La corona del señor Pretelt y el poder corrupto

Después de 28 años de haber sido amenazado por paramilitares que llegaron intempestivamente a su vivienda —en la vereda La Puya, Turbo (Antioquia)—, para conminarlo a entregar su predio No hay como Dios, que él había rebautizado con el nombre La Corona, el campesino Reynaldo Pascual Villalba, de 84 años de edad, pudo regresar a su tierra. Era un anhelo que creía que no vería realizado porque, en la sabiduría de quien está vinculado a la naturaleza, intuía que se enfrentaba a un poder superior imposible de vencer. Él había escapado en 1992, cuando se negó a transar con los individuos armados pese a la advertencia que le soltaron: “O vende usted o vende su viuda”. Villalba, que no pensaba doblegarse pero quien tampoco quería morir asesinado, se fue tras dejar sus escrituras en manos de los sujetos, aunque sin firma. Se desplazó con su familia a un barrio de Montería. Allá lo encontraron, tiempo después, dos bandidos, uno de los cuales era Evelio Enrique Díaz Yáñez. Esta vez fueron más directos: “Tiene que venderle el predio al patrón”. No identificaron a su “patrón” pero La Corona fue transferida a Díaz Yáñez. En lo que parece ser una típica operación de triangulación, Díaz vendió el predio a Martha Ligia Patrón López, el 7 de junio del 2000. Cinco años después, en junio de 2005, la señora Patrón vendió, otra vez, el predio. Su comprador era su esposo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien además legalizó ese día, en la misma notaría, otros terrenos que anexó a otros más, hasta conformar lo que hoy se conoce como la hacienda La Corona, del señor Pretelt, de poco más de 243 hectáreas.

Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, Pretelt vivía un día glorioso: el honorable Senado de la República lo eligió, con 67 votos, magistrado de nuestra más alta Corte, la Constitucional, después de haber sido postulado a tan altísimo cargo por el honorable presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Pasaron seis años, hasta 2015, durante los cuales el honorable Pretelt solía ostentar de su condición de máximo fallador de la justicia, al tiempo que exhibía su cuantiosa fortuna de ganadero y terrateniente en fiestas y homenajes que organizaba en sus haciendas —pues no solo poseía una—. Sus invitados predilectos eran los senadores y políticos que lo eligieron, los altos funcionarios de los gobiernos nacional, regional y local, y, desde luego, sus colegas de tribunal y los demás de la rama. Entre tanto, Villalba y otros campesinos despojados, como él, de la región de La Corona, antes conocida como “La 35” (tenebroso lugar utilizado, en los 90, por el clan Castaño para entrenar paramilitares y ocultar asesinatos en fosas comunes), recorrían fiscalías, procuradurías y juzgados para denunciar a su despojador.

Nada avanzaba para ellos. En cambio, en ese 2015, la cosa mejoró, todavía más, para Pretelt: en febrero fue elegido presidente de la Corte Constitucional pese a la oposición de alguno de sus colegas que ya había escuchado rumores sobre su conducta delictiva. Pero no hay mal que dure 100 años... Solo dos meses después, estalló el escándalo de la coima por $500 millones que Pretelt exigió como pago por la selección y el resultado de una acción de tutela con que la firma Fidupetrol pensaba liberarse de una condena que la obligaba a devolver más de $22.000 millones al departamento de Casanare. Mientras Pretelt se defendía con calumnias, insultos y montajes que sus amigos de la prensa difundieron con placer, la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia estudiaba el caso de despojo de tierras en Turbo en que él era, también, protagonista oscuro. El fallo llegó, finalmente, en marzo del año pasado, declarando “la nulidad absoluta de los negocios jurídicos contenidos en las escrituras” en que aparece la compraventa del predio No hay como Dios (o La Corona) de Evelio Enrique Díaz Yáñez a Martha Ligia Patrón; de esta misma señora y otros a su esposo, Jorge Ignacio Pretelt; del englobe de esas tierras y tres más a la hacienda La Corona, de Pretelt, y de una hipoteca que este le solicitó a un reconocido banco, a la que accedió después de simular que era beneficiario de un programa de Finagro. La sentencia ordena la restitución material de los predios a sus verdaderos dueños, en plazo máximo de tres días. Ese mandato se dio hace un año y ocho meses. El señor Villalba siguió esperando a que el gran personaje de Montería acatara la justicia. Después de varias denuncias periodísticas, el propietario real del predio regresó muy satisfecho, a su hogar de 1992, hace solo unos días. Pero el final no es feliz: el fin de semana pasado unos individuos incendiaron la vivienda y otras construcciones que había levantado don Reynaldo con sus pesos pues le habían dejado el lugar desmantelado (ver). ¿Nuevos criminales vinieron a ensañarse con el señor Villalba y con quienes lucharon, con él, por sus tierras? ¿O son los mismos del pasado que no se resignan a perder el producto de sus delitos? Ellos actúan como si tuvieran corona ante la ley. Y vamos a ver y sí, la tienen.