En septiembre de 2018, la Corte Suprema eligió a los magistrados que conformarían la nueva Sala Especial de Instrucción, o de primera instancia, conformada para investigar a los congresistas o excongresistas con fuero, un privilegio que permite ser examinado por jueces de la mejor preparación (ver). De ese modo, Colombia se acopló al estándar internacional de justicia que exige que los procesados dispongan de dos posibilidades (con una segunda instancia) para oponerse a los fallos que consideren arbitrarios o errados. Ese día, una de los seis elegidos fue la mayor del Ejército Cristina Eugenia Lombana. Era una selección rara porque los uniformados tienen su propia jurisdicción: la Justicia Penal Militar; pero, sobre todo, porque mientras están activos no pueden juzgar a los civiles: una norma fundamental en las democracias. Pese a merecer debate jurídico, el asunto pasó sin mucha atención pública hasta seis meses después (marzo de 2019) cuando el periodista Daniel Coronell contó en su columna, que tituló “La calladita”, que la mayor Lombana –quien cambiaba su uniforme verde oliva por la toga antes de llegar a su despacho–, había ocultado que trabajó en la oficina del abogado Jaime Granados, apoderado principal de Álvaro Uribe en el caso de soborno a testigos y fraude procesal. La Sala en que la jueza militar ya laboraba tenía que asumir como parte de sus funciones ese proceso, como, en efecto, lo hizo. En esa situación, la omisión de Lombana era grave porque significaba esconder un gigantesco impedimento. Su disculpa fue bochornosa: “ninguna certificación me fue expedida [por la oficina de Granados] ya que (…) en sus archivos no reposaba ningún registro [laboral] de mi paso por ese lugar” (ver).
Por segunda vez en pocos meses, la falla ética de la mayor togada fue pasada por alto por la opinión y por la Corte que la eligió. No contenta con su gran suerte en el terreno de la impunidad que la protege, cuando sus colegas de la Sala de Instrucción decidieron separarla del proceso Uribe, peleó como gato panza arriba e interpuso contra ellos una tutela. El Consejo de Estado le bajó los humos y le ordenó mantenerse lejos. Sin embargo, días antes de la Navidad de ese mismo 2019, Lombana, quien no respeta los límites de la ley, se autoadjudicó un caso sacado del sombrero de un mago: un supuesto anónimo que llegó a su correo y que presuntamente involucraba a uniformados en labores de inteligencia para entregarle datos a Uribe Vélez, fue suficiente para que ella ordenara allanar unas instalaciones militares (ver). Hoy se desconoce qué pasó con ese invento judicial. Más adelante, algunos medios y periodistas revelamos otros abusos y extralimitaciones de este esperpento con toga. En la lista de los excesos cometidos por ella no pueden ignorarse sus favorecimientos a unos procesados y su hostigamiento contra otros.
Y, ahora, lo que faltaba: denuncia penal en contra de Lombana por acoso laboral, maltratos, humillaciones, y por acusar a priori, basada en prejuicios y odio, a un grupo de policía judicial que apoya las labores de la Sala de Instrucción. La magistrada se autoerigió en investigadora, acusadora y juez, todo-en-una, y ya condenó a la coordinadora del CTI de la Fiscalía Luz Merly Acevedo, por incurrir, presuntamente, en prevaricato y peculado. Lombana no tiene pruebas: especula con base en sus maliciosos deseos y les exige a sus colegas botar a Acevedo y a los agentes (ver). La funcionaria le relató a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en donde presentó queja contra la togada, que la insultó con epítetos denigrantes y que, por tercera vez, la amenazó con denunciarla por apropiarse de $87 millones en viáticos. “Esa señora (la coordinadora) no tiene autorización de moverse de su escritorio”, ordenó Lombana limitando hasta el derecho de movilidad de una servidora pública que ha sido destacada por su buena gestión durante 27 años. Energúmena y descontrolada, la mal investida togada citó a una segunda reunión, con policías en la puerta, a los agentes dirigidos por Acevedo para instarlos a denunciar a su jefa. Los obligó a despojarse de chaquetas, sacos, bolsos, celulares y otros elementos. Prohibió grabar. También los trató a gritos y los puso en la picota. Una de las funcionarias le solicitó explicar por qué su nombre estaba incluido en una “investigación”. Lombana, oronda, le contestó (de acuerdo con el relato de los agentes): “no se preocupe. Yo tengo 43 investigaciones desde cuando fui juez de instrucción. Y aquí estoy”. Cinismo cierto: esta señora abusa, maltrata, califica, descalifica, procesa o deja de procesar, retrasa o acelera las decisiones. Haga lo que haga, nadie la investiga.
