Un sufragio, unas flores manchadas con sangre y una declaración de “objetivo militar” contenida en un mensaje hecho con letras recortadas de periódico, son los elementos que encontró, en un paquete que le hicieron llegar a la puerta de su casa, el periodista y defensor de derechos humanos William Vianney Solano, el fin de semana pasado. El mensaje concluía con los vocablos “águilas negras”. Solano vive en Buga y se dedica a revelar actos de corrupción de las administraciones públicas locales, desde su sitio virtual Dcerca. En su trabajo periodístico sobresalen sus denuncias contra el hoy congresista –dueño y señor de la ciudad señora– John Harold Suárez. Este personaje es un político de peso ligero elevado al rango de senador gracias al aval del uribismo que lo acogió en su partido por 36.000 votos, pese a que conocía sus conductas turbias y sus compañías de dudosa reputación. Por ejemplo, la de Juan Carlos Abadía, el destituido exgobernador del Valle del Cauca quien jugaba a apoyar a Suárez en la elección de 2018 para ejercer de parlamentario en cuerpo ajeno, según relató La Silla Vacía en su momento. Vianney Solano no es una víctima única, en Colombia, de la práctica represora que viene aumentando en forma de presión individual a ciertos comunicadores, en unos casos; de ataques en redes sociales contra el prestigio de periodistas de renombre, en otros casos; de despidos laborales como castigo al pensamiento, en unos más; y, ahora, de amenazas de muerte. De todas maneras, los agresores de reporteros van tras un solo objetivo, en el fondo: censurar la libertad de palabra, de expresión, de información y prensa.
“Matamos la producción”. Así, con ese lenguaje inadmisible en un país que ha sufrido masacres y homicidios selectivos, dictó sentencia condenatoria el gerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, Juan Pablo Bieri, contra el presentador del programa Los puros criollos, Santiago Rivas, en diciembre pasado. “Lo ponemos a las tres de la mañana… (porque) se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”. Esa fue la conclusión de Bieri respecto de Rivas después de que este expresara sus preocupaciones sobre una ley que promueve el Gobierno en el Congreso. Bieri fue nombrado rector de las comunicaciones estatales el 27 de agosto de 2018, por el presidente de la República. El respaldo de varias figuras del Centro Democrático a Bieri fue notorio hasta cuando se hicieron evidentes sus mentiras, momento en el cual, la Casa de Nariño aceptó su renuncia sin decir una sola palabra en defensa de la libertad de opinión. El palacio presidencial tampoco se pronunció sobre el veto impuesto a dos periodistas de la Radio Nacional, una mañana en que se tenía previsto entrevistar al jefe de Estado. A Carlos Chica y Andrea Olano les indicaron, perentoriamente, que no podían formularle preguntas a Iván Duque.
A finales de enero, el país leyó dos afirmaciones de carácter penal contra la directora del programa de mediodía de la W Radio, Vicky Dávila, publicadas en la cuenta de Twitter de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. En uno de los mensajes, decía que Dávila era “la jefe de prensa de la rata de Petro”; en el otro, se aseguraba que a la periodista “le debían pagar con fajos en bolsas”. Micrófono en mano, la agredida exigió retractación o pruebas. La ejecutiva del uribismo se disculpó y descargó su responsabilidad en un jovencito de no más de 23 años quien, según Martínez, manejaba sus redes sociales. La cosa se quedó de ese tamaño aunque la confesión implícita de la jefe administrativa del partido de gobierno es escandalosa: las comunicaciones de la colectividad política más poderosa de Colombia, estaban, o están, en manos de un imberbe.
Daniel Coronell y el reportero Julián Martínez pasaron por una experiencia similar, a finales de diciembre (“no sea hp periodista de tres pesos”; “preséntese a la justicia, bandido…”), cuando los insultó, con palabras soeces, un asesor del superintendente de Notariado, desde la cuenta oficial de la entidad pública. Dos profesionales fueron despedidas, hace poco, de sus puestos, luego de que dieran sus opiniones en contra del senador Álvaro Uribe. De nuevo, en las filas del oficialismo, silencio. Y como si fuera poco, el fiscal general de la Nación, con todo su poder judicial, defendió su disminuido nombre en el Senado acusando de conspiración a dos columnistas y un noticiero de televisión que no son obsecuentes con él, sin ninguna prueba en la mano. Estos no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Lo que pasa en Venezuela con las cadenas acalladas escandaliza al poder. El crecimiento lento pero continuo de la bestia censora en Colombia no le interesa.
