El asesino en serie enjaulado en prisiones norteamericanas hace 15 años dijo esta semana, desde un centro de detención en Georgia, que sus narcoparamilitares de los 80, 90 y primera década del 2000 ayudaron a financiar las campañas presidenciales de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Horacio Serpa (con la acotación histórica necesaria de que Serpa —q. e. p. d.— nunca llegó a la Casa de Nariño porque los políticos lo traicionaron para adherir a Pastrana). El macrocriminal especificó que: “las Autodefensas (AUC) intervinieron de manera directa en las elecciones presidenciales de mayo de 2002”, fecha, resalto yo, en que Uribe Vélez se convirtió en el primer mandatario de la Nación. Mancuso es el máximo testigo de esa época sangrienta que aún puede contar la historia. Los demás, clan Castaño incluido, fueron ejecutados. Por ser quien es, sus declaraciones han hecho temblar, de nuevo, a Colombia. Esta vez, no por las masacres, homicidios, secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en que participó, sino porque ha confesado de manera concreta mediante la identificación de los ilustres miembros del establecimiento que los incentivaron a él y a sus asesinos a arrasar pueblos enteros para defender al Estado y sus instituciones, de acuerdo con la falacia ideológica de una ultraderecha blanqueada. Y no es que Mancuso no hubiera revelado ya los pútridos nexos de sus grupos delictivos con personajes de representación social. En esta ocasión la repercusión de sus confesiones parece ser más amplia porque sus palabras no se enredaron entre miles de folios y expedientes: las ha pronunciado —con una calma que estremece por su insensibilidad— en cuatro audiencias públicas ante magistrados de la JEP, con transmisión en directo a todo el país. Así que resulta difícil no escuchar su eco.
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El lunes pasado, el heredero de Uribe saltó desde su tribuna en Twitter para intentar minimizar los efectos de las afirmaciones del exparamilitar en que se devela lo que han querido ocultar los civiles que, con su poder, mando y permisividad, se involucraron con los criminales de la guerra. Iván Duque trinó: “La tal ‘verdad’ de Mancuso es una venganza con el Gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a los EE. UU. Por supuesto, lo que busca, (sic) es eludir sus crímenes en Colombia ante Justicia y Paz y que lo incluyan en la JEP para no pagar cárcel” (ver). El ataque no solo viene contra Mancuso a quien, creo, poco le debe importar lo que diga Duque por ser este el subalterno del hombre con quien se entendían las AUC, según las evidencias compiladas en decenas de libros de investigación. El ataque, digo, es, ante todo, contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el escenario legal y constitucional cuyo marco ha hecho posible que los mayores perpetradores de los delitos de lesa humanidad que manchan esta tierra, tanto miembros de las FARC como agentes del Estado, digan la verdad. Cuando Duque ejercía como presidente, intentó liquidar la jurisdicción de paz presentándole al Congreso seis objeciones a la ley estatutaria que les daba soporte a los derechos de las víctimas. Al final y contra su voluntad, tuvo que firmar la ley, más por presión internacional que por acatamiento al orden interno.
El entorno uribista contra la JEP, reactivado por estos días, en coincidencia con las declaraciones de Mancuso, se manifestó también mediante el comentarista Carlos Enrique Moreno, destacado empresario antioqueño en cuya hoja de vida se lee que fue nombrado por el presidente Duque recién posesionado, como su principal consejero, aunque duró poco en ese cargo. Dicen que se aburrió pronto porque no encontró, en ese entorno, a alguien inteligente con quien pudiera intercambiar ideas. El doctor Moreno es, además, cuñado de Álvaro Uribe, hermano de doña Lina. El empresario abordó, en su columna del sábado pasado, un tema cuya oportunidad no se comprendía, a primera vista, pues parecía materia de un debate superado. La tituló “¿Usurpa la JEP la justicia ordinaria?” Entre otras frases, Moreno asevera que la JEP es un “sistema de justicia creado por las FARC para la FARC”; que “los magistrados (que la componen) fueron escogidos por las FARC”; y que los comparecientes “tendrán prebendas, privilegios, rebajas y un trato especial…” (ver). Uribe, su pariente columnista y su subalterno político olvidan que la JEP es una institución respaldada por el mundo: por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, La Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros organismos. Las revelaciones de Mancuso no le restan respeto a la JEP. Confirman la importancia de ese espacio judicial sin el cual jamás conoceríamos el abismo en que caímos por cuenta de los mal calificados “dirigentes” de esta sociedad.
