Papel de los periodistas en las crisis del poder

La  desesperada defensa pública que el senador Uribe ha emprendido desde el momento en que la Corte Suprema anunció la apertura de un proceso penal en su contra por soborno a testigos y fraude procesal ha puesto a la prensa, a sus reporteros, directivos y analistas en una situación similar a la que vivió el periodismo colombiano —con muchos saldos en rojo— durante el tormentoso “Proceso 8.000” de mediados de los 90, cuando el candidato perdedor de las elecciones, Andrés Pastrana, dio una misteriosa declaración sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña de quien lo había derrotado, Ernesto Samper. Poco después estallaría el escándalo presidencial más grave del país en las décadas finales del siglo XX: el noticiero 24 Horas, de propiedad del líder conservador Álvaro Gómez, del mismo partido de Pastrana, reveló la existencia de unas grabaciones que demostrarían la financiación, con plata de la mafia, de la campaña ganadora. Se trataba de los denominados “narcocasetes”.

De ahí en adelante se desataron grandes investigaciones, en la Fiscalía, que concluyeron, tiempo después, con el jefe de Estado maltrecho en su gobierno e imagen pero no derrocado, y con más de una docena de congresistas entre quienes se encontraban algunos que hoy pertenecen a los círculos uribistas, condenados y presos por sus nexos con el cartel de Cali. La primera víctima de la refriega nacional que se armó con la barahúnda de noticias, la filtración, a chorros, de piezas incriminatorias de los procesos y la conspiración político-periodística para sacar a Samper de la Presidencia, fue el fiscal Gustavo de Greiff, en cuyo sepelio, celebrado hace pocos días, la sociedad bogotana le expresó el respeto que inspiraba su conducta proba y docta. Honor que se le debía rendir, por cierto, después del lodo que lanzaron contra su nombre en aquella época de pasiones mediáticas en que se creía, a pie juntillas y sin ninguna observación crítica, lo que la DEA y la embajada americana señalaran.

“En cosa de semanas”, escribió El Espectador refiriéndose al “8.000” y a De Greiff, “a quien periódicos y revistas, cadenas radiales y noticieros de televisión calificaban como el hombre del año… había pasado a ser el villano del año”. La Fiscalía cambió de manos a las de Alfonso Valdivieso y su poderoso vicefiscal Adolfo Salamanca, penalista de carácter fuerte y buenos conocimientos jurídicos que tuvo, simultáneamente con su tarea de investigador, amistad estrecha con periodistas y medios. Estos jugaron un papel definitivo en el desarrollo del “8.000”, tanto en sus aciertos como en sus fallas, admitidas años más tarde por algunos. Se recuerda, particularmente, el rol de La Prensa, dirigida por Juan Carlos Pastrana, hermano del candidato denunciante, que presionó la reapertura de la investigación de los narcocasetes, inclusive publicando un fotomontaje, en primera página, del jefe de Estado en ejercicio, con número de presidiario, en un acto grosero que fue rechazado hasta por el grupo parlamentario de Andrés Pastrana.

Pero La Prensa no fue la única estrella periodística de la época. También los diarios, revistas y noticieros de mayores ventas, rating y credibilidad. Un grupo de propietarios de medios, directores y columnistas se constituyó en asamblea permanente para liderar las revelaciones más asombrosas de los procesos judiciales, en especial, el que se adelantaba contra el mandatario en la Fiscalía, más allá de la competencia legal de esta. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en la Colombia del 2018: mientras el procesado desacredita a sus jueces ante unos corresponsales que le tienen mucho miedo, la agrupación de periodistas que se destacó por su capacidad gregaria de investigar, escudriñar, encontrar y también filtrar datos que consideraba que la sociedad debía conocer, ahora hace causa común con el encartado sin exhibir argumentos objetivos para tomar esa posición netamente emocional y, tal vez, interesada. Y lo más asombroso: censura a los colegas que cumplen su deber, el que se cumplió, pese a sus excesos, en el 95: revelar lo que el poder quiere callar.