Un sufragio, unas flores manchadas con sangre y una declaración de “objetivo militar” contenida en un mensaje hecho con letras recortadas de periódico, son los elementos que encontró, en un paquete que le hicieron llegar a la puerta de su casa, el periodista y defensor de derechos humanos William Vianney Solano, el fin de semana pasado. El mensaje concluía con los vocablos “águilas negras”. Solano vive en Buga y se dedica a revelar actos de corrupción de las administraciones públicas locales, desde su sitio virtual Dcerca. En su trabajo periodístico sobresalen sus denuncias contra el hoy congresista –dueño y señor de la ciudad señora– John Harold Suárez. Este personaje es un político de peso ligero elevado al rango de senador gracias al aval del uribismo que lo acogió en su partido por 36.000 votos, pese a que conocía sus conductas turbias y sus compañías de dudosa reputación. Por ejemplo, la de Juan Carlos Abadía, el destituido exgobernador del Valle del Cauca quien jugaba a apoyar a Suárez en la elección de 2018 para ejercer de parlamentario en cuerpo ajeno, según relató La Silla Vacía en su momento. Vianney Solano no es una víctima única, en Colombia, de la práctica represora que viene aumentando en forma de presión individual a ciertos comunicadores, en unos casos; de ataques en redes sociales contra el prestigio de periodistas de renombre, en otros casos; de despidos laborales como castigo al pensamiento, en unos más; y, ahora, de amenazas de muerte. De todas maneras, los agresores de reporteros van tras un solo objetivo, en el fondo: censurar la libertad de palabra, de expresión, de información y prensa.
“Matamos la producción”. Así, con ese lenguaje inadmisible en un país que ha sufrido masacres y homicidios selectivos, dictó sentencia condenatoria el gerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, Juan Pablo Bieri, contra el presentador del programa Los puros criollos, Santiago Rivas, en diciembre pasado. “Lo ponemos a las tres de la mañana… (porque) se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”. Esa fue la conclusión de Bieri respecto de Rivas después de que este expresara sus preocupaciones sobre una ley que promueve el Gobierno en el Congreso. Bieri fue nombrado rector de las comunicaciones estatales el 27 de agosto de 2018, por el presidente de la República. El respaldo de varias figuras del Centro Democrático a Bieri fue notorio hasta cuando se hicieron evidentes sus mentiras, momento en el cual, la Casa de Nariño aceptó su renuncia sin decir una sola palabra en defensa de la libertad de opinión. El palacio presidencial tampoco se pronunció sobre el veto impuesto a dos periodistas de la Radio Nacional, una mañana en que se tenía previsto entrevistar al jefe de Estado. A Carlos Chica y Andrea Olano les indicaron, perentoriamente, que no podían formularle preguntas a Iván Duque.
A finales de enero, el país leyó dos afirmaciones de carácter penal contra la directora del programa de mediodía de la W Radio, Vicky Dávila, publicadas en la cuenta de Twitter de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. En uno de los mensajes, decía que Dávila era “la jefe de prensa de la rata de Petro”; en el otro, se aseguraba que a la periodista “le debían pagar con fajos en bolsas”. Micrófono en mano, la agredida exigió retractación o pruebas. La ejecutiva del uribismo se disculpó y descargó su responsabilidad en un jovencito de no más de 23 años quien, según Martínez, manejaba sus redes sociales. La cosa se quedó de ese tamaño aunque la confesión implícita de la jefe administrativa del partido de gobierno es escandalosa: las comunicaciones de la colectividad política más poderosa de Colombia, estaban, o están, en manos de un imberbe.
Daniel Coronell y el reportero Julián Martínez pasaron por una experiencia similar, a finales de diciembre (“no sea hp periodista de tres pesos”; “preséntese a la justicia, bandido…”), cuando los insultó, con palabras soeces, un asesor del superintendente de Notariado, desde la cuenta oficial de la entidad pública. Dos profesionales fueron despedidas, hace poco, de sus puestos, luego de que dieran sus opiniones en contra del senador Álvaro Uribe. De nuevo, en las filas del oficialismo, silencio. Y como si fuera poco, el fiscal general de la Nación, con todo su poder judicial, defendió su disminuido nombre en el Senado acusando de conspiración a dos columnistas y un noticiero de televisión que no son obsecuentes con él, sin ninguna prueba en la mano. Estos no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Lo que pasa en Venezuela con las cadenas acalladas escandaliza al poder. El crecimiento lento pero continuo de la bestia censora en Colombia no le interesa.