10 Mar 2021 - 3:00 a. m.

El silencio de los condenados

Más de 30 funcionarios del Gobierno, algunos de altísimo nivel pues trabajaban en la Casa de Nariño al lado del presidente; otros, encargados de responsabilidades tan delicadas como la seguridad nacional; unos, parlamentarios, y otros más, servidores públicos de mediano y bajo rango, delinquieron en el curso de la misma administración; fueron juzgados, encontrados culpables y purgan —o purgaron— sus penas en prisión. Pese a que actuaron en representación del Estado e inspiraban el respeto del mando, incurrieron en tal variedad de delitos que podría asimilarse a la de una banda criminal. Las sentencias de condena mencionan cohecho, concusión, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación, falsedad ideológica y hasta asesinato. No hablo del “clan del Golfo”, la agrupación de narcotraficantes que ejerce soberanía en regiones del territorio en donde la pasividad del Ejecutivo le deja el camino libre. Tampoco eran bandidos de callejuelas oscuras. Al revés, los puestos que los condenados ocuparon dan testimonio de su importancia: ministros de despacho, secretarios de Presidencia, representantes a la Cámara, directores de departamento, subdirectores... El monto de sus penas, de 4 a 14 años, y el tiempo de su inhabilidad para ejercer funciones oficiales, de 5 a 18, indican la gravedad de sus conductas a ojos de sus jueces, tribunales y procuradores, y de la propia Corte Suprema. Aunque algunos todavía insisten en que los fallos en su contra fueron producto de una presunta “persecución”, la cantidad de condenas y actos criminales imputados en diferentes sedes descarta esa posibilidad si nos atenemos al sentido de la lógica y a dos factores más: que no padecieron de la debilidad habitual de las víctimas y que, por el contrario, la fortaleza de su defensa consistía en que todos delinquieron para beneficiar a un personaje, el más poderoso del país. Hubo una excepción, y quien lo retó con la verdad sufrió un montaje que casi la sepulta, viva, en un calabozo.

Los demás decidieron asumir la culpa y perder la dignidad, honra y buen nombre, en silencio. Así será el temor que les inspira su “protector”. Relación de sus nombres y cargos: Sabas Pretelt de la Vega, ministro de Interior: 7 años, encarcelado por el delito de cohecho. Diego Palacio, ministro de Protección Social: 7 años por cohecho. Alberto Velásquez, secretario general de Presidencia: 5 años por cohecho. Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia: 8 años de casa por cárcel por concierto para delinquir y abuso de función pública. María del Pilar Hurtado, directora del DAS: 14 años por abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica. Jorge Noguera, director del DAS: dos condenas a 25 y 8 años por concierto para delinquir, abuso de autoridad y asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis. Representante Iván Díaz Mateus: 6 años por concusión. Representante Teodolindo Avendaño (q. e. p. d.): 8 años por cohecho y enriquecimiento ilícito. Representante Yidis Medina: 4 años por cohecho. Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos, Martha Leal y William Romero, directores y subdirectores de Inteligencia, Contrainteligencia, Operaciones y Análisis del DAS: condenados por prevaricato, abuso de función pública, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, además de los ilícitos de agentes a su servicio que desplegaron montajes, espionajes y falsas informaciones.

De todos los anteriores, solo Yidis Medina y los funcionarios medios del DAS confrontaron su situación judicial y confesaron cómo, por qué y con cuáles instrucciones violaron el Código Penal. Yidis, sin embargo, fue la única que se atrevió a afirmar, ante la justicia, que había concertado su conducta delictiva con el beneficiario de esta. Un montaje elaborado y pagado por el DAS, ejecutado por la condenada María del Pilar Hurtado, casi logra hundir a Yidis en una celda por 32 años cuando un juez la condenó por secuestro. La patraña se descubrió a tiempo y un tribunal la rescató. De ese tamaño moral descrito en estas líneas es el monstruo que protegen los demás condenados y el Estado dominado por él.

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