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Antes de que termine diciembre sabremos si la JEP condena, con la máxima pena que contempla esa jurisdicción, es decir, 20 años de prisión efectiva, al coronel (r) del Ejército Plubio Hernán Mejía. Sería el primer militar de alto rango en recibir tal castigo, al que se expuso cuando negó su responsabilidad sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad que decenas de testigos –entre ellos, muchos de sus subordinados– confesaron ante la propia JEP (ver). Como lo indica el procedimiento, la fiscalía de esa jurisdicción se dedicó, en consecuencia, a probarle sus culpas con evidencias de cuya contundencia parece no haber duda. El arrogante Mejía, parado sobre el respaldo que ha recibido de la ultraderecha colombiana, ha aprovechado, con la deshonra de su promesa de confesar la verdad, los beneficios que la Justicia Especial de Paz concede a quienes se someten a su sistema, los cuales, en su caso, no son poca cosa: goza de libertad desde 2018 pese a que purgaba larga pena, en cárcel, ordenada por la justicia ordinaria; y puede preciarse de que la JEP le anuló otras dos condenas, a 19 y 39 años de reclusión penitenciaria, de nuevo dictadas en juzgados y tribunales ordinarios. Los delitos por los que el coronel Mejía ha sido vencido tres veces hasta el día de hoy (la condena de la JEP sería la cuarta) son los mismos en unos y otros estrados: asesinato a sangre fría de civiles inermes, desapariciones, torturas y complicidad con bandas paramilitares en hechos ocurridos cuando el enjuiciado era comandante del terrorífico Batallón La Popa, en Valledupar, entre 2002 y 2004.
El largo periplo del coronel Mejía en la JEP ha contado, como todos los procesos judiciales en Colombia, con la vigilancia de la Procuraduría, institución que se supone que actúa como defensora de los derechos de los colombianos y de su orden jurídico. Pues bien, he encontrado una historia increíble pero posible en la Colombia carcomida por la corrupción clientelista, en donde nace la complicidad del silencio y omisión de justicia de las autoridades del Estado con los criminales de cuello blanco: el 23 de julio de este año vencía el término para que las partes que intervinieron en el juicio a Mejía entregaran sus alegatos (conclusiones finales) antes de que los tres magistrados que juzgan al militar tomaran la decisión de absolverlo o condenarlo –decisión que, reitero, se revelará dentro de poco, según el cronograma de la JEP–. Horas antes de finalizar ese plazo legal, el 22 de julio pasado, Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado para este simbólico proceso y quien venía desempeñando ese cargo ante la JEP desde el principio, recibió notificación del procurador general, Gregorio Eljach, de que había sido retirado del mismo.
De acuerdo con información que establecí –aun cuando los funcionarios que contacté no quisieron contestar preguntas, muertos de pánico laboral, que comprendo–, Acosta proyectó su concepto a favor de la condena a 20 años en prisión del militar, por haber participado en cerca de un centenar de crímenes de guerra. En concreto, por ser responsable de homicidios en persona protegida (no combatientes) o ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Eljach habría tenido noticia directa del sentido del texto de Acosta. Y, aunque los procuradores delegados cuentan con presunta autonomía en sus funciones, todo el mundo sabe que la cabeza del Ministerio Público puede maniobrar políticamente para controlar los procesos que llaman “de connotación”. Entonces, el procurador general le solicitó su escrito a Acosta y, poco después, dio la orden de suspenderlode su cargo. El funcionario debió botar su concepto de condena del famoso Mejía al cesto de la basura. Eljach movió sus fichas como ajedrecista en torneo mundial: en reemplazo de Acosta –quien continúa en su cargo original, por ser de carrera– ascendió a otro procurador de menor rango pero más “amistoso”: el cordobés Fernando Burgos Támara, funcional a los deseos del “de arriba” como suelen llamar al influyente líder de la Procuraduría. Este terminó de recomponer la nómina ante la Jurisdicción de Paz –un organismo que detesta, según otras fuentes– con dos abogados de recorrido politiquero: Orlando Aníbal Guerra, ex representante a la Cámara por Putumayo y ex secretario de la Comisión VII de esa corporación en las épocas en que Eljach era el Secretario General del Congreso (ver); y Eduardo Carmelo Padilla, otro cordobés de inquietante recorrido, más conocido como “consultor político”, “coordinador de campañas electorales” y “asesor de campañas políticas” para Senado, Cámara, asambleas, gobernaciones y alcaldías” que como jurista de quilates (ver). De seguro, Guerra y Padilla van a aconsejar “bien” a Burgos Támara: todos remarán para el lado que corresponda. Así, el procurador general se blinda para adentro mientras da discursos de apariencia para afuera. Por fortuna, la condena o absolución del militar que, con su prepotencia ofensiva demostróque nunca entendió cuál es la verdadera dignidad de su uniforme, no depende de Gregorio Eljach por cuanto la JEP es autónoma. No obstante, no hay que despreciar el enorme poder de presión que él detenta en todas las ramas del Estado.
