Alejandro Ordóñez, el imaginario candidato presidencial -puesto que no tiene partido que lo avale-, anda recorriendo medios para tratar de desvirtuar verdades de a puño que dejan mal parada su sinuosa ética de procurador general. Intenta verse indignado para hacer más creíble lo que quiere desmentir, con una inseguridad de expresión que no le conocimos cuando detentaba poder omnímodo. Pero lo comprendo: su doble moral ha sido expuesta con pruebas irrefutables en el noticiero de televisión que dirijo. Me refiero al documento oficial del cierre por prescripción (es decir, por no haber investigado los hechos a tiempo), del primer proceso disciplinario que hubo en Colombia por los sobornos de Odebrecht. Allí consta cómo una queja contra los mismos funcionarios del gobierno Uribe que hoy están metidos hasta el cuello en el escándalo, pasó de mano en mano entre sus subalternos hasta cuando se cerró la posibilidad legal de sancionarlos.
11 de noviembre de 2010. Un ciudadano presentó una queja ante la Procuraduría por los hechos revelados en varios artículos de Gerardo Reyes, periodista del Nuevo Herald. Reyes transcribió lo que le reveló Miguel Nule en una entrevista en que aceptó que hubo una reunión en Panamá, en 2009, a la que asistieron el propio Nule, André Rabello, presidente de Odebrecht en Panamá (hoy, delator de la corrupción de su firma ante la justicia de Estados Unidos); Tomás Uribe (hijo del presidente de la época, Álvaro Uribe), un socio de Tomás y un miembro del gobierno panameño. El motivo de tan misteriosa cita era el de explorar la posibilidad de que los Nule y Odebrechet se asociaran para presentarse unidos a la licitación de la Ruta del Sol. Apartes de la charla: P/ ¿Ustedes (con Tomás) … entran a las oficinas ¿de quién? R/ Del presidente de Odebrecht en Panamá. R/ ¿Qué papel jugaba ahí el hijo del Presidente? R/ Pues intermediando para que nosotros (Nule-Odebrecht) estuviéramos juntos (en la licitación Ruta del Sol).
21 de mayo de 2015. En el renglón “asunto” del escrito que relaciona la historia interna de la queja, se lee: Auto que declara la extinción de la acción disciplinaria por prescripción y archivo” (ver). Los funcionarios del gobierno Uribe que la Procuraduría Ordóñez ha debido investigar pero cuya conducta no examinó con seriedad eran: Daniel García Arizabaleta, director de Invías; Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Obras; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión de Regalías; y Miguel Peñaloza, alto Consejero presidencial. Paradójicamente, estos son los mismos sujetos de procesos penales, en la actualidad.
La queja contra los cuatro ejecutivos de Uribe es clara: “por encontrarse presuntamente involucrados en supuestos hechos de extorsión a los contratistas exigiendo el pago de comisiones ilegales para que les fueran adjudicados los contratos…” El quejoso no solo especificó que “García Morales y García Arizabaleta presuntamente exigían el pago de cuantiosas comisiones ‘garantizando’ la adjudicación (de la Ruta del Sol)” sino que añadió que solicitaba “analizar la participación de los señores Tomás y Jerónimo Uribe…”
Desde el día en que se formuló la queja y durante cinco años, el expediente rodó de un lado a otro entre las procuradurías delegadas que se botaron la papa caliente así: la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se la mandó a la Delegada para la Moralidad Pública y a la Primera y Segunda para la Contratación. La de Moralidad se zafó enviándola a la oficina de Asuntos Disciplinarios que se la devolvió a la de Moralidad y esta se la empacó a la de Asuntos Disciplinarios. El peloteo se devolvió porque llegó de nuevo a la de Moralidad. Dos años después, se reinició el juego: la de Moralidad la mandó a las dos delegadas para la Vigilancia Administrativa y estas entraron en conflicto de competencias. Nueve meses más tarde (julio de 2014), el expediente reapareció, por enésima ocasión, en el escritorio de la Segunda Delegada para la Vigilancia que ordenó, por fin, la apertura de investigación de los cuatro funcionarios. A los diez meses declaró la “extinción de la acción disciplinaria por prescripción”. Claro que entiendo a Ordóñez y a sus delegados: ¿Quién se iba a enfrentar a Álvaro Uribe y a sus hijos en 2010, fuera de unos pocos periodistas suicidas?
Entre paréntesis.- Hay gente muy loca: el exministro Fernando Londoño entrevistó, en diciembre del año pasado, al “presidente de la República” Alejandro Ordóñez. No me equivoco: al “presidente” Ordóñez, el de su mundo imaginario. La respuesta del “presidente” sobre qué haría en cuanto pisara la Casa de Nariño fue esta: “algo que se debe hacer de inmediato… es reordenar el país a partir de reordenar la Corte Constitucional…A lo primero que debemos meterle mano… es a la forma como está integrada la corte, a las mayorías que se requieren para tomar decisiones… Y para que implique un verdadero rediseño de este órgano, convocar una asamblea nacional constituyente con las nuevas mayorías”. Ni las Farc llegaron tan lejos. Además de loca, hay gente muy peligrosa que se beneficia y hasta abusa de las libertades de la democracia pero no saben cómo hacer para acabarla.
