Colombia pasa por un momento más dramático que los que ha tenido que soportar a lo largo de su historia salvaje. A la impronta violenta que reaparece ahora, pero que ha estado presente en todas las épocas republicanas, se añade hoy la glorificación de la furia y la venganza como símbolos de exhibición y máxima adoración. En dos meses, pasamos de un presidente que creía que podía salvar a la humanidad y devolverle la salud al planeta, a otro que se propone matar, figurada o físicamente, a cualquiera que se le oponga, “como en derecho corresponde”, según la afirmación ignorante de las leyes, que el mandatario actual usa a cada rato, cuando nos advierte que ya viene la parca a buscar a quien se atraviese en su camino. En este cuatrienio iracundo que ya nos agobia, ¿cómo podrían entenderse valores en desuso, como el respeto a la palabra empeñada, en este caso, la palabra del Estado, dada en un acuerdo de paz que pactó con millares de rebeldes que jamás pudo vencer con las armas? Más: con el vengador afiebrado que tenemos al frente, ¿cómo podrían subsistir, indemnes, unos togados y togadas, estos sí ilustrados en derecho, dispuestos a impartir, en vez de una vindicta, justicia acorde con pruebas, documentos, testimonios y evidencias, y conforme a las confesiones de los propios responsables?
La JEP (que representa un tribunal de transición entre la guerra y la vida civilizada), es la antítesis de la revancha, el desquite y la imposición por la fuerza, de las ideas y conductas que el gobierno De la Espriella, en su enajenación, pretende imponerle a este país. Por eso es necesario aniquilarla. Y para hacer esa tarea, hipócrita y cínica porque parte de un debate falso, ha puesto a un troglodita que representa muy bien su cólera, por un lado; y, por el otro, el señor Uribe Vélez, –a quien le conviene desaparecer las verdades de los genocidios cometidos por los militares bajo su mando–, trabaja en lo propio con sus mensajeros del Congreso.
Enrique Gómez Martínez es un senador sin méritos propios, que nunca hubiera tenido los votos suficientes para ser elegido si no hubiera contado con el apoyo populista de su candidato presidencial. Ese sujeto, mal ser humano que aprovecha la coyuntura para convertirse en personaje, solo contabiliza el uso y abuso de su apellido paterno que, entre otras cosas, tiene una gran carga de relatos sobre la crueldad de sus métodos. El parlamentario de ocasión llamado Gómez Martínez, venido a más como líder de la exclusión de la JEP a la que intenta imputarle fama de dilapidadora, lleva consigo varios conflictos de interés: actuó, ante ese tribunal, como apoderado de los hijos de Álvaro Gómez Hurtado en la investigación que esa jurisdicción adelanta por el asesinato del dirigente conservador. Debido a que los exjefes de las antiguas FARC confesaron su autoría en ese magnicidio, Gómez Martínez, que lleva años intentando ser el “juez” que decide quiénes son los culpables según sus odios políticos, despotricó de la JEP públicamente (ver). Si este antecedente ya no fuera suficiente para acreditar su sesgo íntimo en contra del tribunal transitorio, el exdefensor de sus parientes es, ahora, una víctima reconocida en el mismo proceso. Estas dos condiciones, apoderado rabioso y víctima airada, constituyen un claro conflicto de interés. Es sencillo preguntarse: la de Gómez Martínez en relación con la JEP, ¿es conveniencia pública o privada? En esta polémica, ¿él actúa como senador o como ciudadano con ambición particular? Convendría revisar las causales de pérdida de investidura cuando se ejercen acciones que producen beneficios personales.
En cuanto al uribismo solapado –cuyos gobiernos, con su mandatario incluido, han sido gravemente manchados por las confesiones que entregaron decenas de militares sobre los crímenes de guerra que cometieron en esos años: ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), desapariciones forzadas y desplazamientos masivos–, le conviene la destrucción de la JEP y de sus condiciones de verdad, reparación y no repetición. Hay que decirlo sin miedo: a Uribe Vélez le viene de maravillas la impunidad. Y usa las circunstancias políticas para asestarle el golpe de muerte a la JEP (una aspiración suya que lo consume desde cuando se firmó la paz), mediante la manipulación de cifras y datos aparentemente escandalosos, pero sin contrataste ni contexto. Aquí les dejo unos ejemplos: el presupuesto total de la JEP para este año 2026 es de alrededor de $745 mil millones, y sobre este han montado el aparataje de mal nombre de la jurisdicción. El presupuesto que este mismo año sostiene a la Procuraduría, la entidad corrupta que basa su existencia en el intercambio de favores con el Congreso, es de $2.1 billones (con B), casi tres veces más que la JEP, la cual, en menos de diez años ha resuelto enigmas judiciales que jamás hubiéramos conocido en otra instancia; el presupuesto de la Fiscalía es de $7.37 billones (con B), cerca de diez veces el costo de la jurisdicción especial; el presupuesto de la rama judicial, manejado sin ningún control independiente por un dudoso ente ético llamado Consejo Superior de la Judicatura, es de $11.6 billones (con B), 15 veces más que la justicia de paz. Dirán que esta entidad es muy chica y las otras, enormes. Cierto. Pero si de comparaciones se trata, miremos la eficacia, en descubrimientos judiciales de histórica importancia, de la una y las demás. Por algo será que el establecimiento político más comprometido con el pasado sanguinario de Colombia presiona para borrar la JEP.