Procesos Uribe y Aguilar: testigos que la Fiscalía ignora

“Álvaro Uribe Vélez no es el único político indagado por el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General parecen tener diferencias, específicamente, en el tema de las pruebas”. Esta frase que encabeza un artículo de El Tiempo, de noviembre del año pasado, describe, sin intención crítica, el modo distinto como la Corte y la Fiscalía Barbosa desempeñan sus funciones de investigación, recopilación de información y evaluación de las evidencias halladas en los procesos penales que adelanta cada una en el campo de sus competencias: en la Corte, Sala de Instrucción, algunos de sus miembros las están ejerciendo con independencia de la importancia del personaje involucrado, con total autonomía, apego a las leyes y códigos y, también, a la moral social que tanto necesita edificarse en un país de cafres incrustados en las altas esferas estatales; en la Fiscalía, con total desprecio por su misión de búsqueda de la verdad procesal y respeto por esta, y con abuso delictivo del poder transitorio que posee pero que cree eterno.

La afirmación de El Tiempo se encuentra en una nota titulada “Corte Suprema ronda al senador Richard Aguilar” (ver). Allí se narra que testigos de primera línea, puesto que fueron muy cercanos a Aguilar cuando este era el gobernador de Santander (2012-2015), decidieron detallar, una vez pillados, cómo se amañaban durante ese periodo y con destino a los bolsillos de Aguilar, del representante del uribismo Edwin Ballesteros y de otros, licitaciones, contratos y requisitos para adjudicar obras multimillonarias. Los testigos responden a la Fiscalía. El exgobernador, debido a su fuero, a la Corte que ha considerado valiosas las revelaciones de quienes acusan a Aguilar de corrupto. Una de las declarantes fue secretaria de Infraestructura de esa administración y conoció la conducta del investigado, hijo del también corrupto Hugo Aguilar, exgobernador de ese mismo departamento y presidiario condenado a nueve años de cárcel por aliarse con paramilitares para repartirse los bienes regionales. Pero a la Fiscalía no le parecen relevantes los hallazgos contra el hoy congresista de Cambio Radical. La consecuencia es judicial y práctica: si no les ofrecen rebajas u otros acuerdos, los testigos que denuncian al vástago de un parapolítico no tendrán incentivos para colaborar con la justicia. Hasta hace poco, el locato Barbosa, único que puede tomar esa decisión, se había abstenido de pronunciarse pese a la petición argumentada de la Sala de Instrucción que indaga a Aguilar. La inacción de Barbosa puede estar ligada a la intención de no afectar el poder político santandereano, próximo al uribismo, pues, ante confesiones de tamaña credibilidad, el exgobernador senador Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar y hermano del gobernador actual, exsenador Mauricio Aguilar, puede terminar condenado, segundo en la candorosa familia.

Casualmente, esta semana se anuncia la realización de la audiencia solicitada por el subalterno del locato, Gabriel Jaimes, para resolver la situación judicial de otro superpoderoso, pero este en el nivel nacional: Álvaro Uribe. De nuevo, la Fiscalía desconoce, sin siquiera disimular, los testimonios, los audios del imputado y otros, y los centenares de pruebas de tiempo, modo y lugar que recopiló la Corte Suprema y que incriminan al expresidente hasta el tuétano. La Fiscalía pasó de ser investigadora a prevaricadora para tener cómo justificar una preclusión que comparte solo con la defensa del señor Uribe. Mañana, jueves, presenciaremos un acto vergonzoso que manchará el nombre de la justicia y la nación. No será fácil que la historia les perdone al locato Barbosa, al gobierno de su amigo que lo propició y al imputado que lo fraguó este monumento a la impunidad y a la hipocresía pues todos en Colombia tenemos la certeza de que es culpable aunque unos lo digamos y otros lo callen.

Paréntesis. Otra casualidad: Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena, abogado de narcos y del expresidente Uribe. Cancino también representa a Richard Aguilar y, simultáneamente, ha firmado al menos dos contratos con la Gobernación de Santander. ¿El gobernador Mauricio Aguilar le pagó $95 millones del presupuesto público a Cancino por sus servicios al departamento, o a buena cuenta de la defensa de su hermano Richard?