A pesar del lío que armó el escandaloso Benedetti, con inmenso daño para la gobernabilidad e imagen de su último aliado —después de Petro, ningún personaje con poder permitirá que se le arrime ese individuo—, la Cancillería le concedió el alargue de su estatus social y legal como funcionario de la administración que él revolcó en un barrizal de puercos. Según decreto que se conoció hace dos días y cuya autenticidad no ha sido desmentida, el embajador en Venezuela dejará de ser vocero ante ese país del mismo gobierno que prometió “hundir” (“se acaba el mundo tuyo, el mío, el de todo el mundo…, h.p.”) solo a partir del 19 de julio próximo. Es decir, sus credenciales no fueron retiradas el 23 de junio pasado, como lo había anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo jefe, además, se refirió de manera despectiva a su supuesto subalterno cuando les indicó a unos reporteros que no se le podía creer a quien admitía ser “un drogadicto”.
Pues bien, ese “drogadicto” representará al presidente en Caracas tres semanas más. El decreto en que el Palacio de San Carlos se “patrasea” —como se define, en lenguaje popular, el acto de “echarse hacia atrás especialmente por temor a algo”— expone razones débiles. Entre otras cosas, afirma que el embajador, a quien no se le nota pinta de trabajador sacrificado, manifestó que le es imposible hacer entrega del cargo por las múltiples tareas que tiene pendientes. La decisión oficial trata de justificar tamaña indignidad con el pobre argumento de que las renuncias voluntarias “podrán ser aceptadas dentro de los 30 días siguientes a su presentación”. No deja uno de conjeturar si tras ese truco de temporalidad existen motivos más hondos. Me pregunto, por ejemplo, si la presidencia está siendo víctima de un chantaje prolongado; o si el amoral Benedetti desea espaciar su retiro mientras la Fiscalía cierra los procesos que aún tiene abiertos en su contra, además del que ya le archivó por encima de la oposición de una magistrada y antes de que los expedientes con su nombre regresasen, por competencia, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
El pasado político y judicial del protagonista de esta novela de puñaladas traperas, amenazas, extorsiones, mentiras mezcladas con verdades y bajezas sin nombre da para imaginar lo que sucede tras bambalinas. Una mirada a la vida pública de quien sabe desplegar de tal modo sus habilidades, que, sin ser ningún virtuoso, ha logrado ser acogido en tres partidos disímiles entre sí, elegido al Congreso, presidido esa corporación, impuesto la banda presidencial a un jefe de Estado y ganado la confianza de un solitario, permite arribar a conclusiones cercanas a la realidad. Enfocados en los problemas judiciales que ha enfrentado el diplomático de peores modales del universo, se encuentra uno con que el despacho de quien le hace los mandados importantes a Barbosa, el del fiscal Gabriel Jaimes, cerró, con beneficio para Benedetti, la investigación más delicada en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, originada en su presunto e injustificado incremento patrimonial en los años en que fue parlamentario. A favor del inestable barranquillero se archivó, también, y esta vez con razones fundadas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el proceso que se le había abierto por su supuesta participación en el otorgamiento de contratos, durante el gobierno Santos, a la constructora Odebrecht: no había prueba fundada que soportara esa denuncia.
Sin embargo, la Fiscalía tiene otros casos activos que afectan al “embajador” por tráfico de influencias, interés ilícito en celebración de contratos e interceptación ilícita de comunicaciones (un tenebroso episodio en que se mezclan los odios de Benedetti, con los de Néstor Humberto Martínez y los del abogado Lombana). Al excongresista le interesaría que su hoja de vida judicial quede en blanco pronto, antes de que su fuero de embajador se extinga. Para eso cuenta con la laxitud de la Fiscalía que, tal vez, cumpla su cometido por esas extrañas piruetas de la política, según las cuales ahora está ubicado en el lado de Barbosa y el de los enemigos de Petro, por sus cercanías con personas de la ultraderecha colombiana de quienes es —y ha sido— confidente asiduo.
Entre paréntesis. Inexplicable que el presidente le hubiera dado puesto de privilegio al personaje que le hizo lo mismo que a él a su antecesor Juan Manuel Santos, al que maltrató y acusó de cuanto pudo, por motivos similares a los de hoy: no concederle todo lo que exigía.