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El “petrosantismo” es otro término de estrategia electoral que inventa Uribe Vélez para manipular la opinión electoral. Pero ese remoquete despreciativo –como tantos suyos– alude a una alianza inexistente. Se sabe que Petro repudia a Santos y Santos repudia a Petro en un acto de suicidio político, pues si unieran propósitos democráticos, por encima de sus enormes distancias, construirían la fortaleza de la que, hoy, carecen los dos. Sin embargo, sus diferencias ideológicas y clasistas –ambos discriminan a otros por clase social– son más hondas que las razones generosas de Estado que los deberían mover. Volviendo a Uribe, en la campaña perenne en que se ha convertido su insondable vida, lo que importa no es si sus afirmaciones son verdaderas o mentirosas, sino si el efectismo de alguna de ellas le ayuda a recuperar el control del aparato del poder oficial que, dicho sea de paso, perdió con Santos y, ante todo, con la torpeza gubernamental del hijo de su propia semilla: Iván Duque.
No obstante, el objetivo inmediato del expresidente, en su intento de lexicalizar la expresión “petrosantismo” que empleó seis veces en su destemplada respuesta a la JEP (ver) cuando esa jurisdicción anunció que encontró restos humanos en el botadero de residuos de Medellín llamado La Escombrera, es restarle legitimidad a la constatación de que tal montaña de desechos sí ha sido fosa común de seres humanos desaparecidos en medio del conflicto armado (ver). La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de la capital antioqueña, en donde malvivían miles de paisas hacinados en su pobreza, era nido de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. En agosto de 2002 inició el primer gobierno Uribe. Tan solo semanas más tarde, exactamente el 16 y 17 de octubre de ese año, el presidente incentivó, autorizó y coordinó con el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, la tristemente célebre Operación Orión, retoma supuestamente legítima de la Comuna 13. Pero su ejecución fue desarrollada por el mismísimo Estado con el apoyo criminal de los paramilitares; al mando del Ejército, el procesado (pero sin castigo efectivo) general Mario Montoya; de la Policía, el general también procesado (y sin condena) Leonardo Gallego; del DAS, Jorge Noguera, nombrado director por Uribe de quien había sido su jefe de campaña presidencial en el Magdalena. Noguera fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema por aliarse con el paramilitar “Jorge 40″ que tenía más gente en el DAS que el Ejecutivo. Noguera también recibió condena por ser autor del asesinato el profesor Correa D’Andreis, de quien sospechaba que era “guerrillero” dada su condición de intelectual y demócrata. En la Operación Orión, según el propio Uribe, también estuvo presente la Fiscalía entonces en cabeza de Luis Camilo Osorio, cuestionado por haber expulsado a los fiscales que investigaban a los paramilitares para, en cambio, contratar a otros dispuestos a servir a las autodefensas asesinas.
Es un hecho verificable que, en desarrollo de Orión, fueron expulsadas las guerrillas (FARC, ELN y Cuerpos Armados del Pueblo, CAP); es un hecho verificable que algunos de sus puestos de control ilícito fueron ocupados por el paramilitarismo, a veces asociado con servidores públicos de algunas de las sucesivas alcaldías medellinenses; es un hecho verificable, acéptelo Uribe o no, que madres, hijas, hermanas de habitantes de la Comuna 13 denunciaron que sus parientes desaparecieron después de sus capturas por agentes del Estado. El expresidente puede desgañitarse con sus justificaciones e insistir en que antes de Orión había cadáveres en La Escombrera. Eso sí, es raro que, a pesar de su reconocido autoritarismo, no hubiera movido uno solo de sus dedos para encontrar los cuerpos que yacían allí antes de su gobierno, y que no le hubiera ordenado a su Ejército que los buscara, una vez su general Montoya retomó el control del botadero.
La versión del exmandatario tiene, sin embargo, graves debilidades nacidas de las declaraciones judiciales en tiempos de su propia administración y posterior a esta, de paramilitares beneficiados por su jurisdicción de Justicia y Paz en la que se les condonaban penas por abandonar las armas. Unos ejemplos: 1. “(durante) la ocupación de la Comuna 13 (en) la Operación Orión (…) el BCN (bloque paramilitar Cacique Nutibara) fue al área (…) como parte de una alianza con la Cuarta Brigada [del Ejército] (...) El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos esos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”: Diego Murillo, alias Don Berna; 5 nov., 2014. Fiscalía 15 delegada ante el Tribunal de Medellín. 2. “… yo mantenía en la escombrera (sic) de la comuna 13 (sic) uniformado y con fusil… ahí, los ‘urbanos’ que teníamos infiltrados… nos traían personal de la guerrilla o (sus) colaboradores. Nosotros procedíamos a interrogarlos; unos los ejecutábamos…”: Juan Carlos Villa, (alias) ‘Móvil 8′; 10 de julio, 2012. Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Medellín. 3. “… en los registros que se hacían se subía a la gente de arenera por orden de (alias) ‘Kinkon’; a los que estaban individualizados como guerrilleros, se procedía a desaparecerlos. Eso se hizo en la Operación Orión y después…”: Jorge Enrique Aguilar, alias ‘Aguilar’; 6 de noviembre de 2008; ampliación de indagatoria, Fiscalía General. En noviembre de 2008 corría el segundo gobierno de Uribe Vélez. Entonces el “petrosantismo” no tenía ni remota posibilidad de aparecer. En 2012 y 2014 nadie imaginaba la existencia de la JEP ni la presidencia de Petro. Aquí la única credibilidad que está en duda es la del mandatario que dirigió la manchada Operación Orión.
