Libertad de opinión y crítica, ¿“parapeto de delincuentes”?

Con esa personalidad perturbada que lo caracteriza —y cuyo desvío mental no sería de incumbencia general si no fuera porque quien lo padece es el fiscal general—, Francisco Barbosa se plantó al frente de su tarima preparada para su evento, en su lugar seleccionado, con sus subordinados y sus invitados especiales, simbólicamente ubicados un metro abajo de su escenario: era su sueño dorado: todos girando a su alrededor. El señor “su” o el doctor “superyó”, como preferirá que lo llamen por lo de “doctor”, pronunció un discurso deshilvanado en medio de una maraña de frases contradictorias que adobaba con silencios y gestos vanidosos. Poco a poco, el emperadorcito, que se siente grande porque dispone de 23.000 puestos de trabajo, llegó a una frase que debería quedar grabada en piedra que se ubique a la entrada del búnker la fecha feliz, para Colombia, en que termine su periodo: “Cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas a algún delincuente parapetado. Así funciona y nosotros ya lo sabemos”. El mensaje de Barbosa es claro: “la crítica no es legal ni legítima. Esconde intereses delictivos”. Se trata de la lógica con que Maduro y Ortega y otros tantos dictadores del mundo encarcelan a sus opositores (críticos políticos) con el argumento, sustentado en falsos procesos judiciales, de que “son delincuentes”.

La afirmación del fiscal general escandaliza pero no es la única que alarma a los demócratas. Simultáneamente, una mayoría del Congreso de la República, preocupante por su volumen y por su nivel de representación dentro de los partidos oficialistas que, justamente, tienen el control del Poder Ejecutivo, Legislativo y parte del Judicial, logró introducir por debajo de la mesa un artículo en un proyecto de ley anticorrupción —qué ironía cruel— que, de ser aprobado y sancionado, les servirá como una especie de fuero de silencio a los funcionarios corruptos del Estado: el que se atreva a denunciarlos podrá ser condenado por injuria y calumnia, multado con sumas millonarias y, además, sancionado con el cierre de sus canales de expresión porque se le cancela la personería jurídica al medio que difunda la información. El grupo de privilegiados con leyes tipo omertà (código de honor siciliano que impide denunciar actos delictivos) se compone de empleados del Estado, exempleados oficiales y las familias de los primeros y los segundos. Por ahora y debido al asombro público ante tanto cinismo, los impulsores del artículo nos hicieron el favor de eliminar de la propuesta la condena y la multa. (Por ahora, pues tanto condena como multa podrían revivir pronto). En cambio, quedó viva la posibilidad de clausurar a quienes, por ejemplo, criticamos, hace un tiempo, al funcionario público Barbosa y a su esposa, parientes y amigos por ir a pasear a San Andrés en plena pandemia y en avión de la Policía, el canal por el que divulgamos su atropello y su despilfarro.

A propósito, un tercer motivo de preocupación para quienes defendemos las libertades es la superficialidad con que una fiscal de cualquier despacho, contagiada seguramente de la excitación esquizoide del jefe de esa entidad, dispuso “inspeccionar en el término de 30 días” a Noticias Uno —un informativo crítico y, por lo tanto, sospechoso de “parapetar delincuentes”— para obtener, en cadena de custodia, una nota que se divulgó en el año 2013. La fiscal seccional que firmó orden tan ilegal como inconstitucional pretendía hallar la identidad de una fuente periodística puesto que el delito reseñado por ella es el de “revelación de secreto”, contemplado en el Código Penal como el que comete “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en reserva o secreto”. Noticias Uno no fue informado, en el mensaje enviado por la Fiscalía Seccional, de cuál nota pretendía examinar. No debió considerarlo necesario puesto que en una inspección —cuya forma y fondo son exactamente iguales a los de un allanamiento— sus agentes judiciales serían los que extraerían la copia. Pareciera que se trata del sello Barbosa: de manera idéntica otro fiscal, subalterno de Jaimes (el de la preclusión), pretendió inspeccionar, en julio de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Un día llegaron agentes del CTI con orden de ingresar al computador de la secretaria general de esa sección para descubrir la identidad de un anónimo que denunció al poderoso entre los poderosos, al que ni Barbosa ni Jaimes se han atrevido a “inspeccionar” ni en sus haciendas ni casas ni oficinas pese a las 1.500 páginas de pruebas entregadas por la Sala de Instrucción: Uribe Vélez. Represión para unos. Impunidad para otros.