Mientras se realizan —esta semana— las audiencias del caso Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en que la Fiscalía pretende que el exmandatario sea absuelto en contravía de los graves indicios de responsabilidad penal hallados por la Corte Suprema, en el ente investigador no se mueve una hoja del ya apolillado expediente de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ocurrida en 1997, cuando el gobernador de Antioquia era el mismo Uribe. A finales de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tuvo que enviarle a la Fiscalía el proceso por compra de testimonios cuando el expresidente renunció al Senado en una maniobra para que el alto tribunal —que había ordenado su detención domiciliaria— perdiera la competencia. El truco con que Uribe buscaba eludir el examen colegiado de sus actos funcionó (ver). La Corte le entregó la totalidad de sus hallazgos a Barbosa, el laxo. El despacho del fiscal general se estremeció de alegría y, desde entonces, este y su marioneta Jaimes no han dejado de urdir interpretaciones para conseguir la preclusión del exsenador. Quince días después, en septiembre del 2020, la Corte, que también perdió la posibilidad de investigar a Uribe en los demás casos, remitió a la Fiscalía la indagación previa, contra él, por la masacre de El Aro (ver) y por las de La Granja y San Roque, además del proceso por el homicidio del concejal de Ituango y veedor ciudadano Jesús María Valle, en hechos que fueron unificados con fines de investigación judicial y que ocurrieron a finales de los 90.
La Fiscalía ha exhibido, en esos dos procesos, una conducta bipolar: en el primero, ha acelerado la ejecución de sus etapas para darle un triunfo al investigado que le sea útil para las elecciones del 2022; en el segundo, el de las masacres, no ha hecho nada. Entre tanto, en los tribunales de justicia que no dependen de las veleidades de los fiscales de turno sí han pasado cosas: Colombia fue castigada con una condena de la Corte IDH, en 2004 (ver). E internamente esos hechos abominables fueron declarados crímenes de lesa humanidad, en 2018 (ver). Lo curioso es que, mientras que la Nación ha sido condenada y algunos autores materiales purgan su pena en cárcel, el o los autores intelectuales continúan impunes 24 años después. Pero no por azar. Una mano poderosa lo impide.
De otro lado, en la desprestigiada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se cuecen habas. Allí se abrió (Oficio 0767 D-17), el 18 de marzo de 2008, hace 13 años y seis meses, un expediente “por la posible participación del doctor Álvaro Uribe Vélez en la masacre de El Aro”, enviado por la fiscal 17 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Sobra decir, pues todos lo sabemos, que en los dos años finales del segundo mandato Uribe, los dos cuatrienios de Santos y los tres años de Duque no iba a tomarse en ese recinto alguna decisión sin que lo supiera el imputado que tiene, para cuidarle sus espaldas, a varios parlamentarios de su bancada. Al poco tiempo de iniciado el gobierno Duque y sin sorteo previo ni disimulo, el presidente uribista de la Comisión entregó el expediente de El Aro a su copartidario Óscar Villamizar, uno de los peor reputados del Centro Democrático. Como se esperaba, Villamizar ignoró el proceso: a ver, ¿se iba a meter a indagar la conducta de su jefe, el jefe de sus padres, condenados por sus propios delitos?
Pero la presión externa de congresistas independientes lo obligó a citar, en abril pasado, a Mancuso para que declarara sobre las relaciones de los paramilitares con el exgobernador y expresidente. Los medios informaron que el exparamilitar se negó a hablar cuando supo que el representante investigador era un subalterno del indagado (ver). El desarrollo posterior fue milagroso: el procurador delegado recusó a Villamizar. Este, nuevo presidente de la Comisión, se opuso a entregar el expediente. Ante las razones de bulto que respaldaban la recusación, varios representantes, entre estos los independientes y algunos de la coalición gubernamental, avergonzados por la trampa, debatieron en el pleno de la Comisión el caso. El uribismo recalcitrante ordenó cerrar filas. Sin embargo, en una segunda sesión, de septiembre, la mayoría (9) votó a favor de repartirle el expediente a alguien que no pertenezca al Centro Democrático. También sabemos que el uribismo no se deja vencer aun cuando tenga que acudir a procedimientos poco democráticos: sacó de la Comisión a los que considera “tibios” entre sus filas: Gabriel Santos y Edward Rodríguez, y puso a un par de chacales: Gabriel Jaime Vallejo y Juan Manuel Daza, dispuestos a clavarle los colmillos a quien se meta con Uribe. Amanecerá y veremos. La impunidad dura y dura pero no para toda la vida.
