Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hay que reiterarlo, de entrada, para evitar equívocos: esta sociedad es machista y su rama judicial padece, mayoritariamente, del mismo pecado capital. Policía, fiscales y jueces (incluso, sus funcionarias) asumen las investigaciones con sesgos de género, en contra de los derechos de las víctimas. Es un hecho generalizado que todas podemos padecer. Pero, del lado opuesto, hay otra falla grave de la que no se habla: la justicia masculinizada de Colombia cuyas cortes son presididas, hoy, por hombres (uno de los cuales es “el más admirado”, pese a violentar a un hijo negado y a su madre, de la que aseguró falsamente para eludir su paternidad, que “abusó sexualmente de él”) (ver), se acobarda cuando enfrenta la obligación de denunciar a una togada, debido a su condición femenina: el género como patente de arbitrariedades. Claro, siempre existe la posibilidad, no del temor a las críticas por afectar el nombre de una mujer, sino de que haya complicidades internas, sin distingos de identidad, que protegen a los abusadores y abusadoras de la rama. Me vienen a la mente, de inmediato, un par de ejemplos, aunque hay más: Ruth Marina Díaz y Margarita Cabello, presidentas de la Corte Suprema en 2013 y 2016. Ambas ejercieron su poder con desborde absoluto de los límites de la decencia. Ellas repitieron, de manera más tosca, las artimañas de sus peores compañeros: clientelismo judicial, nexos políticos e intereses en negocios de personajes cuestionables, algunos de ellos, ya condenados. Jamás conocimos una advertencia de los jueces en contra de los actos indignos de sus colegas mujeres. “Calladitos” se ven mejor, dirían ellas.
Tal como se lo ordenó Cristina Lombana, única magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema integrada por seis miembros (cinco hombres y ella), a la esposa de Armando Benedetti durante el escandaloso allanamiento a su residencia en Puerto Colombia, la semana pasada. De acuerdo con las declaraciones de Adelina de Benedetti (oír minuto 31) y las del apoderado del ministro, David Benavides, Lombana exigió que la señora cerrara la boca y se quedara quieta en una silla (oír). A primera vista, y pese a que la diligencia presidida, en persona, por Lombana, sea legal, parece desproporcionada: ¿era necesario el allanamiento y la presencia física de la magistrada? ¿Es usual que un titular de alta corte asista a ese tipo de actos que son ejecutado por los asistentes del despacho? ¿Se requerían 30 agentes de la fuerza pública para entrar a un sitio en el que se encontraba una mujer sola, como debería saberlo Lombana cuando fijó fecha y hora de la intervención? ¿Por qué Lombana se hizo acompañar de un grupo del GOES (Grupo de Operaciones Especiales que acude en casos de situaciones de alto riesgo y detención de criminales peligrosos) con camuflados, rifles y capuchas? ¿Pretendía lucirse e intimidar a los allanados?
No justifico al ministro del Interior ni los términos groseros con que se refirió a la señora Lombana. Ni ella ni nadie merece trato tan descortés. Además, a un alto funcionario del Estado se le exige comedimiento en cualquier circunstancia que le toque enfrentar. Tampoco disculpo la conducta pasada de Benedetti, que es analizada en cinco procesos penales diferentes por la Sala de Instrucción, más otro que está en la Sala de Primera Instancia. Sin embargo, estas consideraciones no obstan para rechazar el comportamiento altanero de la operadora judicial Cristina Lombana con algunos de sus investigados, y también con sus compañeros y sus subalternos, como consta en reportes ocurridos en esos despachos; o para censurar sus actos probablemente prevaricadores cuando los procesados pertenecen a la orilla política de la que ella es cercana: el uribismo y aliados. Lombana ha sido señalada por no pocas faltas a la moral y a la legalidad de su elección. Cuando se presentó como candidata ante la Corte Suprema, por ejemplo, no le reveló a la sala plena que: 1. Todavía era militar activa 2. Había trabajado con el apoderado del expresidente, Jaime Granados 3. Había contraído matrimonio (aunque después se separó), con un mayor del Ejército condenado por asesinato, e investigado por la ejecución extrajudicial de varios civiles, crímenes que admitió después (ver) 4. Goza de pensión de invalidez laboral total y, por tanto, no podía aspirar a un cargo oficial ni a devengar doble salario público. Ya en ejercicio de sus funciones, Lombana ha sido reprobada por varios columnistas, con evidencias fácticas, por: a. Su hostilidad con congresistas y familiares de estos por su proximidad con sectores de izquierda; b. Sus presiones indebidas a unos testigos; c. Su gusto excesivo por los viajes y los viáticos; d. Sus preferencias por individuos poderosos de la clase política tradicional. e. Su predilección por el acompañamiento de agentes extranjeros. En definitiva, sus abusos de poder y posibles prevaricatos, amén de otras violaciones a la ley. Pregunta para la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones que podrían investigarla pero que no lo hacen: ¿Los actos de Cristina Lombana se encuentran exentos de examen y tienen blindaje judicial?