Alejandro Ordóñez, el imaginario candidato presidencial -puesto que no tiene partido que lo avale-, anda recorriendo medios para tratar de desvirtuar verdades de a puño que dejan mal parada su sinuosa ética de procurador general. Intenta verse indignado para hacer más creíble lo que quiere desmentir, con una inseguridad de expresión que no le conocimos cuando detentaba poder omnímodo. Pero lo comprendo: su doble moral ha sido expuesta con pruebas irrefutables en el noticiero de televisión que dirijo. Me refiero al documento oficial del cierre por prescripción (es decir, por no haber investigado los hechos a tiempo), del primer proceso disciplinario que hubo en Colombia por los sobornos de Odebrecht. Allí consta cómo una queja contra los mismos funcionarios del gobierno Uribe que hoy están metidos hasta el cuello en el escándalo, pasó de mano en mano entre sus subalternos hasta cuando se cerró la posibilidad legal de sancionarlos.
11 de noviembre de 2010. Un ciudadano presentó una queja ante la Procuraduría por los hechos revelados en varios artículos de Gerardo Reyes, periodista del Nuevo Herald. Reyes transcribió lo que le reveló Miguel Nule en una entrevista en que aceptó que hubo una reunión en Panamá, en 2009, a la que asistieron el propio Nule, André Rabello, presidente de Odebrecht en Panamá (hoy, delator de la corrupción de su firma ante la justicia de Estados Unidos); Tomás Uribe (hijo del presidente de la época, Álvaro Uribe), un socio de Tomás y un miembro del gobierno panameño. El motivo de tan misteriosa cita era el de explorar la posibilidad de que los Nule y Odebrechet se asociaran para presentarse unidos a la licitación de la Ruta del Sol. Apartes de la charla: P/ ¿Ustedes (con Tomás) … entran a las oficinas ¿de quién? R/ Del presidente de Odebrecht en Panamá. R/ ¿Qué papel jugaba ahí el hijo del Presidente? R/ Pues intermediando para que nosotros (Nule-Odebrecht) estuviéramos juntos (en la licitación Ruta del Sol).
21 de mayo de 2015. En el renglón “asunto” del escrito que relaciona la historia interna de la queja, se lee: Auto que declara la extinción de la acción disciplinaria por prescripción y archivo” (ver). Los funcionarios del gobierno Uribe que la Procuraduría Ordóñez ha debido investigar pero cuya conducta no examinó con seriedad eran: Daniel García Arizabaleta, director de Invías; Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Obras; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión de Regalías; y Miguel Peñaloza, alto Consejero presidencial. Paradójicamente, estos son los mismos sujetos de procesos penales, en la actualidad.
La queja contra los cuatro ejecutivos de Uribe es clara: “por encontrarse presuntamente involucrados en supuestos hechos de extorsión a los contratistas exigiendo el pago de comisiones ilegales para que les fueran adjudicados los contratos…” El quejoso no solo especificó que “García Morales y García Arizabaleta presuntamente exigían el pago de cuantiosas comisiones ‘garantizando’ la adjudicación (de la Ruta del Sol)” sino que añadió que solicitaba “analizar la participación de los señores Tomás y Jerónimo Uribe…”
Desde el día en que se formuló la queja y durante cinco años, el expediente rodó de un lado a otro entre las procuradurías delegadas que se botaron la papa caliente así: la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se la mandó a la Delegada para la Moralidad Pública y a la Primera y Segunda para la Contratación. La de Moralidad se zafó enviándola a la oficina de Asuntos Disciplinarios que se la devolvió a la de Moralidad y esta se la empacó a la de Asuntos Disciplinarios. El peloteo se devolvió porque llegó de nuevo a la de Moralidad. Dos años después, se reinició el juego: la de Moralidad la mandó a las dos delegadas para la Vigilancia Administrativa y estas entraron en conflicto de competencias. Nueve meses más tarde (julio de 2014), el expediente reapareció, por enésima ocasión, en el escritorio de la Segunda Delegada para la Vigilancia que ordenó, por fin, la apertura de investigación de los cuatro funcionarios. A los diez meses declaró la “extinción de la acción disciplinaria por prescripción”. Claro que entiendo a Ordóñez y a sus delegados: ¿Quién se iba a enfrentar a Álvaro Uribe y a sus hijos en 2010, fuera de unos pocos periodistas suicidas?
Entre paréntesis.- Hay gente muy loca: el exministro Fernando Londoño entrevistó, en diciembre del año pasado, al “presidente de la República” Alejandro Ordóñez. No me equivoco: al “presidente” Ordóñez, el de su mundo imaginario. La respuesta del “presidente” sobre qué haría en cuanto pisara la Casa de Nariño fue esta: “algo que se debe hacer de inmediato… es reordenar el país a partir de reordenar la Corte Constitucional…A lo primero que debemos meterle mano… es a la forma como está integrada la corte, a las mayorías que se requieren para tomar decisiones… Y para que implique un verdadero rediseño de este órgano, convocar una asamblea nacional constituyente con las nuevas mayorías”. Ni las Farc llegaron tan lejos. Además de loca, hay gente muy peligrosa que se beneficia y hasta abusa de las libertades de la democracia pero no saben cómo hacer para acabarla.