Parranda en la cárcel y sepulcros blanqueados

La respuesta de Iván Cepeda sobre el desafiante fiestón que el cabecilla de la Oficina de Envigado, alias Tom, organizó en la cárcel de Itagüí, es justa y cierta, pero políticamente incorrecta: no solo porque Cepeda se encuentra en medio de su campaña para llegar a la Presidencia de la República, sino porque parece que minimiza la gravedad del hecho y el impacto que tiene en la agonizante política de Paz Total del gobierno Petro. Después del asombro que produjeron las imágenes del cantante vallenato Nelson Velásquez y sus músicos en plena presentación, en uno de los patios de esa prisión, el aspirante presidencial divulgó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “HIPOCRESÍA. Ahora los amigos y amigas de toda la vida de los jefes de las “oficinas” y “clanes”, están escandalizados por la fiesta en una cárcel. Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres, no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”. Horas antes, Cepeda había dado una breve declaración a los reporteros de Bucaramanga sobre el mismo caso: “de mí no esperen declaraciones contra la paz”. Aunque esta frase fue cercenada puesto que, previamente, se le oyó decir: “yo creo que eso lo deben investigar las autoridades de las cárceles…”, sus dos reacciones dieron la impresión de que, frente a la corrupción que tuvo que incidir en la violación de las normas penitenciarias, él asumió una posición más laxa que la que hubiera tenido si fuera opositor del Gobierno.

Dicho lo anterior, reitero mi hipótesis inicial: son verdaderas las afirmaciones del candidato, pero sin la corrección política necesaria y sin el debido contexto; en particular, aquella en que se refiere a la “hipocresía de los amigos y amigas de los jefes de ‘oficinas’ y ‘clanes”’, que implica que quienes ahora denuncian son los mismos que ejercieron en el pasado altos cargos en la justicia y en las administraciones locales y nacionales, cuando era un secreto a voces su connivencia tácita con voceros de las estructuras narcoparamilitares en las cárceles y fuera de ellas. Esas bandas, cuyos herederos son quienes hoy celebran parrandas vallenatas, ejercían dominio en los suburbios y en barriadas de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá, al punto que se sabía que había “territorios vedados” para la fuerza pública. Hablamos de varias épocas: la que dejó –con permisividad oficial– un reguero de asesinatos y desaparecidos en las “escombreras” que aún existen; y los posteriores botaderos humanos que fueron apareciendo como consecuencia de los “pactos” secretos entre gobernadores, alcaldes, jefes seccionales de Fiscalía, de Policía y Ejército, con los “don Bernas” del momento. Por el recuerdo vívido de ese entorno, vale la pena preguntarse quién ‘descubrió’ el parrandón en la prisión de Itagüí.

Se llama Claudia Carrasquilla y es archiconocida en Antioquia por sus cargos públicos y su hostilidad. Fue fiscal en Medellín, en todos los rangos, y llegó a Bogotá a un cargo de importancia, aunque después fue retirada. En desarrollo de sus tareas, conversó con los jefes de las bandas criminales, incluyendo a quienes controlan, todavía, las estructuras del delito en el departamento. La fiscal Carrasquilla hizo buenas migas con el alcalde Federico Gutiérrez en su primera administración (2016 – 2019). Era el momento en que el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, hombre cercano a Gutiérrez y a sus antecesores, fue condenado por sus negociaciones con los “dueños” de Medellín, incluida la Oficina de Envigado. Hoy, la señora Carrasquilla es concejal del Centro Democrático y, como tal, adulona de Uribe y enemiga política y personal de Iván Cepeda. Carrasquilla no es pera en dulce: si no maniobra, de nuevo, para lograr otro aplazamiento, hoy, 15 de abril y mañana, 16, enfrentará una audiencia preparatoria para el juicio en su contra, en el Tribunal Superior de Valledupar, imputada por los delitos de fraude procesal (6 a 12 años en prisión) y falsedad ideológica (5 a 12 años). La acusan de haber engañado a un juez para que ordenara la captura de dos policías que, después de varios meses en prisión, fueron absueltos de todos los cargos: se trataba de un “falso positivo judicial” organizado dolosamente. Otro jefe de la criminal Oficina de Envigado, alias Douglas, se atrevió a decir enfrente de periodistas que lo grababan, que la agresiva concejal uribista busca a los “bandidos”, en privado, mientras funge de gladiadora de la moral, en público; y que políticos antioqueños les piden apoyo en tiempos electorales (ver). No se pueden creer, sin comprobación, las declaraciones de los delincuentes pero los jueces tampoco las desechan, así, sin más ni más. La “reportera” de la corrupción de Itagüí, más que guardiana de la ética pública, parece un “sepulcro blanqueado”. Y, para que no vaya a decir que la estoy amenazando, me refiero a la metáfora religiosa con que se designa la hipocresía y la falsedad. Esto es lo que el candidato Cepeda no explicó. Y por eso, teniendo razón, sonó tan mal.