Todos los caminos para la elección, en el segundo semestre de este año, del nuevo jefe de la Procuraduría en reemplazo de la agente de Duque, Margarita Cabello, cuyo periodo concluye el 15 de enero de 2025, conducen al excontralor Carlos Felipe Córdoba, candidato in pectore a ocupar ese cargo y cuyo recuerdo se relaciona con los escándalos derivados de la elasticidad de su conducta oficial, más que con su gestión de espuma. Él, un maestro en las artes del clientelismo, se ocupa en alfombrar su regreso a la función pública, lo único que parece interesarle en la vida. Con apenas 38 años y apadrinado por su suegro, el cacique conservador Ómar Yepes Alzate que promovió su nombre en el Congreso, Córdoba fue elegido casi por unanimidad –203 votos– en 2018, frente a rivales que no eran mancos como José Félix Lafaurie, que solo consiguió 12. Pero cuando este treintañero ascendió al imponente despacho de la Avenida 26 de Bogotá, ya había sido, cual bebé prematuro, auditor general, vicecontralor general, contralor encargado, amén de otros nombramientos politiqueros, por ejemplo, en la dirección de la Federación de Departamentos. Un genio.
En cuanto el nuevo jefe del ente de control se posesionó, empezaron las revelaciones periodísticas, entre estas, el inescrupuloso intercambio de oficinas estatales para beneficiar, de un lado, a su esposa, Marcela Yepes, que fue nombrada por Francisco Barbosa en la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía mientras la pareja de Barbosa era designada por Córdoba como su contralora delegada. Nadie ha olvidado tampoco el lío de legalidad por el viaje de turismo a San Andrés que hicieron las parejitas Córdoba y Barbosa en avión de la Policía y en pleno aislamiento de pandemia, ni las quejas de aspirantes legítimos a vacantes en la Contraloría porque los puestos fueron otorgados por el contralor a familiares y recomendados de congresistas, magistrados y personajes con influencias. Así, el alto funcionario mantuvo intacto su poder a pesar de las denuncias. Un genio. En ese mar de dudas éticas, no podía faltar la controversia por los títulos universitarios del aspirante a procurador: según algunos medios, Córdoba, graduado en Relaciones Internacionales y Gobierno, obtuvo cartón de pregrado en Derecho y de doctorado en la misma ciencia en dos años y medio de estudios que realizó al tiempo con sus tareas en la Contraloría. Un genio.
Aquí encajan los pasos que da su campaña para tomarse la Procuraduría tal como lo han contado, parcialmente, la revista Cambio (ver) y una de sus columnistas, Valeria Santos (ver): debido a que el excontralor no tiene experiencia en el ejercicio del derecho que se exige para ascender a jefe del Ministerio Público y cuyos requisitos se asimilan a los de magistrados de altas cortes, han surgido movimientos extraños para superar ese obstáculo. Córdoba debe asegurarse, primero, la postulación de su nombre por la Corte Suprema, el Consejo de Estado o el presidente de la República que conforman la terna de candidatos de la cual elige el Senado. Para lograrlo, debe demostrar que es apto para el cargo. Por eso era necesaria la reactivación de la máquina clientelista: en diciembre pasado, la Sala de Consulta del Consejo de Estado recibió una rara petición del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con el fin de que aclarara si la experiencia de 15 años exigida para ser elegido procurador en el ejercicio o enseñanzas de las ciencias jurídicas podía ser equiparada con la práctica en otras materias. Con esa jugada, el excontralor, administrador y no abogado experto asegura su ingreso a la terna. Un genio.
Pero, ¿por qué el ministro Velasco pidió esa aclaración? También se supo: el presidente de la Corte Suprema en 2023 era el magistrado Fernando Castillo, quien se retira pronto por periodo cumplido. Pues bien, Castillo aprovechó su último cuarto de hora y, sin pedir la aprobación de la sala plena de su corporación, le solicitó por escrito al ministro Velasco que formulara esa inquietud al Consejo de Estado. Colegas de la Corte se molestaron porque el magistrado presidente mostró su interés en apoyar al excontralor aunque la esposa del togado, Victoria Eugenia Bolívar Ochoa, es contralora delegada para la Vigilancia del Sistema General de Regalías, nombrada en su momento con la influencia de Córdoba. Unos genios.
Entre paréntesis: Las hadas que conspiran a favor del excontralor, consiguieron, con su magia, que la consulta de Castillo vía Velasco, cayera en el despacho del consejero Óscar Darío Amaya Navas, quien acumula más títulos y doctorados que Córdoba. Amaya, casualidad de casualidades, también termina su periodo el mes entrante. Pero antes de retirarse, presentará –según todo indicaría– ponencia en que tumba los impedimentos que entorpecen la elección de Carlos Felipe Córdoba en la Procuraduría. Unos genios.
