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Como premio a la sumisión de sus actos y a su capacidad de llegar a los niveles de indignidad que le exigieran sus jefes de turno, “el número tres” de la fiscalía Barbosa-Mancera, Gabriel Jaimes, mandadero de aquellos, cree que puede ser elegido magistrado de la Corte Constitucional, máximo órgano judicial en donde solo caben juristas de impecable probidad. Desde luego, ha habido colados de la calaña de Jorge Pretelt, condenado por la Corte Suprema a seis años y medio de prisión por corrupto, después de pedir una coima de $500 millones a cambio de torcer un fallo a favor de una empresa particular que había timado al Estado. También han alcanzado esa cima otros abogados indecorosos como alguien que fue votado por el Senado a pesar de trampear a viudas indefensas. No obstante, esta vez se espera que la Suprema –que seleccionará la terna de candidatos entre quienes el Congreso debe elegir el reemplazo de la magistrada Diana Fajardo–, haya aprendido la lección amarga que le dejó la existencia del “cartel de la toga” en su propia casa. Pero, francamente, todavía desconocemos los parámetros éticos de los miembros de las altas cortes, si de elecciones internas o de candidatos a corporaciones se trata: el amiguismo y las “roscas” suelen primar sobre la moralidad pública y, por eso, la cúpula de la justicia ya no cuenta con la admiración y el respeto que se le profesaba.
Será por el bajo perfil profesional que se percibe entre quienes componen esos tribunales, que abogados de pequeña estatura moral como Gabriel Jaimes tienen la desvergüenza de enlistarse ante la Suprema para que esta considere su nombre como posible ocupante de la silla de Fajardo (ver). Jaimes es aquel fiscal al que Barbosa –que anda, por su lado, ‘lagarteando’ candidatura presidencial– le puso la tarea de enterrar el proceso Uribe por soborno a testigos, con irrespeto por la labor investigativa previa de dos salas de la corte a la que ahora le solicita que considere incluirlo en la terna (ver). El autoproclamado aspirante a magistrado constitucional que fue elevado, por Barbosa, a la honrosa coordinación de fiscales delegados ante la corte, fue desplazado, en la administración Camargo, al lugar que le correspondía, una de miles de posiciones que existen en el ente investigador, despojado de la relevancia pública y la falsa importancia que le otorgó la dupla Barbosa-Mancera. Jaimes seguramente sueña con recuperar su figuración. Y es probable que cuente con el apoyo de los miembros más conservadores de la Suprema, pues viene de esa corriente.
Alejandro Ordóñez, el exprocurador general ultracatólico y extremista de derecha, ha sido su padrino desde cuando se conocieron en Bucaramanga y en la universidad Santo Tomás de la misma ciudad. Jaimes fue su magistrado auxiliar cuando Ordóñez fungía como consejero de Estado y este se trasteó con él al edificio de la Procuraduría, en donde le entregó una de las delegadas de mayor salario en la entidad. Con la orden judicial de retiro inmediato de Ordóñez por haber sido reelegido procurador de manera ilícita, Jaimes volvió a deambular por la Fiscalía. Su suerte regresó con la presidencia de Iván Duque, el compañero de pupitre de Barbosa. Un nombramiento trajo otro y otro: Uribe puso a Duque; Duque le dio embajada a Ordóñez; sus mayorías en el Senado eligieron a Barbosa en la Fiscalía y este, a Jaimes (ver). Dirán los analistas que las godarrias de la Corte y el Senado, envalentonadas en esta era de trumpismos, pueden imponerse y elegir al abogadillo como honorable magistrado. Pero un albur se les ha atravesado.
El pasado volvió para recordarnos que Jaimes, además de perrito faldero, es probable autor del delito de falsedad documental. La Sala Penal de la Suprema acaba de pedirle a la Fiscalía que reabra la investigación contra el aspirante a magistrado debido a que, siendo el delegado de Ordóñez, certificó, mentirosamente, que una contratista no estaba inhabilitada para asesorar entidades oficiales –en este caso, el Hospital Militar– cuando ella tenía una condena en curso y, por tanto, no podía contratar con el Estado (ver). Fullero como parece haber sido, Jaimes permitió que uno de sus subalternos, en tiempos de Barbosa, le cerrara el proceso por esos hechos. Hágame el favor: ¡Un funcionario de menor rango, encargado de archivarle el lío penal a su jefe! Ni el uno ni el otro tuvieron la cortesía de declararse impedidos. Una barbosada más. El subalterno de Jaimes era el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto, quien, después de su ‘osadía’, recibió las gracias: fue elegido magistrado de la Suprema, la misma que, ahora, votaría por Jaimes. Hoy por ti, mañana por mí. O el gato dando vueltas para morderse la cola.
