nacional) para ver si podíamos subir pero uno de los agentes del ESMAD le dice que se vaya de ahí. Es muy grosero ... El agente que le había gritado y otros dos se acercan con la intención de golpearlo ... Yo estoy unos metros atrás y grité ‘ya, vámonos’. Acto seguido, siento mi rostro supercaliente. No veo por ninguno de mis ojos. Estoy muy angustiada”. Ella es Leidy Cadena, estudiante de Ciencia Política que decidió, con unos amigos, unirse a las protestas del 28 de abril pasado, día en que se iniciaba el paro nacional por la indignación de la ciudadanía ante la reforma tributaria que quiso imponer el personaje más detestable de Colombia, este 2021: Alberto Carrasquilla quien, no obstante las graves consecuencias sociales que desató con su insensible propuesta, fue premiado por Duque con un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República cuando fracasó en su intento de hacerlo elegir en la Presidencia del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Los momentos posteriores al disparo que impactó el ojo derecho de Leidy, fueron registrados en un video en que ella, postrada en el andén, está con la mano apretando su herida sangrante mientras cinco agentes miran la escena, sin hacer nada para ayudarla. Medicina Legal dictaminó que Leidy fue víctima de una lesión que produce “una deformidad física que afecta el rostro y de una perturbación funcional del órgano de la visión, de carácter permanente”. Después de identificar al agente que la lesionó de por vida, Leidy fue centro de amenazas en las redes sociales y, hace apenas un mes, fue atacada con pólvora que hicieron explotar en la puerta de su residencia. Leidy, su madre y su novio se fueron del país. Las historias de Gareth, de Leidy y de otras 10 víctimas de lesiones en sus ojos causadas por las armas y los hombres del ESMAD hacen parte del informe “Tiros a la vista: Traumas oculares en el marco del paro nacional”. El documento, de gravísimas conclusiones sobre los ojos como foco de ataques y la violación de derechos por parte de la Policía y del Ejecutivo que la deja actuar como si estuviéramos en dictadura, fue realizado por la Universidad de los Andes, en su Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAISS); por la ONG nacional Temblores y por Amnistía Internacional, una organización que, pese a su incidencia en 70 países, es mirada aquí como “mamerta” por la ultraderecha gobernante que la califica de esa manera gracias a la escandalosa simplicidad de sus juicios.

Pese a los desafíos de imagen externa que tiene, hoy, el Estado colombiano en materia de cumplimiento del estándar de Naciones Unidas en derechos humanos, Duque se dio el lujo de no recibir a la directora para las Américas de Amnistía, Érika Guevara, la semana pasada. Cero y van tres desplantes de su Gobierno “demócrata” en cuanto a los cuestionamientos al ESMAD: incumplimiento, con desprecio, de la sentencia de la Corte Suprema que protege el derecho a manifestarse y que conminó al Ejecutivo a “prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública...”; incumplimiento, con desprecio, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según las cuales el Estado tiene la obligación de “proteger a los manifestantes”; y, ahora, desprecio por el informe que Amnistía elaboró con Temblores y los Andes. ¿Dirán que la universidad de la élite nacional también es “mamerta”? No me extrañaría porque estamos padeciendo una especie de cacería de brujas no declarada pero muy peligrosa.