Magistrados en peligro

Colombia revive, con la complacencia del gobierno Duque, la persecución que la Corte Suprema sufrió en las administraciones Uribe Vélez (2002-2010) cuando tres de sus presidentes, Ramírez, Valencia e Ibáñez, y su Sala Penal fueron víctimas de directores y agentes de Inteligencia del Estado que se concertaron con funcionarios de la Casa de Nariño para atentar contra su dignidad y la de sus familias, con el fin de satisfacer las exigencias del mandatario del momento. Este pretendía, como hoy, frenar o cambiar el curso de los procesos que se adelantaban, allí, contra su primo y exfórmula electoral, el senador Mario Uribe, y contra los parlamentarios de su coalición que se aliaron con paramilitares tenebrosos para repartirse los bienes públicos, entre esos, los Castaño y otras yerbas de ese repugnante pantano (así los llamaba el columnista Fernando Garavito —q. e. p. d.— quien tuvo que asilarse por ello). No es raro que la ignominia de esa época, tan presente en los poderes públicos actuales, regrese: Duque es otro Tomás y otro Jerónimo, solo un poco mayor. Y su papá manda a los tres y estos obedecen, última y sagrada palabra, hasta obligarlos a tragarse por segunda vez un jugo que el cuerpo rechaza. En eso andan el uno, el otro y el otro. En eso andan, también, el Inpec, la Policía, que es el Inpec, además de hombres vestidos de civil que trabajan como si tuvieran licencia oficial. La víctima es, como ya dije, la Corte Suprema y, aunque el foco de los seguimientos se concentra en algunos de sus miembros, el ataque está dirigido contra la autonomía de la corporación judicial. Que no se equivoque: o todos sus miembros se someten o quedan en lista.

Por ahora los objetivos inocultables de la trama son, de un lado, el exmagistrado José Luis Barceló quien carga con el pecado capital de haber adelantado el proceso Uribe vs. Cepeda, y, del otro, integrantes de la recién conformada Sala de Instrucción en donde algunos ya doblaron sus rodillas por afinidad con el verdugo o por temor a este, da igual pues togado cómplice o togado intimidado ya no es juez, es reo. La campaña de desprestigio y más de aniquilación se ha concentrado en el instructor del proceso derivado del que adelantó y cerró Barceló a favor del senador Cepeda. César Reyes se llama quien resolvió, en este segundo caso, la situación jurídica de Uribe Vélez ordenando su detención domiciliaria. Los ataques contra él no cesan desde entonces y se incrementan peligrosamente. Uno de los medios de propaganda del imputado y de su Gobierno subalterno publicó una notícula sobre “Reyes y su obsesión con Uribe” en que señalaba que “(él) le pidió a la Fiscalía algo insólito: que le informe sobre el avance de las investigaciones de estado del caso Uribe” sin tener competencia, qué arbitrariedad. La persona que escribió el “confidencial”, además de evidenciar su mala redacción, mintió a sabiendas pues el propio apoderado del exmandatario, Jaime Granados, explicó la verdad al autor o autora, no por generoso sino por guardar apariencias ante la rama en la que litiga. El abogado le dijo a ese medio que “es bueno dejar las cosas en su lugar: (Reyes) está requiriendo información de (otros procesos) en los que compulsó copias... y cualquier autoridad que compulse copias (para investigar a otras personas) puede preguntar (a la Fiscalía)”.

El magistrado Reyes, a quien respeto por su independencia en un país de cobardía, viene siendo acosado por una cohorte de siervos del poder, por cumplir con su función de fallar en derecho. Contra él han echado la misma cantaleta —no por vieja, menos riesgosa— de Uribe en sus años de persecución a la Corte anterior: aliado del terrorismo, guerrillero de las Farc, asesor de Santos, etc., etc., etc. Pero ese hostigamiento no termina en retórica barata. Como sucedió hace 12 y 13 años, este magistrado ha sido blanco de un ataque físico y otro cibernético, según consta en denuncias formuladas ante la Fiscalía Barbosa, denuncias que ese ente, ocupado en filtrar fake news, mantiene revueltas en un cajón. El primer ataque ocurrió en la residencia del togado cuando una camioneta desconocida irrumpió en el sótano de parqueaderos y hombres con capucha descendieron de ella e intentaron acceder a pisos altos para tomar fotografías. Hay pistas de que los ocupantes del vehículo serían policías activos. El segundo embate fue contra su computador, según se lee en el informe. Un técnico detectó la interferencia remota a sus archivos. Como si fuera poco, fue grabada, en una declaración judicial, la confesión de Uribe cuando expresó el rencor que siente contra Reyes y contra los otros magistrados que firmaron su medida de aseguramiento. Por modesto, silencioso y alejado de la publicidad que sea, Reyes no puede seguir desprotegido. Aquí nadie parece interesado en protegerlo. Por el contrario. En consecuencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debería dictar medidas cautelares en defensa de su integridad. Si no se impide, con ellas, que los criminales sigan con sus planes, al menos que queden expuestos ante el continente con su jefe incluido.