Por la forma como se mueve en el ejercicio político —y hasta corporal, según video de baile acaramelado que circula en las redes y cuya autenticidad no ha sido negada por él—, Federico Gutiérrez ha sido favorecido, además de los partidos tradicionales y del rancio establecimiento antioqueño, por el poder del Estado que lo beneficia siempre que es candidato local o nacional, pese a la prohibición legal que rige para los servidores oficiales, especialmente los de mayor rango y nivel de decisión. Ahora, cuando la participación en política de los funcionarios prominentes ha llegado al nivel de guachafita, a tal punto que actúan de frente y sin vergüenza, Gutiérrez se encuentra en uno de los mejores escenarios porque disfruta de las ventajas de quienes lo bendicen y critica, por sí o mediante sus aliados, a los que hacen lo mismo pero en su contra. En días recientes, ocurrieron dos hechos demostrativos del doble rasero que se aplica a los violadores de la Ley de Garantías Electorales en el caso del candidato de la derecha política y empresarial colombiana para la Alcaldía de Medellín, antecedente seguro para su nueva aspiración presidencial. El primer e ineludible ejemplo que abona su cuenta de votos surge, de nuevo —¡qué fatiga!—, del fiscal general cuyas afiladas uñas de politiquero en campaña esconde cada vez con menor esfuerzo, debido a que, a cuatro meses del fin de su periodo, ni le importa ni le preocupa un castigo imposible: no en vano se da el lujo de exhibir las ilegalidades en que incurre, en medio de los aplausos de quienes lo usan para fines más duraderos que su pobre presencia en el ente investigador. ¡Veremos cuántos lo recordarán después de marzo!
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La semana pasada, el empleado público apellidado Barbosa se paró frente a unos mil empresarios e invitados de la Federación de Comerciantes (Fenalco), en Cali. Saludó a los presentes, entre estos, a los directivos de Fenalco, a “mi equipo directivo”, a “mi esposa” y a otros más, distinguiéndolos con el apelativo excluyente de “(la) gente decente que tiene Colombia y no (los) criminales”. Echó su repetitivo cuento ilusorio sobre las batallas que se ha fajado para “defender la institucionalidad contra la barbarie”; se vanaglorió de haber “transformado a la sociedad” con su fiscalía, la cual “está —gracias a él— en el corazón de los colombianos”, e insultó, como ya es su costumbre pero con más grosería, al jefe de Estado a quien llamó “el presidente de los presos”; incluso relacionó, innecesariamente y con intención de herir, al hijo del mandatario sin consideración a los principios de neutralidad de la justicia y presunción de inocencia puesto que el encartado no ha sido, aún, condenado por un juez.
Pero volvamos a la intervención en política electoral del que clama por la independencia de poderes: casi al final del salpicón que hizo de su discurso deshilvanado, el “salvador” de la República nombró al candidato de su preferencia: “Le decía, ayer, al doctor Federico Gutiérrez que nos acompaña (en primera fila) … porque hablé con él a propósito de la amenaza contra su vida y su familia, que cuente con la Fiscalía General de la Nación, doctor Federico. Ayer, un fiscal ya envió una comunicación a la UNP para que le fortalezcan sus esquemas de seguridad y los de su familia. Investigaremos rápidamente. Ya priorizamos esa investigación … le doy una respuesta rápida … diciéndole (sic) a las entidades respectivas que lo protejan. ¡Que ponga la cara el director de la UNP y rápidamente le haga sus estudios para que se fortalezca su seguridad!” (ver). Nadie es tonto en política: la alusión a Gutiérrez fue un llamado electoral a proteger a la “víctima”. Su participación ilegal e inconstitucional ante los votantes potenciales, con mayor gravedad por provenir de un funcionario judicial, fue respondida con aplausos de los “decentes” del país, los mismos que han rechazado la conducta del recién retirado alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que tuvo una conducta similar: ha apoyado a su candidato desde cuando ejercía su mandato. Tal cual lo ha practicado el presidente con sus trinos y manifestaciones callejeras para beneficiar al aspirante Bolívar (ver). Pero también Duque: en abril del 2022, el entonces jefe de Estado fue denunciado por aprovechar los actos oficiales para criticar al aspirante presidencial Petro y favorecer a Federico Gutiérrez (ver). Al estándar violador se ha sumado la alcaldesa de Bogotá con sus declaraciones encendidas de clara ubicación política futura. Todos se burlan de la norma y todos deberían ser sancionados, sin opción, sin excepción. Lo que no puede admitirse es que el favorecimiento indebido sea aceptable en unos y censurable en otros. Colombia hipócrita.
