¿Investigado o humillado?

Nunca en la historia de Colombia el hijo de un presidente de la República, menos aún de un mandatario en ejercicio, había sido capturado ni sometido a pasar sus noches en una celda. Antes de Nicolás Petro, ninguno ha pasado por la experiencia intimidante de una detención. Tampoco un pariente tan cercano a un jefe de Estado ha padecido la humillación de ser trasladado de una ciudad a otra en medio de un espectacular operativo, con agentes armados y previo aviso a la prensa, similar al del capo máximo del Clan del Golfo, alias Otoniel. Nunca un descendiente directo del líder del Ejecutivo había sido sometido a la vergüenza de una transmisión audiovisual, en directo, de su comparecencia ante un juez, escuchando lo que se afirma en su contra mientras aparece sentado en la silla más próxima a la de su expareja, una joven maquiavélica menos inocente y víctima de lo que aparenta.

Por las convenientes filtraciones de la Fiscalía a un sector también conveniente de su prensa aliada, no hay pocas sino muchas evidencias de la conducta de Nicolás Petro quien, arrastrado por lo que parece ser una ambición irracional de dinero y poder, habría traspasado la frontera que separa la ley del delito. La justicia, entonces, debe investigarlo, juzgarlo y condenarlo, si es el caso, o absolverlo, después de un proceso tan exhaustivo y convincente para tirios y troyanos como imparcial, según se espera que lo hagan los togados en su examen a cualquier ciudadano, sea este importante o de la gente común. El hijo del presidente debe, pues, vencer a sus acusadores o ser vencido por estos. No hay duda. El problema de legitimidad, en el caso Petro, surge por factores distintos al de su expediente, entre estos la alta connotación política que adquiere la decisión de encarcelar a un familiar próximo al mandatario en medio de semejante exposición pública, su detención el día de cierre de inscripciones de candidatos a las elecciones regionales, la cercanía de la fecha de esas votaciones y, ante todo, la manifiesta hostilidad del fiscal general con el padre del imputado a quien, no obstante su dignidad estatal, Francisco Barbosa ha maltratado con sus declaraciones ofensivas, humillantes, ante decenas de micrófonos. El régimen de impedimentos y recusaciones no sirve en este preciso episodio: es casi una ficción normativa porque es tan restrictivo que se torna irreal.

Hasta ahora, Barbosa no ha encontrado motivos para declarar su imposibilidad de ser neutral en casos protuberantes, como el del propio Nicolás Petro, con la disculpa “babosa” de que él no es su investigador. Así lo acaba de reiterar la Corte Suprema ignorando una apabullante verdad: el fiscal general, hoy y siempre, incide en unas investigaciones sin tener que ser su operador directo. Basta con su inmenso poder para determinar, incitar u ordenar el desarrollo acelerado de un expediente como el de Nicolás Petro y permitir los excesos en su contra, no seamos hipócritas. Contrasta el show de esa captura con el silencio y nulo avance de la Fiscalía Barbosa, por ejemplo, en el proceso abierto a Karen Abudinen, la exministra de Iván Duque, en octubre del año pasado, por la denuncia del delincuente Emilio Tapia en el escándalo de Centros Poblados, el acto de corrupción y robo de $70.000 millones destinados al internet de los niños del campo.

Es innegable la diferencia con que este fiscal y otros, en el pasado, han mirado o, más bien, dejado de mirar conductas también ilegales y ambiciosas de riqueza de otros hijos presidenciales, estos intocables porque sus padres representan el establecimiento tradicional. Los más notables, Tomás y Jerónimo Uribe cuyas incalculables fortunas se amasaron durante las administraciones de su padre. Recuerdo un proceso penal que se inició por serios indicios de defraudación de los Uribe Moreno de millonarios impuestos a la DIAN en 2010 y por sus recobros al Estado por exportaciones ficticias de chatarra con que pretendían que les devolviera miles de millones de pesos. El caso contra ellos se abrió en 2016, época de Eduardo Montealegre en la Fiscalía y de Juan Manuel Santos en la presidencia. Contrario a Petro, Álvaro Uribe acusó al fiscal y a Santos de “perseguir” a sus hijos. Las evidencias contra ellos eran tan abultadas o más que las que pesan sobre Nicolás Petro. Pueden ver su gravedad en los informes que Noticias Uno publicó y cuyo enlace dejo acá. Néstor Humberto Martínez, del mismo grupo dominante al que pertenecen los Uribe, sucedió a Montealegre en el búnker. Ahí terminó todo. Realmente, ¿ustedes imaginan que cualquier otro hijo presidencial que no sea el de un mandatario outsider y de una clase social emergente volverá a ser domeñado con una captura, con una humillante grabación, desnudo, junto a su nueva pareja embarazada como denunció su abogado? No sucederá. Los excesos del poder tradicional llevarán al presidente Petro a la condición de víctima internacional.

Entre paréntesis. Esta columna fue escrita antes de la audiencia del caso Nicolás Petro-Daysuris Vásquez que se celebró ayer en el Juzgado 74 de Control de Garantías de Bogotá.