Mientras se realizan —esta semana— las audiencias del caso Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en que la Fiscalía pretende que el exmandatario sea absuelto en contravía de los graves indicios de responsabilidad penal hallados por la Corte Suprema, en el ente investigador no se mueve una hoja del ya apolillado expediente de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ocurrida en 1997, cuando el gobernador de Antioquia era el mismo Uribe. A finales de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tuvo que enviarle a la Fiscalía el proceso por compra de testimonios cuando el expresidente renunció al Senado en una maniobra para que el alto tribunal —que había ordenado su detención domiciliaria— perdiera la competencia. El truco con que Uribe buscaba eludir el examen colegiado de sus actos funcionó (ver). La Corte le entregó la totalidad de sus hallazgos a Barbosa, el laxo. El despacho del fiscal general se estremeció de alegría y, desde entonces, este y su marioneta Jaimes no han dejado de urdir interpretaciones para conseguir la preclusión del exsenador. Quince días después, en septiembre del 2020, la Corte, que también perdió la posibilidad de investigar a Uribe en los demás casos, remitió a la Fiscalía la indagación previa, contra él, por la masacre de El Aro (ver) y por las de La Granja y San Roque, además del proceso por el homicidio del concejal de Ituango y veedor ciudadano Jesús María Valle, en hechos que fueron unificados con fines de investigación judicial y que ocurrieron a finales de los 90.
La Fiscalía ha exhibido, en esos dos procesos, una conducta bipolar: en el primero, ha acelerado la ejecución de sus etapas para darle un triunfo al investigado que le sea útil para las elecciones del 2022; en el segundo, el de las masacres, no ha hecho nada. Entre tanto, en los tribunales de justicia que no dependen de las veleidades de los fiscales de turno sí han pasado cosas: Colombia fue castigada con una condena de la Corte IDH, en 2004 (ver). E internamente esos hechos abominables fueron declarados crímenes de lesa humanidad, en 2018 (ver). Lo curioso es que, mientras que la Nación ha sido condenada y algunos autores materiales purgan su pena en cárcel, el o los autores intelectuales continúan impunes 24 años después. Pero no por azar. Una mano poderosa lo impide.
De otro lado, en la desprestigiada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se cuecen habas. Allí se abrió (Oficio 0767 D-17), el 18 de marzo de 2008, hace 13 años y seis meses, un expediente “por la posible participación del doctor Álvaro Uribe Vélez en la masacre de El Aro”, enviado por la fiscal 17 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Sobra decir, pues todos lo sabemos, que en los dos años finales del segundo mandato Uribe, los dos cuatrienios de Santos y los tres años de Duque no iba a tomarse en ese recinto alguna decisión sin que lo supiera el imputado que tiene, para cuidarle sus espaldas, a varios parlamentarios de su bancada. Al poco tiempo de iniciado el gobierno Duque y sin sorteo previo ni disimulo, el presidente uribista de la Comisión entregó el expediente de El Aro a su copartidario Óscar Villamizar, uno de los peor reputados del Centro Democrático. Como se esperaba, Villamizar ignoró el proceso: a ver, ¿se iba a meter a indagar la conducta de su jefe, el jefe de sus padres, condenados por sus propios delitos?
Pero la presión externa de congresistas independientes lo obligó a citar, en abril pasado, a Mancuso para que declarara sobre las relaciones de los paramilitares con el exgobernador y expresidente. Los medios informaron que el exparamilitar se negó a hablar cuando supo que el representante investigador era un subalterno del indagado (ver). El desarrollo posterior fue milagroso: el procurador delegado recusó a Villamizar. Este, nuevo presidente de la Comisión, se opuso a entregar el expediente. Ante las razones de bulto que respaldaban la recusación, varios representantes, entre estos los independientes y algunos de la coalición gubernamental, avergonzados por la trampa, debatieron en el pleno de la Comisión el caso. El uribismo recalcitrante ordenó cerrar filas. Sin embargo, en una segunda sesión, de septiembre, la mayoría (9) votó a favor de repartirle el expediente a alguien que no pertenezca al Centro Democrático. También sabemos que el uribismo no se deja vencer aun cuando tenga que acudir a procedimientos poco democráticos: sacó de la Comisión a los que considera “tibios” entre sus filas: Gabriel Santos y Edward Rodríguez, y puso a un par de chacales: Gabriel Jaime Vallejo y Juan Manuel Daza, dispuestos a clavarle los colmillos a quien se meta con Uribe. Amanecerá y veremos. La impunidad dura y dura pero no para toda la vida.