“Necesidades del servicio” o prevaricato de la Fiscalía

Prevaricato: “Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte, a sabiendas, una resolución injusta”. No me queda ninguna duda sobre la verdad exacta de las revelaciones que la valiente fiscal Ángela María Monsalve les entregó al columnista y presidente de la revista Cambio, Daniel Coronell, y al periodista Juan David Laverde, del canal Caracol, en cuanto al tráfico de influencias en que incurrieron, y a las presiones que intentaron ejercer sobre ella, poderosos señores para que no acusara, ante un juez, a otros poderosos señores. No es la primera vez ni tampoco será la última en que la Fiscalía Barbosa —que no produce sino repudio moral— desvanece los problemas judiciales de sus amigos a punta de artimañas delictivas, o que los inventa para vengarse de aquellos a quienes ordena eliminar. Trataron de aproximarse a esta digna fiscal los siguientes personajes: el exfiscal general Néstor Humberto Martínez (¿les extraña?); Rodrigo Noguera (¿les extraña?), rector de la Universidad Sergio Arboleda; el abogado Juan Alberto Castro (¿el director del gremio de las licoreras, cercano a Germán Vargas Lleras y, por vía de este, a Barbosa?), y otro abogado cuyo nombre se desconoce. El objeto de tanta atención, para la investigadora, no era otro que impedir que ella siguiera adelante con un proceso penal contra la familia Ríos Velilla compuesta por tres hermanos empresarios con negocios y contratos multimillonarios con el Estado colombiano y con otros Estados, en materia de distribución de energía, recolección de basuras y sistemas de transporte, entre otros.

Prevaricato: “Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte, a sabiendas, una resolución injusta”. No me queda ninguna duda sobre la verdad exacta de las revelaciones que la valiente fiscal Ángela María Monsalve les entregó al columnista y presidente de la revista Cambio, Daniel Coronell, y al periodista Juan David Laverde, del canal Caracol, en cuanto al tráfico de influencias en que incurrieron, y a las presiones que intentaron ejercer sobre ella, poderosos señores para que no acusara, ante un juez, a otros poderosos señores. No es la primera vez ni tampoco será la última en que la Fiscalía Barbosa —que no produce sino repudio moral— desvanece los problemas judiciales de sus amigos a punta de artimañas delictivas, o que los inventa para vengarse de aquellos a quienes ordena eliminar. Trataron de aproximarse a esta digna fiscal los siguientes personajes: el exfiscal general Néstor Humberto Martínez (¿les extraña?); Rodrigo Noguera (¿les extraña?), rector de la Universidad Sergio Arboleda; el abogado Juan Alberto Castro (¿el director del gremio de las licoreras, cercano a Germán Vargas Lleras y, por vía de este, a Barbosa?), y otro abogado cuyo nombre se desconoce. El objeto de tanta atención, para la investigadora, no era otro que impedir que ella siguiera adelante con un proceso penal contra la familia Ríos Velilla compuesta por tres hermanos empresarios con negocios y contratos multimillonarios con el Estado colombiano y con otros Estados, en materia de distribución de energía, recolección de basuras y sistemas de transporte, entre otros.

Pues bien, los Ríos, también cercanos a Vargas Lleras, no son X, como nosotros, los ciudadanos de a pie, para enfrentar un juicio. Así que había que “comprar” a la fiscal con lisonjas o con miedo. No lo lograron y, gracias a su valentía, quedaron más desprestigiados de lo que ya estaban en círculos cerrados. ¡Pero claro que conseguirán salir limpios de toda culpa con Barbosa, quien argumentó que el repentino traslado de la funcionaria a Putumayo ordenado por él era una “necesidad del servicio”! Juegan con las instituciones y, encima, nos creen idiotas.

Barbosa también trasladó, de manera repentina, tal como sucedió con Ángela María Monsalve, al curtido fiscal Jaime Zetien que investigaba al candidato presidencial Sergio Fajardo por haber celebrado un contrato, como gobernador, sustituyendo una deuda en pesos, por otra en dólares. Zetien, con 27 años de carrera, fue enviado desde Bogotá al Catatumbo, en plena zona de guerra. Es un secreto a voces que el jefe de Zetien, el recién nombrado fiscal octavo delegado ante la Corte, Leonardo Augusto Cabana, es de los que “hacen caso”, como tan gráficamente describió a los borregos que agachan la cabeza ante una orden el detenido Luis Gustavo Moreno cuando contó que esa era la condición de Martínez Neira para nombrar abogados en la Fiscalía.

Cuentan que el curtido Zetien, quien adelantaba el proceso Fajardo en sus minucias y según su criterio jurídico independiente, creía que el caso debía ser archivado. Entonces apareció, mágicamente, la “necesidad del servicio” y fue despachado. Sin su estorbo, la Fiscalía podrá seguir acusando al candidato Fajardo, odiado por la clase política tradicional antioqueña (léase César Pérez, condenado por una masacre; Luis Pérez, de legendaria mala fama; los áulicos de estos, Álvaro Uribe y otros tantos). Reposan en el historial de ese proceso documentos y fechas que dan pistas de la persecución política tornada, durante el gobierno Duque, en persecución judicial: el 31 de marzo del año pasado, la Fiscalía informó que “le imputaría cargos por irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda” (ver). El 30 de abril, un mes después, cuatro investigadores expertos entregaron, al despacho, un informe de conclusión en que dicen que “la tasa pactada con el préstamo de redescuento es menor que la de los préstamos” sustituidos; que “el plazo estipulado (para el pago) ampliaba el plazo” anterior; que “se mantuvieron las condiciones de las garantías”, y que “los recursos recibidos por concepto de la sustitución ... fueron utilizados para hacer pagos de las deudas sustituidas”.

La abogada que, en esa fecha, era fiscal octava, recibió el informe el 4 de mayo. No obstante, y como ya estaba dada la orden, ella guardó en su cajón el informe y al día siguiente fue a acusar a Fajardo, ante los jueces, del delito que ella sabía que él no había cometido. Inocencias, preclusiones, prescripciones por el simple paso del tiempo para los Uribes, los Ríos y hasta para Jaimes, el segundo de Barbosa, aun cuando hayan transgredido la ley. Condena y pena de cárcel para los demás.