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El intempestivo traslado del preso David Murcia Guzmán de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la lejana y poco escudriñada prisión de Palogordo, en Girón, Santander, es otra señal del enorme riesgo que corre la democracia en los tiempos políticos que vivimos: esa que parece ser una simple orden administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), no puede ocultar el interés personal del presidente de la República, quien ha manifestado, en público, el rencor que siente contra el recluso removido por sus subalternos sin motivación expresa. Para quienes no lo recuerdan, Murcia es el mismo que se ha enfrentado a De la Espriella, con delicadas acusaciones en su contra, tanto en el pasado lejano como en el reciente. Como se sabe, un condenado puede ser removido legalmente del sitio asignado para pagar su pena si, primero, existe una situación objetiva que explique la decisión; segundo, se presentan los respectivos soportes jurídicos; y, tercero, se expiden y registran las autorizaciones correspondientes. En otras palabras, el INPEC está facultado para ordenar el cambio de una “PPL” (persona privada de la libertad) como se les denomina a los “internos” en nuestro país, si llena las condiciones exigidas. Y eso no ocurre de la noche a la mañana durante un fin de semana en que el penado desaparece de su celda por unas horas y aparece, enigmáticamente, en otro lugar, sin conocimiento de nadie, ni siquiera de su abogada defensora Sondra Macollins, que hoy le ruega al Gobierno que le respete la vida (ver). El caso de Murcia Guzmán es excepcional y alarmante porque, en contraste con la falta absoluta de información oficial (por lo menos hasta el momento en que se escribe esta columna) sobre la motivación del INPEC para reubicarlo, hay numerosos antecedentes de relevancia político-judicial que indican que el jefe de Estado es el causante de la suerte que corra ese recluso en la cárcel de Girón. De tal modo que más le vale a De la Espriella que se asegure de que nada, absolutamente nada, le suceda a su contradictor. Estas son las razones que se esgrimirían como indicios de la “culpa” del presidente colombiano:
1.- Murcia fue cliente, archiconocido en su época, del abogado litigante Abelardo de la Espriella, quien aceptó ser su defensor y, como tal, lo representó ante la justicia. Esto ocurrió en 2008 y meses siguientes, etapa en la cual De la Espriella hizo alegatos públicos en beneficio de su poderdante; incluso, el diario El País, de España, registró así la noticia ese mismo año: “Por su parte, el abogado de Murcia Guzmán ha manifestado que su defendido está dispuesto a entregarse a las autoridades colombianas si se le garantiza la seguridad pero ha querido dejar claro que lo que se trata [es] de una ‘persecución’ oficial” [del gobierno de Álvaro Uribe]. El periódico español no mencionó al penalista con su nombre, pero sí publicó una de sus inconfundibles fotografías (ver) 2.- Después de más de una década y media de silencio ante los medios de comunicación, Murcia Guzmán habló con el periodista Daniel Coronell, en febrero de este 2026, cuando ya se sabía que el abogado que lo apoderó en los inicios de sus líos judiciales era candidato a la Presidencia. En la conversación grabada en un rincón de La Picota, el condenado hizo unas revelaciones escandalosas. En resumen, aseguró que De la Espriella le pidió $5 mil millones de pesos (cerca de $1,5 millones de USD de 2008), y que él o su empresa DMG se los dio; que el exabogado le dijo que era necesario (y Murcia aceptó) que le entregara $760 millones de pesos más, para, con ese dinero, “tocar a unos congresistas” con el fin de evitar que estos aprobaran una supuesta nueva ley que perjudicaría la operación de DMG; que De la Espriella lo abandonó sin asumir su defensa ni devolverle las millonarias platas que le había entregado (el condenado Murcia añadió que el penalista lo traicionó para entenderse con quien supuestamente lo perseguía, Uribe Vélez, a cambio de que este –entonces presidente de la República– favoreciera a su padre, Abelardo de la Espriella Juris, nombrándolo Notario 32 de Bogotá como, en efecto, sucedió en 2005 y hasta 2022). 3.- Murcia describió a De la Espriella Otero como “un ladrón (y) un traicionero” y anunció que lo demandaría ante la Comisión de Disciplina Judicial que examina la conducta de los litigantes (ver) (La demanda no prosperó por prescripción del hecho, según se dijo en noticias posteriores) 4.- El candidato De la Espriella dejó prueba de su hostilidad hacia Murcia cuando grabó, en video publicado por su campaña, su respuesta de rechazo a la entrevista de Coronell a Murcia, en términos muy despectivos. En cuanto al reo, afirmó que este se encontraba “en una cárcel administrada por el gobierno de Gustavo Petro” y que “lo tienen ilusionado sobre un indulto imposible que está pidiendo ante su propio carcelero” (ver) 5.- El ministro de Justicia y jefe del director del INPEC, Iván Cancino, es un cercano amigo y aliado de De la Espriella; también es o lo fue hasta hace unos días, el abogado personal del presidente en su defensa contra Murcia. Quiere decir que el recluso trasladado por orden de ese instituto, no solo tiene en su contra al jefe de Estado sino también al jefe del coronel que maneja el ente carcelario 6.- En esta fecha, finales de agosto y comienzos de septiembre del año 2026, cuando el mandatario actual es, como lo era Petro en su momento, “el carcelero” de su enemigo público David Murcia; y cuando este ha sido trasladado de manera, por lo menos, desacertada e inoportuna, de “una cárcel administrada por el Gobierno”, a otra alejada de su abogada y su familia, el presidente Abelardo de la Espriella es el responsable obvio del destino de Murcia Guzmán. Independientemente de los delitos que cometió el creador de DMG según dictámenes de la justicia, David Murcia sería reconocido, en cualquier país democrático, como asilado político por la persecución gubernamental en su contra. Si así, tan cínica y abiertamente, este Gobierno empieza a ejecutar acciones para activar las venganzas personales del mandatario, muy pronto veremos cómo se “desinhibe” frente a los ciudadanos de bien que no se sometan a sus obsesiones.
