La suerte judicial de Diego Cadena, el exapoderado de Álvaro Uribe, está echada. Dentro de dos días, el viernes 15 de agosto a las ocho de la mañana, el juez del caso que ese procesado enfrenta –por los mismos ilícitos en que incurrió el expresidente– revelará si lo condena o lo absuelve. Entonces veremos la otra cara de la moneda. De un lado, Uribe ya fue encontrado culpable de cometer los delitos de fraude procesal y soborno a testigos cuando los planeó e indujo a Cadena a ejecutarlos. Del otro, el juez del autodenominado “abogángster” dirá, en cuestión de horas, si hay suficiente evidencia de que él visitó las cárceles para convencer a unos reclusos de que firmaran cartas con declaraciones falsas que favorecerían a Uribe. Según indica la lógica penal, Cadena también debería ser condenado. Por eso resulta francamente demencial que intente armar, al mismo tiempo en que se redacta el fallo que lo enviaría a prisión, otro montaje con falsos testigos en que una víctima es, de nuevo, el senador Iván Cepeda; y la otra, el abogado Miguel Ángel del Río. Ambos participaron en el juicio al exmandatario como su contraparte.
Pensaría uno que lo último que se le ocurriría a alguien con dos dedos de frente sería aportarle más evidencias de su conducta ilegal a la justicia, cuando esta se encuentra a punto de decidir si lo manda a prisión o no. Pues bien, Cadena lo hizo, convencido de que nadie lo iba a descubrir. Se equivocó. Aunque los medios hayan ignorado el escándalo de la conspiración que se estaba armando para destruir a los mayores contradictores del expresidente en su juicio, la contundencia de los hechos que prueban su existencia es inocultable: 1. En las grabaciones de conversaciones publicadas por el periodista Daniel Coronell, entre Diego Cadena y el llamado “narcochofer”, un cliente del abogado Del Río, queda claro que el objetivo del exapoderado de Uribe era involucrar al congresista y al penalista con una supuesta red de narcotráfico de un grupo guerrillero 2. En el Consejo de Estado, la Fiscalía y la Corte Suprema aparecieron demandas y denuncias interpuestas por un abogado cuya firma fue suplantada y cuyos datos eran inventados. Los demandados eran el senador y Del Río 3. La magistrada de la Suprema, Cristina Lombana, con viejos vínculos con el uribismo, tiene en su despacho la denuncia apócrifa contra Cepeda. Nadie se explica cómo le llegó ese caso a ella 4. El congresista y Del Río publicaron un comunicado en que advierten el entrampamiento que estaban organizando en su contra 5. La Fiscalía General y la mismísima embajada de Estados Unidos en Bogotá fueron notificadas del desarrollo de la trampa en que participaron Cadena, el “narcochofer” (Manuel Castañeda), varios narcotraficantes, dos agentes de la DEA y el FBI y, también, un grupo de políticos colombianos y de congresistas de la Florida, cuyo papel consistía en ambientar las redes sociales para cuando explotara el lío. Y hasta los propios hijos del jefe del Centro Democrático, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, que se movieron febrilmente con sus trinos con el fin de orquestar la misma campaña y preparar el momento del destape del escándalo que debería estallar dos semanas antes de que la juez 44 profiriera el fallo que afectó al expresidente.
Desacreditarían, de ese modo, a los contradictores de Uribe Vélez y, de paso, dejarían maltrecha la legitimidad de la sentencia. Se deduce de las evidencias halladas que se proponían conseguir un escrito de acusación (indictment) por narcotráfico contra Cepeda y Del Río formulado por un fiscal de Estados Unidos, supuestamente con solicitud de extradición inmediata. Todo estaba coordinado. Sin embargo, a los actores del complot les falló un factor: el “narcochofer” fue leal con su abogado Del Río, a pesar de que los agentes norteamericanos le ofrecieron visa, viaje e ingreso al programa de protección de testigos a cambio de declarar falsedades contra ellos. Decidió contarle la trama a su apoderado mientras continuaba participando en el montaje para obtener más pruebas. Por eso, y por la rapidez con que actuaron el jurista e Iván Cepeda, se pudo conjurar la intriga. De lo contrario, hoy serían el centro de un entrampamiento similar al que padeció la JEP en época del exfiscal Martínez Neira, por cierto, testigo de Uribe en su fallida defensa; el exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, varios expresidentes y togados de la Corte Suprema que investigaba la parapolítica y Yidis Medina, entre otros personajes que sufrieron las mañas truculentas de los círculos uribistas. No aprenden: vuelven a sus andadas porque todavía creen que están por encima de la ley.
Entre paréntesis.- Fechas clavede constancia del montaje que fue abortado, al menos temporalmente, cuando quedó al descubierto el entrampamiento: 11 de mayo, 2025 (dos meses y medio antes del fallo contra de Uribe): reunión para armar el complot entre Cadena, el “narcochofer” a quien Cadena se proponía “comprar”, un agente de la DEA y un agente del FBI, en un hotel de Bogotá; 27 de mayo/25: Cadena le propone al “narcochofer” que le dé datos para infiltrar a los escoltas del abogado y los empleados de su oficina; 18 de junio:denuncia penal de Cepeda y del Río ante la fiscal General, con pruebas del montaje; 21 de junio: agentes de Estados Unidos le piden al “narcochofer” ir a la embajada americana para firmar un convenio de colaboración según el cual él sería testigo contra Del Río y Cepeda a quien no ha visto nunca; 25 de junio: comunicado público de Cepeda y Del Río; 11 de julio (dos semanas antes de la lectura del sentido del fallo contra Uribe): Cadena le informa al “narcochofer” que va a reventar el escándalo contra su abogado y el senador; 14 de julio: Coronell revela los audios que prueban el montaje; 28 de julio: juez 44, sin enterarse de la trampa con que querían deslegitimar su decisión, lee el sentido de fallo contra el expresidente.
