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Bladimir Cuadro Crespo es el nombre del procurador delegado que interviene en el juicio oral, presuntamente para salvaguardar los derechos de la sociedad, en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esa gran faena no le llegó por azar. Cuadro estaba predestinado para ese y otros procesos del interés político o personal de Margarita Cabello, por la voluntad cuasidivina de la exprocuradora general cuya mano firmante asignó puestos a diestra y siniestra desde cuando se posesionó, en enero de 2021, hasta unos días antes de que terminara su periodo. Del martes 7 de enero al viernes 10 de este año (su sucesor, Eljach asumió el miércoles 15), Cabello se dedicó, en efecto, a repartir más de 60 cargos clave en todo el país, incluyendo alrededor de una docena distribuidos entre Barranquilla y los departamentos de su corazón clientelista, Atlántico, Cesar y La Guajira (ver). En esa piñata de recursos públicos, la señorona encargó a su funcionario Cuadro Crespo de otra oficina delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal (ver pág. 10 doc., anterior) mientras él continúa en el despacho que tiene en propiedad hace dos años por nombramiento que le otorgó la doña en marzo del 2023 (ver), gracias al cual recibe un pago mensual que hoy asciende a algo más de $55 millones (ver el tercer renglón). El afortunado Bladimir Cuadro ya había sido funcionario del Ministerio Público, durante cuatro años y nueve meses, en tiempos del vocero de la ultraderecha colombiana, Alejandro Ordóñez, de acuerdo con su confusa hoja de vida publicada por la Rama Judicial. Casualmente, Ordóñez es uno de los señalados mentores de Cabello.
Todos la conocemos pero no sobra recordar la historia reciente: Cabello, nominadora de Cuadro Crespo, el vigilante “neutral” en el juicio al expresidente, fue ministra de Duque; este la impulsó en el Senado para ser elegida procuradora general, y el procesado Uribe es el elector de Duque. Uribe-Duque-Cabello-Cuadro constituyen una escala precisa de acción. El último eslabón en la cadena de mando ha hecho la labor que sus jefes esperan de él: sumarse a la defensa del enjuiciado y obstaculizar el avance del caso. En octubre del año pasado se unió a los apoderados del exmandatario para solicitarle al Tribunal Superior de Bogotá que les concediera una de las N mil tutelas que han interpuesto (ver). El siguiente mes de noviembre, otra vez ante el Tribunal de Bogotá, apoyó la objeción de los defensores de Uribe que protestaron por la inclusión de unas pruebas y la exclusión de otras (ver). Y en febrero de este 2025, coadyuvó la queja del grupo jurídico del expresidente que pretendía excluir a la jueza Heredia, quien conduce las audiencias del caso, recusándola (ver). No sobra decir que ningún reclamo de la defensa y de su procurador Cuadro prosperó ante la mirada rigurosa de otros jueces y magistrados que, examinada la conducta de la togada Heredia, avalaron su sujeción a las normas.
Bladimir Cuadro también se ocupa de otros encargos judiciales, unos cruciales y otros engorrosos que permanecen fuera de la esfera pública. Uno de estos últimos corresponde al proceso en contra del representante a la Cámara, James Mosquera Torres. Se desarrolla en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Mosquera, con varias quejas en su pasado por comportamientos de dudosa legalidad, aunque es un semidesconocido en los escenarios parlamentarios, ocupa una de las curules de paz a nombre de las víctimas del conflicto armado en Chocó. Ellas mismas lo denunciaron hace un par de años porque, según afirmaron, Mosquera mintió cuando alegó su condición de presunto desplazado de la población de Istmina, en donde no vive hace mucho tiempo. La Sala de Instrucción inició investigación previa en junio del año pasado (ver) y le abrió investigación formal en octubre (ver). Fue llamado a rendir indagatoria pero, en el entretanto, ocurrió un hecho extraordinario: un técnico judicial que interceptó legalmente el teléfono de Mosquera, grabó una conversación suya con una amiga a la que le contó que “alguien que se hace pasar [por] secretario del procurador delegado ante la Corte (…) que el procurador delegado para este asunto necesita hablar conmigo urgente (…) que ya sabe que estoy en Cali y que le mande el pasaje a él y al asesor, y el hotel”. De acuerdo con la confesión inconsciente de Mosquera “[fue] una estafa de $6 millones, 400”. Es posible concluir, entonces, que cedió a las presiones y que les envió pasajes y les pagó a los supuestos “secretario y procurador delegado” los tiquetes y el hotel. Mosquera cavila, también, sobre su participación probable en el delito de cohecho cuando relata que “si a mí me dicen que van a hablar conmigo, pues yo tengo que acceder porque es una autoridad” (oír grabación). Con ese contenido en sus manos, el magistrado que instruye el caso Mosquera verificó que “para esa fecha [de la grabación], los doctores Bladimir Cuadro Crespo e Ismael Enrique López Criollo actuaban como Procurador Primero delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal (e) y abogado asesor adscrito a tal Procuraduría Delegada, de manera respectiva”. En consecuencia, ordenó compulsar copias del audio “con destino a la señora Fiscal General de la Nación para lo que estime pertinente”. La compulsa se efectuó el 3 de febrero pasado y aún no se sabe, públicamente, qué ha hecho la fiscal Camargo con el delicado indicio judicial para determinar si Bladimir Cuadro, el procurador que se ha sumado a la defensa del expresidente Uribe, es responsable o inocente de haber incurrido en el delito de concusión (que comete el servidor público que constriña a otro a darle dinero u otra utilidad indebida), con una pena prevista entre 8 y 15 años en prisión.
Entre paréntesis.- Me abstengo de publicar apartes de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que tengo en mi poder, por proteger datos personales de los investigadores y sospechosos.
