Aquí hay personas que están por encima de la ley, no solo el expresidente Uribe. Este, finalmente y aunque cuenta con la complicidad de la corrupta Fiscalía de Barbosa y de no pocos altos dignatarios de la Rama Judicial, ha tenido que enfrentar a jueces rectos y valientes. Me refiero, para que quede claro, a unos miembros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema —no todos— y a la jueza que se alzó en defensa de la dignidad nacional y que falló, en conciencia, negando la solicitud de preclusión del proceso contra el exmandatario que hizo el fiscalito Jaimes. Uribe, mal que bien, ha sido citado a los estrados y ha ido. Otros poderosos que han sido cuestionados por sus actuaciones en los altos cargos particulares y oficiales que han desempeñado, en cambio, han sido inmunes a las acusaciones públicas que se les formulan. Esos intocables van por la vida disfrutando sus riquezas y viajes pese al reguero de escándalos que han dejado en donde pusieron sus improntas. Pero, ojo, no hay nada perfecto: no pueden estar tranquilos porque cuando menos lo esperan, salta la liebre y los asusta.
A propósito de capítulos que reviven cuando se les considera finiquitados, el de Jesús Santrich reaparece, una vez sí y otra también, como fantasma de casa maldita: el guerrillero fue capturado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez hace cuatro años, cuatro meses (abril, 2018), por una solicitud de extradición de Estados Unidos que sorprendió a Colombia pues, hasta ese momento, el exalzado en armas se había acogido a los términos del Acuerdo de Paz; fue recapturado por la Fiscalía de Martínez hace tres años, tres meses (mayo, 2019), en las puertas de La Picota en contravía de la orden de libertad que había expedido la JEP; murió —presuntamente— hace un año, tres meses (mayo, 2021). Y, no obstante, la semana pasada volvió a estallar otro episodio del entrampamiento que habrían organizado en su contra la Fiscalía de Martínez y agentes encubiertos de la DEA quienes actuaron en nuestro territorio sin autorización de los jueces colombianos, tal como se ha difundido.
Ahora, la piedra de escándalo surge por la publicación de una enérgica carta que, en buena hora para la moral judicial, dejó como constancia histórica la magistrada Caterina Heyck de la JEP, a quien los deshonestos detestan por la verticalidad de las decisiones que toma en estricto derecho, aun cuando parezcan ir en contravía de las mezquindades políticas y de las circunstancias diplomáticas del momento. Heyck dirigió la carta al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y a todos los togados de su jurisdicción como correspondía a tema tan delicado.
En esencia, denuncia lo que yo califico, sin ninguna duda, como un nuevo desarrollo del complot de 2018 en que, para asombro de quienes hemos defendido a capa y espada a la JEP, participan algunos miembros de la propia Jurisdicción Especial, es decir, colegas de Heyck, unos por acción, otros por omisión.
Ellos complacen a los sujetos de altos poderes que han conspirado contra el Acuerdo de Paz y sus órganos (JEP, entre estos) desde el inicio de las negociaciones con las antiguas Farc. Todos sabemos quiénes son. Caterina Heyck, Jesús Ángel Bobadilla, ponente, y Adolfo Murillo fueron los magistrados que estudiaron y firmaron la garantía de no extradición para Santrich, fundamentalmente porque no hubo pruebas en su contra pues Martínez Neira y la DEA se negaron a entregarlas. Hoy, estos magistrados, pero ante todo Heyck, la más “frentera”, están en la mira de los vengadores, incluso, con el apoyo del apoderado de la propia JEP, abogado Camilo Sampedro, quien debería ser investigado por favorecer intereses contrarios a los de su cliente mientras le recibía, a este, cuantiosa paga. Lo que sucede en la maltrecha JEP, en la que tuvimos tanta esperanza de justicia limpia y superior, es un suceso oscuro de la trama política contra el Acuerdo en la que Santrich, su captura, recaptura, videos sin audio y editados, los otros detenidos y videos, son solo medios para hacer daño. Recuerden ustedes que, en acto melodramático que nadie creyó, el señor Martínez Neira renunció cuando Heyck, Bobadilla y Murillo actuaron de acuerdo con su conciencia jurídica. Y a todas estas me pregunto: ¿en dónde está, qué dice y qué hace el presidente de la JEP por la institución que tiene a su cargo?
Entre paréntesis. ¿Es cierto que el abogado Gerardo Barbosa, que asumió la representación de la JEP después de Sampedro, es extremista de derecha y cercano a las causas militares que investiga la misma Jurisdicción? Van mal, señores magistrados. Muy mal.