La  desesperada defensa pública que el senador Uribe ha emprendido desde el momento en que la Corte Suprema anunció la apertura de un proceso penal en su contra por soborno a testigos y fraude procesal ha puesto a la prensa, a sus reporteros, directivos y analistas en una situación similar a la que vivió el periodismo colombiano —con muchos saldos en rojo— durante el tormentoso “Proceso 8.000” de mediados de los 90, cuando el candidato perdedor de las elecciones, Andrés Pastrana, dio una misteriosa declaración sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña de quien lo había derrotado, Ernesto Samper. Poco después estallaría el escándalo presidencial más grave del país en las décadas finales del siglo XX: el noticiero 24 Horas, de propiedad del líder conservador Álvaro Gómez, del mismo partido de Pastrana, reveló la existencia de unas grabaciones que demostrarían la financiación, con plata de la mafia, de la campaña ganadora. Se trataba de los denominados “narcocasetes”.

De ahí en adelante se desataron grandes investigaciones, en la Fiscalía, que concluyeron, tiempo después, con el jefe de Estado maltrecho en su gobierno e imagen pero no derrocado, y con más de una docena de congresistas entre quienes se encontraban algunos que hoy pertenecen a los círculos uribistas, condenados y presos por sus nexos con el cartel de Cali. La primera víctima de la refriega nacional que se armó con la barahúnda de noticias, la filtración, a chorros, de piezas incriminatorias de los procesos y la conspiración político-periodística para sacar a Samper de la Presidencia, fue el fiscal Gustavo de Greiff, en cuyo sepelio, celebrado hace pocos días, la sociedad bogotana le expresó el respeto que inspiraba su conducta proba y docta. Honor que se le debía rendir, por cierto, después del lodo que lanzaron contra su nombre en aquella época de pasiones mediáticas en que se creía, a pie juntillas y sin ninguna observación crítica, lo que la DEA y la embajada americana señalaran.

“En cosa de semanas”, escribió El Espectador refiriéndose al “8.000” y a De Greiff, “a quien periódicos y revistas, cadenas radiales y noticieros de televisión calificaban como el hombre del año… había pasado a ser el villano del año”. La Fiscalía cambió de manos a las de Alfonso Valdivieso y su poderoso vicefiscal Adolfo Salamanca, penalista de carácter fuerte y buenos conocimientos jurídicos que tuvo, simultáneamente con su tarea de investigador, amistad estrecha con periodistas y medios. Estos jugaron un papel definitivo en el desarrollo del “8.000”, tanto en sus aciertos como en sus fallas, admitidas años más tarde por algunos. Se recuerda, particularmente, el rol de La Prensa, dirigida por Juan Carlos Pastrana, hermano del candidato denunciante, que presionó la reapertura de la investigación de los narcocasetes, inclusive publicando un fotomontaje, en primera página, del jefe de Estado en ejercicio, con número de presidiario, en un acto grosero que fue rechazado hasta por el grupo parlamentario de Andrés Pastrana.

Pero La Prensa no fue la única estrella periodística de la época. También los diarios, revistas y noticieros de mayores ventas, rating y credibilidad. Un grupo de propietarios de medios, directores y columnistas se constituyó en asamblea permanente para liderar las revelaciones más asombrosas de los procesos judiciales, en especial, el que se adelantaba contra el mandatario en la Fiscalía, más allá de la competencia legal de esta. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en la Colombia del 2018: mientras el procesado desacredita a sus jueces ante unos corresponsales que le tienen mucho miedo, la agrupación de periodistas que se destacó por su capacidad gregaria de investigar, escudriñar, encontrar y también filtrar datos que consideraba que la sociedad debía conocer, ahora hace causa común con el encartado sin exhibir argumentos objetivos para tomar esa posición netamente emocional y, tal vez, interesada. Y lo más asombroso: censura a los colegas que cumplen su deber, el que se cumplió, pese a sus excesos, en el 95: revelar lo que el poder quiere callar.