El Inpec descubre al testigo Monsalve, ¡vaya casualidad!
Uno de los más graves errores de la era Santos fue nombrar o permitir que mandos civiles, policiales y militares, comprometidos hasta el tuétano con la extrema derecha uribista que gobernó los ocho años anteriores a los suyos, conservaran cargos clave para la Seguridad Nacional y para el control de asuntos de enorme trascendencia política como las negociaciones de paz con las Farc. Por poner solo un ejemplo de decenas que podrían mencionarse, el crédulo Santos escogió a Pedro Agustín, hermano de Paloma Valencia - una de las congresistas consentidas de Uribe -, como inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La misión encomendada a quien ocupe ese puesto tiene mucha más importancia que la del propio director de la agencia puesto que supervisa las tareas de Inteligencia y Contrainteligencia de la entidad y opera con independencia de la dirección general a la que no le reporta sus tareas porque su superior jerárquico es el mismísimo jefe de Estado. Parodiando al senador-expresidente, ¿qué supone uno: que el inspector Valencia le rendía cuentas a Santos o a Uribe? ¿O que distribuía la información privilegiada que recopilaba entre el hueso para Santos y la carne pulpa para el exmandatario?
No es tan difícil adivinar la forma en que Uribe Vélez se enteraba de asuntos de reserva militar y policial cuando trinaba, con anticipación, hasta las coordenadas de las operaciones de traslado de los negociadores de la guerrilla a los sitios de las conversaciones, en los gobiernos Santos. Para ningún alto exfuncionario era un secreto que los aparatos militares de Inteligencia y los de Policía le filtraban secretos oficiales al excomandante supremo de sus fuerzas y que siempre lo hicieron ante la inexplicable pasividad santista. Tampoco se desconoce que Uribe mantuvo sus fichas en la Fiscalía General incluyendo la de Eduardo Montealegre y, desde luego, la de Néstor Humberto Martínez así como en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Bueno, y si eso ocurría en época de su archienemigo Juan Manuel Santos, imagínense lo que puede suceder, hoy, en la de su pupilo Duque.
Por eso es tan llamativa la historia de los recientes operativos en las prisiones del país con la loable cobertura de limpiarlas de corrupción e irregularidades en un propósito que todos compartimos. Pero —también— resulta tan casual que el éxito más resonante del Inpec en desarrollo de esa labor sea la incautación de elementos prohibidos en el reclusorio en que se encuentra Juan Guillermo Monsalve, el principal declarante en contra de Álvaro Uribe en el proceso penal que este enfrenta, en la Corte Suprema, por soborno o intento de soborno, precisamente a los testigos del caso.
Más se demoró el Inpec en salir de la casa fiscal en donde está Monsalve que en publicarse, en un medio que acaba de contratar a varios periodistas cercanos al gobierno y al uribismo, el resultado del allanamiento, fotos incluidas, que incriminan al detenido y le restan credibilidad a su conducta y, por tanto, a sus afirmaciones. Curiosamente, sobre el resto de los allanamientos, el Inpec solo expidió un frío comunicado con cifras y sin nombres de los presos responsables de las violaciones al régimen penitenciario. Ni siquiera se interesó en contar qué les encontraron a los famosos compañeros de Monsalve, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, y Leonardo Pinilla, el abogado cómplice del corrupto fiscal anticorrupción de Martínez Neira, Gustavo Moreno. A ese instituto no le pareció relevante sino dejar en entredicho a Monsalve, tan culpable del delito de paramilitarismo como ingenuo cuando se dejó tomar fotos de una atractiva mujer, seguramente infiltrada con sus encantos sexuales, para ponerle cáscaras. No sería extraño. Otros testigos similares a Monsalve, entre estos, Francisco Villalba y Carlos Enrique Areiza (ver) fueron entrampados, primero, y asesinados después. Si el castigo de Monsalve por transgredir las normas carcelarias, es su traslado a una celda común, sufrirá igual suerte. Oh, gloria inmarcesible.
