El coronel (hasta hoy, en retiro) José Luis Esparza es recordado en el país por noticias de diverso color: en unas, aparece como héroe y, en otras, como villano; también figuró en la agenda política, aunque de manera tan fugaz que casi nadie se acuerda, cuando la precandidata Íngrid Betancourt lo anunció en 2022 como su fórmula vicepresidencial. Imagino que Íngrid quiso agradecerle al oficial, con ese gesto, el rescate de los secuestrados de mayor connotación pública que tuvieron las FARC, entre ellos, la propia Betancourt, durante la denominada Operación Jaque, que Esparza comandó. Ahora, el famoso coronel vuelve a ocupar los informes periodísticos gracias a que un juez de Bogotá ordenó reintegrarlo al Ejército, de donde salió en 2021 por decisión del entonces presidente Duque y de su ministro de Defensa que lo llamaron a calificar servicios, según contó en su columna de Cambio, Daniel Coronell. El “llamamiento a calificar servicios es una causal de terminación normal de la situación administrativa laboral de un funcionario de las Fuerzas Militares y de Policía” cuando, a juicio del mandatario de turno, se requiera renovar la línea jerárquica por conveniencia institucional, necesidades del servicio o vacantes disponibles (Sentencia SU237-19). El juez que le da su espaldarazo a Esparza aduce, no obstante, que a pesar de la amplia potestad del Ejecutivo para seleccionar a sus agentes activos, una junta de generales tenía que motivar la separación del “héroe” de la Operación Jaque, lo que no sucedió. Esa ausencia en el trámite de retiro produjo, de acuerdo con el juzgador, que Esparza se ganara el premio mayor: el Estado debería pagarle con retroactividad e intereses, todas las obligaciones laborales que ha dejado de percibir estos cuatro años.
Es necesario advertir, en primer lugar, que la decisión aludida se tomó en primera instancia. Quiere decir que no es definitiva y que podría ser apelada por los perjudicados en cabeza del Ministerio de Defensa y del Ejército ante un tribunal superior, y este emitirá el fallo final. En segundo lugar, Daniel Coronell indica que una “denuncia por acoso sexual contra Esparza interpuesta por una antigua subalterna…” estuvo entre los elementos que analizó el juez, pero que “ese caso jamás fue invocado como razón” para separarlo de las filas. O sea, no consta, en las actas de la junta de generales que tal denuncia haya incidido en la evaluación de la conducta del coronel. Por asunto legal obvio, no se puede argumentar una causa penal para suspender a alguien de un cargo, salvo que haya condena. Eso es comprensible. Pero lo que sí es absolutamente vergonzoso es el virtual acoplamiento de las instituciones del Estado para impedir que la justicia operara ante un caso aberrante de abuso de poder de un superior sobre su subordinada: el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría se cruzaron de brazos. ¿O confabularon?
La denunciante Claudia Beltrán –agente militar– presentó queja penal formal en 2014 contra su director, coronel activo José Luis Esparza, por acoso sexual, evidente en los audios de llamadas que él le hizo; y por acoso laboral, cuando no accedió a sus insinuaciones, manifestado mediante gritos y amenazas a su estabilidad en la milicia, a su reputación de mujer y a la de otra mujer, prima de la víctima. La voz del coronel se escucha cuando dice, meloso: “¿Está ocupadita?... La necesitaba… necesitaba que me acompañara”; “quiero que me abraces”; “¿pensaste lo que te dije, que habláramos un ratico?”. Y también cuando grita, descompuesto: “Oiga, por todos lados estoy escuchando quejas suyas… le digo algo: usted no va a salir del norte [cambio de sede], mija”; “¿Usted cree que ando pensando en ‘comerme’ a todas las viejas de la RIME”?; “Oiga, niñita, habla el coronel Esparza. Dígale a su prima que deje de estar hablando mierda de mí… deje de ‘mariquiar’ porque si yo tengo algo es influencias. ¿Qué cree? ¿Qué soy un pobre huevón por ahí?” (ver). Siete años y medio después de la denuncia, en junio de 2022, un juez de Bucaramanga, muy a su pesar según se deduce de la sentencia, precluyó la investigación por prescripción o, lo que es lo mismo, porque venció el tiempo para que la fiscalía actuara. El juez, siendo fiel a su balanza, pidió adelantar una investigación aparte en contra de Esparza para averiguar si este “realizó una serie de informes que resultan ser falsos (para defenderse) y si constituyen o no un delito contra la fe pública”. Además, dispuso compulsar copias con el fin de que se indague si “los servidores públicos que estuvieron a cargo de esta indagación” incurrieron en faltas disciplinarias por no actuar (ver). Hoy, la denunciante está fuera del Ejército y del país. Tuvo que exiliarse después de que recibió una amenaza anónima en la puerta de su casa en que la conminaba a callarse “la geta (sic) perra h.p. [y a] que se largue o renuncie a su carrera porque usted no sabe con quién se metió…” El coronel Esparza, tan influyente como dice ser, acosó también, pero judicialmente, a la revista Raya, que reveló el caso de abuso sexual y laboral contra Beltrán, con el objeto de que eliminara su historia del portal (ver). Adicionalmente, le pidió, a esta columnista, como directora de Noticias Uno que era en ese momento, rectificación por la difusión de la denuncia, a la que, por supuesto, no accedí. Es justo recordar que en el cuerpo de un héroe puede convivir un villano pese a que, por un mal procedimiento administrativo del gobierno Duque, su uniforme deba ser restituido.