En septiembre de 2018, la Corte Suprema eligió a los magistrados que conformarían la nueva Sala Especial de Instrucción, o de primera instancia, conformada para investigar a los congresistas o excongresistas con fuero, un privilegio que permite ser examinado por jueces de la mejor preparación (ver). De ese modo, Colombia se acopló al estándar internacional de justicia que exige que los procesados dispongan de dos posibilidades (con una segunda instancia) para oponerse a los fallos que consideren arbitrarios o errados. Ese día, una de los seis elegidos fue la mayor del Ejército Cristina Eugenia Lombana. Era una selección rara porque los uniformados tienen su propia jurisdicción: la Justicia Penal Militar; pero, sobre todo, porque mientras están activos no pueden juzgar a los civiles: una norma fundamental en las democracias. Pese a merecer debate jurídico, el asunto pasó sin mucha atención pública hasta seis meses después (marzo de 2019) cuando el periodista Daniel Coronell contó en su columna, que tituló “La calladita”, que la mayor Lombana –quien cambiaba su uniforme verde oliva por la toga antes de llegar a su despacho–, había ocultado que trabajó en la oficina del abogado Jaime Granados, apoderado principal de Álvaro Uribe en el caso de soborno a testigos y fraude procesal. La Sala en que la jueza militar ya laboraba tenía que asumir como parte de sus funciones ese proceso, como, en efecto, lo hizo. En esa situación, la omisión de Lombana era grave porque significaba esconder un gigantesco impedimento. Su disculpa fue bochornosa: “ninguna certificación me fue expedida [por la oficina de Granados] ya que (…) en sus archivos no reposaba ningún registro [laboral] de mi paso por ese lugar” (ver).
Por segunda vez en pocos meses, la falla ética de la mayor togada fue pasada por alto por la opinión y por la Corte que la eligió. No contenta con su gran suerte en el terreno de la impunidad que la protege, cuando sus colegas de la Sala de Instrucción decidieron separarla del proceso Uribe, peleó como gato panza arriba e interpuso contra ellos una tutela. El Consejo de Estado le bajó los humos y le ordenó mantenerse lejos. Sin embargo, días antes de la Navidad de ese mismo 2019, Lombana, quien no respeta los límites de la ley, se autoadjudicó un caso sacado del sombrero de un mago: un supuesto anónimo que llegó a su correo y que presuntamente involucraba a uniformados en labores de inteligencia para entregarle datos a Uribe Vélez, fue suficiente para que ella ordenara allanar unas instalaciones militares (ver). Hoy se desconoce qué pasó con ese invento judicial. Más adelante, algunos medios y periodistas revelamos otros abusos y extralimitaciones de este esperpento con toga. En la lista de los excesos cometidos por ella no pueden ignorarse sus favorecimientos a unos procesados y su hostigamiento contra otros.
Y, ahora, lo que faltaba: denuncia penal en contra de Lombana por acoso laboral, maltratos, humillaciones, y por acusar a priori, basada en prejuicios y odio, a un grupo de policía judicial que apoya las labores de la Sala de Instrucción. La magistrada se autoerigió en investigadora, acusadora y juez, todo-en-una, y ya condenó a la coordinadora del CTI de la Fiscalía Luz Merly Acevedo, por incurrir, presuntamente, en prevaricato y peculado. Lombana no tiene pruebas: especula con base en sus maliciosos deseos y les exige a sus colegas botar a Acevedo y a los agentes (ver). La funcionaria le relató a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en donde presentó queja contra la togada, que la insultó con epítetos denigrantes y que, por tercera vez, la amenazó con denunciarla por apropiarse de $87 millones en viáticos. “Esa señora (la coordinadora) no tiene autorización de moverse de su escritorio”, ordenó Lombana limitando hasta el derecho de movilidad de una servidora pública que ha sido destacada por su buena gestión durante 27 años. Energúmena y descontrolada, la mal investida togada citó a una segunda reunión, con policías en la puerta, a los agentes dirigidos por Acevedo para instarlos a denunciar a su jefa. Los obligó a despojarse de chaquetas, sacos, bolsos, celulares y otros elementos. Prohibió grabar. También los trató a gritos y los puso en la picota. Una de las funcionarias le solicitó explicar por qué su nombre estaba incluido en una “investigación”. Lombana, oronda, le contestó (de acuerdo con el relato de los agentes): “no se preocupe. Yo tengo 43 investigaciones desde cuando fui juez de instrucción. Y aquí estoy”. Cinismo cierto: esta señora abusa, maltrata, califica, descalifica, procesa o deja de procesar, retrasa o acelera las decisiones. Haga lo que haga, nadie la investiga.