Uno de los más graves errores de la era Santos fue nombrar o permitir que mandos civiles, policiales y militares, comprometidos hasta el tuétano con la extrema derecha uribista que gobernó los ocho años anteriores a los suyos, conservaran cargos clave para la Seguridad Nacional y para el control de asuntos de enorme trascendencia política como las negociaciones de paz con las Farc. Por poner solo un ejemplo de decenas que podrían mencionarse, el crédulo Santos escogió a Pedro Agustín, hermano de Paloma Valencia - una de las congresistas consentidas de Uribe -, como inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La misión encomendada a quien ocupe ese puesto tiene mucha más importancia que la del propio director de la agencia puesto que supervisa las tareas de Inteligencia y Contrainteligencia de la entidad y opera con independencia de la dirección general a la que no le reporta sus tareas porque su superior jerárquico es el mismísimo jefe de Estado. Parodiando al senador-expresidente, ¿qué supone uno: que el inspector Valencia le rendía cuentas a Santos o a Uribe? ¿O que distribuía la información privilegiada que recopilaba entre el hueso para Santos y la carne pulpa para el exmandatario?
No es tan difícil adivinar la forma en que Uribe Vélez se enteraba de asuntos de reserva militar y policial cuando trinaba, con anticipación, hasta las coordenadas de las operaciones de traslado de los negociadores de la guerrilla a los sitios de las conversaciones, en los gobiernos Santos. Para ningún alto exfuncionario era un secreto que los aparatos militares de Inteligencia y los de Policía le filtraban secretos oficiales al excomandante supremo de sus fuerzas y que siempre lo hicieron ante la inexplicable pasividad santista. Tampoco se desconoce que Uribe mantuvo sus fichas en la Fiscalía General incluyendo la de Eduardo Montealegre y, desde luego, la de Néstor Humberto Martínez así como en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Bueno, y si eso ocurría en época de su archienemigo Juan Manuel Santos, imagínense lo que puede suceder, hoy, en la de su pupilo Duque.
Por eso es tan llamativa la historia de los recientes operativos en las prisiones del país con la loable cobertura de limpiarlas de corrupción e irregularidades en un propósito que todos compartimos. Pero —también— resulta tan casual que el éxito más resonante del Inpec en desarrollo de esa labor sea la incautación de elementos prohibidos en el reclusorio en que se encuentra Juan Guillermo Monsalve, el principal declarante en contra de Álvaro Uribe en el proceso penal que este enfrenta, en la Corte Suprema, por soborno o intento de soborno, precisamente a los testigos del caso.
Más se demoró el Inpec en salir de la casa fiscal en donde está Monsalve que en publicarse, en un medio que acaba de contratar a varios periodistas cercanos al gobierno y al uribismo, el resultado del allanamiento, fotos incluidas, que incriminan al detenido y le restan credibilidad a su conducta y, por tanto, a sus afirmaciones. Curiosamente, sobre el resto de los allanamientos, el Inpec solo expidió un frío comunicado con cifras y sin nombres de los presos responsables de las violaciones al régimen penitenciario. Ni siquiera se interesó en contar qué les encontraron a los famosos compañeros de Monsalve, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, y Leonardo Pinilla, el abogado cómplice del corrupto fiscal anticorrupción de Martínez Neira, Gustavo Moreno. A ese instituto no le pareció relevante sino dejar en entredicho a Monsalve, tan culpable del delito de paramilitarismo como ingenuo cuando se dejó tomar fotos de una atractiva mujer, seguramente infiltrada con sus encantos sexuales, para ponerle cáscaras. No sería extraño. Otros testigos similares a Monsalve, entre estos, Francisco Villalba y Carlos Enrique Areiza (ver) fueron entrampados, primero, y asesinados después. Si el castigo de Monsalve por transgredir las normas carcelarias, es su traslado a una celda común, sufrirá igual suerte. Oh, gloria inmarcesible.