“Que caiga quien tenga que caer”

“En el duelo se puede vivir resignación o aceptación, son cosas distintas. Por más aceptación que haya de la muerte, no hay resignarse cuando todavía se puede hacer algo, así sea de manera simbólica”: trino de María Carolina Pizano. La hija del ingeniero Jorge Enrique Pizano, en efecto, no se resigna a la “verdad” judicial que la Fiscalía dirigida, entonces, por Néstor Humberto Martínez, quiso imponerle al país con una ligereza por lo menos intrigante, cuando tenía la obligación de dar una explicación pública sobre las causas del fallecimiento de quien hubiera podido ser el testigo clave de la justicia, en el descubrimiento de los nombres de los más encopetados personajes colombianos que se lucraron con la corrupción de Odebrecht. María Carolina ha activado sus justificadas sospechas cuatro años después de que su padre y su hermano Alejandro cayeran sin vida, a pocos metros de distancia uno del otro, en un lapso de 48 horas y en la misma casa. De acuerdo con los expedientes oficiales, el ingeniero falleció debido a sus precarias condiciones de salud. Y Alejandro, con apenas 31 años de edad, por haber ingerido cianuro, “de manera accidental”, al tomar un sorbo del líquido de una botella que se encontraba al lado del computador de su padre.

Humberto Martínez Beltrán, hijo del fiscal general, había estado cerca de su amigo Alejandro Pizano desde cuando este vino de Europa para organizar el funeral de su papá; incluso estuvo con su compañero en las habitaciones en donde murió envenenado. Tal era su grado de confianza. Martínez Neira, el poderoso fiscal general en ejercicio, también llegó, muy rápido, a la residencia campestre de los Pizano Ponce de León después de que se enterara de lo sucedido. Según publicitó en cuanto micrófono tuvo a su alcance, como justificándose de lo que nadie lo estaba acusando, Martínez explicó que las dos familias estaban unidas por una gran amistad. Razón adicional, digo yo, para que las investigaciones penales hubieran sido exhaustivas, eficientes, rigurosas y concluyentes. Pero no. Pasó todo lo contrario.

Las Pizano sobrevivientes de la tragedia: Inés Elvira, esposa de Jorge Enrique, y Juanita y María Carolina, hijas de la pareja y hermanas de Alejandro, seguramente abrumadas por su inmensa pérdida, permitieron que Martínez Neira, con la extrema habilidad con que suele moverse en los momentos difíciles, las apartara de los investigadores y periodistas que, unos más, otros menos, intercambiábamos mensajes y confidencias con el ingeniero.

Por las declaraciones que el exfiscal les dio a sus medios aliados en esa época en que estaba en juego su propio cuello por las grabaciones que Pizano guardaba y en las que quedaba claro que Martínez Neira conocía la corrupción de Odebrecht, pero que la ignoró u ocultó para proteger a sus clientes colombianos, deduce uno que Martínez tuvo éxito rotundo en su intento de que se aceptara como cierta la versión acomodaticia de los hechos que envolvieron los angustiosos días finales de Jorge Enrique Pizano, un hombre honesto al que la Fiscalía y la Procuraduría quisieron mancillar, en su honor, para minar su credibilidad.

Mira uno hacia atrás y encuentra que el fiscal general del año 2018, Néstor Humberto Martínez: 1. le confirió credibilidad científica a la necropsia inicial del cuerpo de Pizano que no tuvo el rigor de un examen forense; 2. se solidarizó con el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien perdió, para siempre, su prestigio por mentir cuando certificó que no había presencia de cianuro en el cuerpo de Pizano siendo que era imposible determinarlo por cuanto sus órganos habían sido puestos en formol que elimina cualquier rastro; 3. permitió que archivaran, solo dos meses después, la compleja investigación sobre la muerte de Alejandro, esta sí, por ingesta de un veneno cuya procedencia nunca se determinó; 4. dejó que los fiscales del caso se cargaran computadores, celulares, cámaras de vigilancia y documentos de la residencia y no embalaran ninguno de esos elementos; no respetaran la cadena de custodia ni los legalizaran ante un juez, motivo por el cual esas evidencias no se pudieron incorporar, jamás, a los expedientes. Muchas otras cosas extrañas sucedieron alrededor de las muertes del ingeniero y su hijo. Ni que decirlo: toda Colombia lo piensa. Por eso, María Carolina Pizano tiene razón cuando contrata apoderado para la familia y pide, a través de este, que se reabran los casos. Y, como dice en su cuenta de Twitter, “...que se haga un ejercicio juicioso y detallado de lo sucedido, que caiga quien tenga que caer y que se haga justicia”.