¡A cuántos les gustaría desprestigiar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y descalificar su trabajo! Por recordar solo un caso desarrollado allí, el magistrado César Augusto Reyes, hoy presidente de esa corporación, fue quien fortaleció el expediente de Uribe Vélez que investigó, inicialmente, la Sala Penal de esa misma corte. En el despacho de Reyes se proyectó la medida de aseguramiento que afectaba la libertad del poderoso político. Esa Sala de Instrucción, hoy cuestionada, fue la que decidió, por unanimidad, aprobar la detención domiciliaria para el exmandatario en consideración a su condición de antiguo dignatario.Cuánta razón le ha dado el tiempo al togado Reyes, que tomó esa medida por la cual fue sometido a todo tipo de vejámenes para evitar que el implicado obstruyera el caso: cuatro años después de las vacaciones obligadas que Uribe cumplió, apenas unas semanas, mientras disfrutaba del extenso verde de una de sus mansiones, ese proceso todavía da vueltas en la Fiscalía Barbosa-Duque, en donde, además de devolverle la libertad, han contradicho el concepto judicial de dos salas de la Corte, dos juezas y un tribunal superior. cosa increíble: la Fiscalía vs. la justicia justa. Una cosa es el bla, bla, bla del señor fiscal general y otra, los hechos.
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La Sala de Instrucción, compuesta por seis magistrados (Reyes, Alarcón, Rueda, Rodríguez, Lombana y Farfán), adelanta investigaciones serias y, con solvencia de argumentos, ha imputado a varios aforados políticos cuyas influencias no han valido para que sus togados se inhiban de continuar con las indagaciones. Recuerdo las acusaciones a los excongresistas Nilton Córdoba, por el delito de cohecho; León Fredy Muñoz, por tráfico de estupefacientes, y César Gómez, por prevaricato. En esa sala se decidirá también la suerte de Aida Merlano. Pero, ahora, el buen nombre de esa corporación ha quedado manchado por la presunta filtración de uno de sus togados, oriundo del Cesar, Francisco Farfán, a la matrona del muy mal reputado clan Gnecco de esa región, Cielo Gnecco, de la orden que él mismo dio para interceptar sus teléfonos y, principalmente, los del senador de la U José Alfredo Gnecco, procesado en su despacho. La transcripción de una de las charlas de Cielo con su sobrino investigado es absolutamente escandalosa: “Jose [sin tildar la e], es que… eh… Francisco Farfán… mandó un mensaje: que te dijera de que (sic) el teléfono al tuyo (sic) te están copiando todo… que tuvieras… que pa ver si lo cambiaras o que tuvieras precaución con el ‘tema’… No sé qué es cierto pero, ajá, hay que tener la precaución”. La revista digital Raya y Noticias Caracol revelaron, hace unos días, el contenido de esa conversación, de junio de 2019.
La grabación, obtenida legalmente por la policía judicial, repito, por orden de Farfán, se incorporó como material reservado al expediente del senador Gnecco el 14 de agosto de 2019. Para infortunio de su honra, dos años después, en febrero de 2022, el togado le archivó el proceso al senador Gnecco a quien investigaba por compra de votos. El cierre del caso y sus vínculos cesarenses constituyen malos indicios de la presunta inclinación del magistrado a favor del clan. Pero, del otro lado, su respuesta parece tener sentido: si quisiera favorecer a la familia Gnecco, no habría firmado ninguna orden para interceptarla en lugar de avisarle, después, a la matrona que estaban escuchándola. Farfán también actuó como correspondía ante el descubrimiento periodístico: reabrió el proceso contra el sobrino de la dueña de Valledupar, declaró su impedimento para seguir conociendo el caso y pidió sendas investigaciones en su contra y en contra de sus subalternos. No obstante, no puede ignorarse que subsisten feos interrogantes: siendo que la grabación incriminatoria se encontraba en los cuadernos que reposaban en su despacho, ¿nunca se enteró de la mención de su nombre y de las implicaciones delictivas que se derivan de ahí? ¿Los funcionarios de policía judicial que escucharon la grabación no lo informaron sobre su contenido? Si lo supo, ¿por qué guardó silencio, no denunció a Cielo Gnecco en ese momento y no informó a sus compañeros de Sala cuando les pidió la firma para el archivo? Nadie puede ser declarado culpable por la mención de una persona “que dijo lo que uno supuestamente dijo”. Sin embargo, la situación del togado Farfán —mismo que procesa, al parecer con firmeza, a Arturo Char— es incómoda ante sus compañeros y ante la sociedad. Esto es claro. También debe serlo que no ha sido condenado y, sobre todo, que no está en duda el trabajo que ha hecho la Sala de Instrucción en su corta existencia a pesar de que no todos sus miembros sean dignos de respaldo. Que no aprovechen los corruptos para descalificarla en su conjunto.