Todos los caminos para la elección, en el segundo semestre de este año, del nuevo jefe de la Procuraduría en reemplazo de la agente de Duque, Margarita Cabello, cuyo periodo concluye el 15 de enero de 2025, conducen al excontralor Carlos Felipe Córdoba, candidato in pectore a ocupar ese cargo y cuyo recuerdo se relaciona con los escándalos derivados de la elasticidad de su conducta oficial, más que con su gestión de espuma. Él, un maestro en las artes del clientelismo, se ocupa en alfombrar su regreso a la función pública, lo único que parece interesarle en la vida. Con apenas 38 años y apadrinado por su suegro, el cacique conservador Ómar Yepes Alzate que promovió su nombre en el Congreso, Córdoba fue elegido casi por unanimidad –203 votos– en 2018, frente a rivales que no eran mancos como José Félix Lafaurie, que solo consiguió 12. Pero cuando este treintañero ascendió al imponente despacho de la Avenida 26 de Bogotá, ya había sido, cual bebé prematuro, auditor general, vicecontralor general, contralor encargado, amén de otros nombramientos politiqueros, por ejemplo, en la dirección de la Federación de Departamentos. Un genio.
En cuanto el nuevo jefe del ente de control se posesionó, empezaron las revelaciones periodísticas, entre estas, el inescrupuloso intercambio de oficinas estatales para beneficiar, de un lado, a su esposa, Marcela Yepes, que fue nombrada por Francisco Barbosa en la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía mientras la pareja de Barbosa era designada por Córdoba como su contralora delegada. Nadie ha olvidado tampoco el lío de legalidad por el viaje de turismo a San Andrés que hicieron las parejitas Córdoba y Barbosa en avión de la Policía y en pleno aislamiento de pandemia, ni las quejas de aspirantes legítimos a vacantes en la Contraloría porque los puestos fueron otorgados por el contralor a familiares y recomendados de congresistas, magistrados y personajes con influencias. Así, el alto funcionario mantuvo intacto su poder a pesar de las denuncias. Un genio. En ese mar de dudas éticas, no podía faltar la controversia por los títulos universitarios del aspirante a procurador: según algunos medios, Córdoba, graduado en Relaciones Internacionales y Gobierno, obtuvo cartón de pregrado en Derecho y de doctorado en la misma ciencia en dos años y medio de estudios que realizó al tiempo con sus tareas en la Contraloría. Un genio.
Aquí encajan los pasos que da su campaña para tomarse la Procuraduría tal como lo han contado, parcialmente, la revista Cambio (ver) y una de sus columnistas, Valeria Santos (ver): debido a que el excontralor no tiene experiencia en el ejercicio del derecho que se exige para ascender a jefe del Ministerio Público y cuyos requisitos se asimilan a los de magistrados de altas cortes, han surgido movimientos extraños para superar ese obstáculo. Córdoba debe asegurarse, primero, la postulación de su nombre por la Corte Suprema, el Consejo de Estado o el presidente de la República que conforman la terna de candidatos de la cual elige el Senado. Para lograrlo, debe demostrar que es apto para el cargo. Por eso era necesaria la reactivación de la máquina clientelista: en diciembre pasado, la Sala de Consulta del Consejo de Estado recibió una rara petición del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con el fin de que aclarara si la experiencia de 15 años exigida para ser elegido procurador en el ejercicio o enseñanzas de las ciencias jurídicas podía ser equiparada con la práctica en otras materias. Con esa jugada, el excontralor, administrador y no abogado experto asegura su ingreso a la terna. Un genio.
Pero, ¿por qué el ministro Velasco pidió esa aclaración? También se supo: el presidente de la Corte Suprema en 2023 era el magistrado Fernando Castillo, quien se retira pronto por periodo cumplido. Pues bien, Castillo aprovechó su último cuarto de hora y, sin pedir la aprobación de la sala plena de su corporación, le solicitó por escrito al ministro Velasco que formulara esa inquietud al Consejo de Estado. Colegas de la Corte se molestaron porque el magistrado presidente mostró su interés en apoyar al excontralor aunque la esposa del togado, Victoria Eugenia Bolívar Ochoa, es contralora delegada para la Vigilancia del Sistema General de Regalías, nombrada en su momento con la influencia de Córdoba. Unos genios.
Entre paréntesis: Las hadas que conspiran a favor del excontralor, consiguieron, con su magia, que la consulta de Castillo vía Velasco, cayera en el despacho del consejero Óscar Darío Amaya Navas, quien acumula más títulos y doctorados que Córdoba. Amaya, casualidad de casualidades, también termina su periodo el mes entrante. Pero antes de retirarse, presentará –según todo indicaría– ponencia en que tumba los impedimentos que entorpecen la elección de Carlos Felipe Córdoba en la Procuraduría. Unos genios.