Como si le faltaran enredos a este país, hoy podría rodar la cabeza de la fiscal general, no por el impedimento grave en que incurrió cuando se ligó sentimentalmente con la antítesis de la ética pública, sino por una leguleyada de las que caracterizan a nuestra patria de vivos.
A la hora en que se escribe esta columna, el Consejo de Estado se reúne en sala plena para decidir si la elección de Viviane Morales, contra la cual se presentó una demanda, es nula por ilegal. Con independencia del resultado, cabe una pregunta: el demandante y quienes manipulan el proceso ¿desean restituir la supremacía del orden jurídico de la Nación o abusan del derecho en beneficio particular?
Ferleyn Espinosa Benavides es un estudiante de leyes de una universidad de reciente creación, de esas que pululan gracias a las licencias ligeras del Ministerio de Educación. Todavía debe estudiar una materia, de acuerdo con el portal de la revista Semana, y tampoco ha presentado su monografía de grado a pesar de que ya tiene 34 años. Es decir, que tuvo que haber terminado su carrera hace por lo menos 10. Su trayectoria académica es, pues, mediocre. No obstante, se fajó un análisis tan detallado de las circunstancias que condujeron a la escogencia de Morales en la Corte Suprema, que ni que fuera un abogado mañoso de esos que tienen décadas de oficio. Sus razones: la presentación de la terna de Santos no tenía la firma de unos ministros; los presidentes de la República pueden nominar una terna y sólo una (lo que conduciría al absurdo de que si ninguno de los primeros tres postulados alcanza los votos para ser elegido, Colombia tiene que quedarse sin fiscal general durante cuatro años); y Morales fue elegida con 14 votos de 18 posibles, en vez de 16 entre 23.
El Consejo resolverá si esos argumentos son válidos. Separarán del cargo a la titular de la Fiscalía o la mantendrán si encuentran que el pleito es efecto de las patadas de un ahogado, de los deseos explosivos de los viudos del poder que tuercen la juridicidad para que la Fiscalía no examine su conducta, o del uno y los otros al tiempo. Pero ojo: ¿todos los togados del plenario tienen autoridad moral para deliberar sobre la legalidad de la elección de la fiscal? Uno de ellos, Marco Antonio Velilla, de quien se sabe que posee gran ascendiente sobre sus colegas, fue incluido por el expresidente Uribe en la terna que Santos sustituyó por una propia, justamente aquella en la que entró el nombre de Viviane Morales.
Ignoro si este abogado que tiene, cómo no, las mañas que producen décadas del oficio, se declaró impedido en un asunto que le compete personalmente. De cualquier manera, la influencia que ejerce sobre varios de sus compañeros es innegable. Es el caso de Susana Buitrago, presidenta de la sección quinta —compuesta en la actualidad por tres magistrados— donde se estudió inicialmente el tema. Buitrago es nortesantandereana pero vivió largos años en Medellín, ciudad de Velilla. La doctora se graduó en la Universidad Bolivariana, igual que el doctor. Probablemente por rendirle honor a sus recuerdos, Buitrago se opuso a que la votación final recayera en la sala plena de 27, en lugar de que quedara en manos de tres voluntades o dos, que podrían tumbar a la fiscal. Velilla cuenta además —quién se atrevería a negarlo— con el apoyo explícito o implícito del uribismo pecador. Que yo recuerde, Morales no era enemiga del expresidente. Por el contrario: le hizo varias tareas sin agüero. ¡Las vueltas que da la vida! Como sea, la Fiscalía pende del hilo que hale el Consejo. Y Viviane Morales podría irse, paradójicamente, como víctima de intereses mezquinos y no por el grueso yerro que cometió alzándose de hombros frente a su obligación, con tal de darle gusto a su corazón.
Como si le faltaran enredos a este país, hoy podría rodar la cabeza de la fiscal general, no por el impedimento grave en que incurrió cuando se ligó sentimentalmente con la antítesis de la ética pública, sino por una leguleyada de las que caracterizan a nuestra patria de vivos.
A la hora en que se escribe esta columna, el Consejo de Estado se reúne en sala plena para decidir si la elección de Viviane Morales, contra la cual se presentó una demanda, es nula por ilegal. Con independencia del resultado, cabe una pregunta: el demandante y quienes manipulan el proceso ¿desean restituir la supremacía del orden jurídico de la Nación o abusan del derecho en beneficio particular?
Ferleyn Espinosa Benavides es un estudiante de leyes de una universidad de reciente creación, de esas que pululan gracias a las licencias ligeras del Ministerio de Educación. Todavía debe estudiar una materia, de acuerdo con el portal de la revista Semana, y tampoco ha presentado su monografía de grado a pesar de que ya tiene 34 años. Es decir, que tuvo que haber terminado su carrera hace por lo menos 10. Su trayectoria académica es, pues, mediocre. No obstante, se fajó un análisis tan detallado de las circunstancias que condujeron a la escogencia de Morales en la Corte Suprema, que ni que fuera un abogado mañoso de esos que tienen décadas de oficio. Sus razones: la presentación de la terna de Santos no tenía la firma de unos ministros; los presidentes de la República pueden nominar una terna y sólo una (lo que conduciría al absurdo de que si ninguno de los primeros tres postulados alcanza los votos para ser elegido, Colombia tiene que quedarse sin fiscal general durante cuatro años); y Morales fue elegida con 14 votos de 18 posibles, en vez de 16 entre 23.
El Consejo resolverá si esos argumentos son válidos. Separarán del cargo a la titular de la Fiscalía o la mantendrán si encuentran que el pleito es efecto de las patadas de un ahogado, de los deseos explosivos de los viudos del poder que tuercen la juridicidad para que la Fiscalía no examine su conducta, o del uno y los otros al tiempo. Pero ojo: ¿todos los togados del plenario tienen autoridad moral para deliberar sobre la legalidad de la elección de la fiscal? Uno de ellos, Marco Antonio Velilla, de quien se sabe que posee gran ascendiente sobre sus colegas, fue incluido por el expresidente Uribe en la terna que Santos sustituyó por una propia, justamente aquella en la que entró el nombre de Viviane Morales.
Ignoro si este abogado que tiene, cómo no, las mañas que producen décadas del oficio, se declaró impedido en un asunto que le compete personalmente. De cualquier manera, la influencia que ejerce sobre varios de sus compañeros es innegable. Es el caso de Susana Buitrago, presidenta de la sección quinta —compuesta en la actualidad por tres magistrados— donde se estudió inicialmente el tema. Buitrago es nortesantandereana pero vivió largos años en Medellín, ciudad de Velilla. La doctora se graduó en la Universidad Bolivariana, igual que el doctor. Probablemente por rendirle honor a sus recuerdos, Buitrago se opuso a que la votación final recayera en la sala plena de 27, en lugar de que quedara en manos de tres voluntades o dos, que podrían tumbar a la fiscal. Velilla cuenta además —quién se atrevería a negarlo— con el apoyo explícito o implícito del uribismo pecador. Que yo recuerde, Morales no era enemiga del expresidente. Por el contrario: le hizo varias tareas sin agüero. ¡Las vueltas que da la vida! Como sea, la Fiscalía pende del hilo que hale el Consejo. Y Viviane Morales podría irse, paradójicamente, como víctima de intereses mezquinos y no por el grueso yerro que cometió alzándose de hombros frente a su obligación, con tal de darle gusto a su corazón.