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De manera turbia parece desarrollarse en la Corte Suprema el proceso de selección de aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes, quien termina su periodo en septiembre de este año. Noticias que se han filtrado indican que un grupo de miembros de la Suprema, que podría ser mayoritario, se habría concertado para marcar sus cartas, es decir, para manipular el resultado de ese proceso: aplicarían, preferencias por amistad, sesgos políticos o revanchas con fuerte tufillo ideológico, en lugar de debidos criterios de profesionalismo y probidad. De un lado, la periodista D’arcy Quinn, de la emisora La FM, de RCN, sostuvo hace unos días que “[los magistrados de la Suprema] andan en temporada de caza”, lo que significa que buscan personas cercanas al Gobierno que se habrían camuflado (entre los aspirantes): “petristas que estarían en la lista… allá en la Corte están chequeando… han empezado a detectar(los)”. En seguida, Quinn, de quien se sabe que se informa con fuentes directas, identificó, con nombres, apellidos y presuntos motivos, a cuatro inscritos de probada trayectoria jurídica que ya habrían sido descartados por los magistrados electores. Esto antes de iniciar, siquiera, la primera etapa de la revisión de candidatos, cuando se excluye a los abogados que no cumplen con los requisitos formales exigidos para ser miembro de una corte. Entre los prejuicios (y digo prejuicios porque no han sido probados ni mucho menos están previstos en la ley) que, según la comunicadora, adujeron los magistrados para rechazar a los mencionados por ella, se encuentran “ser cercano al ministro Montealegre”; haber dado entrevistas en que, presuntamente, el o la candidata entrevistada “defiende las reformas y critica al Congreso”; o pertenecer al sindicato de la rama Judicial, Asonal, no obstante que sindicalizarse es un derecho constitucional.
Del otro lado, en círculos cercanos al Palacio de Justicia, corre la versión de que la mayoría de la Corte Suprema habría decidido que va a conformar una terna de aspirantes en que solo uno tenga opción de ganar: se le conoce como la terna de uno, para que sea este, el que ese tribunal desea, el inevitable elegido del Senado, corporación que decide, con la votación mayoritaria de sus congresistas, a quien va a ocupar la silla de Reyes. El ungido de la Corte y del Senado sería Carlos Camargo, “un político tradicional sin experiencia en derechos humanos”, según La Silla Vacía; cuestionado defensor del Pueblo por su notorio silencio durante la violencia oficial en el llamado “estallido social”; exdirector de la politiquera Federación Nacional de Departamentos y exmiembro del Consejo Nacional Electoral, CNE. Con el fin de no incurrir en el mismo pecado de prejuzgamiento, me di a la tarea de averiguar: a. Si tiene sentido el rumor de preferencia por Camargo en la Corte; b. Cuáles son sus pergaminos para hacerlo merecedor del privilegio de recibir la corona de magistrado, saltándose la competencia leal.
Si se parte de la base de que Quinn fue contactada por fuentes autorizadas sobre la “temporada de caza” de los magistrados de la Suprema contra quienes, supuestamente, tengan una predilección política que no es igual a la de ellos, Camargo, conservador de partido y de clientelas, clasifica muy bien entre los beneficiados: 1.- Representa a Iván Duque, uno de los más caracterizados miembros de la ultraderecha. Además de ser condiscípulo de Duque en la también extremista de derecha Universidad Sergio Arboleda, Camargo le debe al exmandatario uribista su inclusión en otra terna de uno: la de él, Camargo, para la Defensoría (ver), a donde llegó cómodamente con 140 de 150 votos de la Cámara de Representantes después de “utilizar sus atributos de relacionista público...” y de hacer “un fuerte lobby con los congresistas…” (ver). 2.- El expresidente Uribe y su enorme bancada en el Congreso le deben eterno agradecimiento al aspirante Camargo porque fue este quien, como magistrado investigador del Consejo Electoral, archivó la investigación al candidato del uribismo a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, por recibir dineros de Odebrecht, motivo por el cual el propio Camargo fue denunciado en su momento. 3.- Tiene íntimas conexiones con los partidos dominantes: entroncado con las clientelas de Córdoba, su departamento, y las de la costa Atlántica, puede ser elegido fácilmente. 4.- Y, sobre todo –ojo con esta noticia–, “Carlos Camargo les dio puestos a familiares del 30 % de la Corte que ahora podría ternarlo”, según noticia publicada por La Silla Vacía hace unos días (ver). La investigación periodística determinó que “esposas, hijos e hijas, hermanos, y nueras de siete de los 22 magistrados actuales de la Corte Suprema fueron contratados por Carlos Camargo cuando fue Defensor del Pueblo”. Por tanto, el pre-ungido magistrado de la Corte Constitucional, Camargo, habría incurrido en la violación al artículo 126 de la Constitución, el mismo defecto que tumbó, en 2016, la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, por nombrar a parientes de servidores públicos que después intervinieron en la elección del funcionario que los favoreció. ¿Hoy se atreverán los togados de la Corte Suprema a devolverle las gracias a Camargo? Ya lo veremos.
Entre paréntesis.- Debido a que una de las aspirantes a ser magistrada de la Corte Constitucional le dio entrevista a esta columnista, y que tal entrevista fue incluida por la periodista D’arcy Quinn como motivo para excluir a mi interlocutora de los candidatos elegibles, envié derecho de petición a la Corte Suprema solicitando explicaciones al respecto. Aún no recibo respuesta.
