“O eres corrupta o eres estúpida… tú eres corrupta, Meet the Press [programa de dominical de noticias en NBC] es corrupto y también [lo son] ABC, CBS y CNN [otras grandes empresas de TV en Estados Unidos]. Ustedes [NBC] son una cadena corrupta y parcial”: Donald Trump, antes de suspender abruptamente la entrevista con la presentadora Kristen Welker, cuando esta lo cuestionó por una acusación que el presidente acababa de lanzar sin ninguna prueba (ver). Hace cinco años, en 2021, en una actitud de grosería similar aunque adecuada a nuestro entorno, el abogado Abelardo de la Espriella hizo grabar un video que su bufete De la Espriella Lawyers difundió con la intención de amedrentar a quienes iba dirigido: los reporteros incómodos. Con su habitual altanería, soltó unas frases en su vocabulario ramplón: “El ‘desocupe’ de la ‘mamertería’ que hace activismo de un falso ejercicio periodístico, parece no tener límites. La logia a la que pertenecen ciertos pseudoperiodistas se han (sic) puesto a la tarea de difamarme… porque en medio de sus delirios de odios, resentimientos y complejos, les parecen que esas mentiras son vendibles…”. Su repulsión a un sector de la prensa que lo ha mantenido bajo observación ciudadana, permitió que evidenciara el arma que utiliza para acallar a quienes auscultan su pasado: “… mi firma abandera una lucha jurídica y legal en contra… de estos activistas zurdos vestidos de periodistas…” (ver).
Sin embargo, su llamada “lucha jurídica y legal” –que no toca a quienes se limitan a alabarlo en las “noticias”, ni tampoco a aquellos con los que fraterniza en sus ostentosas reuniones– empezó hace más de un lustro. Años atrás, cuando solo era el bulloso defensor de personajes en enredos judiciales, tanto del bajo como del alto mundo, puso en práctica su estrategia de acosar judicialmente a reporteros y columnistas, más bien, de atemorizarlos vía demandas o denuncias, para que algunos terminaran autocensurándose, como se conoce el efecto de “olvidar” el cubrimiento de ciertos temas y personajes. Hay que reconocer que ha tenido éxito en varios casos. En aquella época, De la Espriella se jactaba de “aplicar las siete plagas de Egipto y dos más que me invento. [Mientras] hay abogados que solo denuncian, yo aplico todo: penalmente, tutela y acción civil. Y le toca a la gente [periodistas] sacar dinero del bolsillo y eso duele”. Así se ufanaba el hoy candidato presidencial mientras le detallaba su estrategia de intimidación a su compadrito de vida y colega en sus vueltas con los paramilitares de la desmovilización de Ralito, Carlos Alonso Lucio, su actual “jefe programático” de campaña (ver). Paradójicamente, Lucio no solo trataba con los jefes del paramilitarismo: también fue guerrillero del M-19, el ex movimiento alzado en armas que tanto abomina De la Espriella, selectivamente, solo cuando lo relaciona con Petro. Lucio carga, además, una condena por falsa denuncia, ratificada el año pasado por la Corte Suprema (ver). Pero tan nimios asuntos éticos no son obstáculo para que siga floreciendo la gran amistad entre un condenado de mala fama y el ciudadano que podría ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño.
Y he aquí el otro problema: ya no nos referimos a un abogado fanfarrón con ínfulas de riqueza y virilidad militar; ahora, el fanático persecutor de periodistas puede llegar a ser el próximo jefe de Estado con el poder que, automáticamente, se le transfiere a quien tiene en sus manos las riendas del Gobierno con todas las agencias públicas, armadas y desarmadas, a su disposición. Es claro que el acoso judicial de un abogado, por muchos recursos que posea, no es comparable con el daño que puede infligir la persona que llevaría la banda presidencial, misma que carga el récord de hostigamientos a un grupo de periodistas activos. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, a la que De la Espriella descalificó con el sobrenombre de “directorio de la izquierda”, ha documentado más de 120 reclamaciones ante los juzgados, en que los demandados son periodistas. Peor aún: en las últimas semanas, un grupo de comentaristas de prensa ha sufrido presiones digitales o intimidaciones de carácter judicial y prejudicial de la oficina de abogados que actúa a su nombre. Entre estos figura María Jimena Duzán, cuyo robusto canal de internet fue pirateado con contenidos falsos en el momento en que leía su columna titulada ‘Abelardo: un engendro de la petrofobia’ (ver); Ana Bejarano, que publica en Cambio, recibió solicitud de rectificación y advertencia de que podría ser blanco de una “avalancha” de acciones legales después de escribir su columna ‘Álex y Abelardo’; el reportero Julián Martínez, acosado durante años por el bufete de De la Espriella, acaba de ser notificado de la reactivación de una demanda civil en su contra. El medio digital Cuestión Pública fue objeto de otra solicitud de rectificación por su artículo titulado ‘¿Ladrón que roba a ladrón?’. La columnista que escribe estas líneas también recibió petición-exigencia de rectificar sus opiniones sobre el candidato. Faltan, en esta lista, periodistas de renombre que integran el grupo de perseguidos por Abelardo de la Espriella (PXADLE), entre estos, Daniel Coronell y Gerardo Reyes. Si este neopolítico que ha reiterado sus violentas intenciones contra la prensa libre las ejecuta, como todo parece indicar, podemos declararnos, desde ya, en situación de alto nivel de riesgo. (Mensaje para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos, hasta cuando el que sería jefe de Estado saque a Colombia de su eje internacional).
