¿Qué le pasa al angustiado Barbosa?

“Por algo lo sacaron a las patadas de Guatemala…”. Esta fue la frase, no de un político en disputa electoral, como pareciera, sino del fiscal general. Hablaba, sin nombrarlo pero en inequívoca referencia, del ministro de Defensa. Aparte de que con la manifiesta hostilidad de Barbosa en su contra Iván Velásquez ha quedado notificado de que no tiene garantías de justicia en Colombia —pues el único competente para investigarlo es el mismo que lo maltrata—, la chocante expresión del supuesto garante de la imparcialidad judicial adquiere mayor gravedad debido a que coincide con la citación de hoy, al ministro, para una moción de censura que se adelanta en la Cámara de Representantes, y con la que la oposición uribe-duquista pretende, precisamente, “sacarlo a las patadas” de su cargo. Con su alusión a Guatemala, el fiscal, además de su ignorancia crasa sobre los hechos ocurridos en ese país entre 2013 y 2019, que no tienen nada que ver con la conducta del actual ministro, delata una segunda coincidencia (o, ¿preferencia?) política, respecto del impulsor de la moción de censura. Se trata del representante ultraderechista José Jaime Uscátegui a quien hace pocos días vimos, en el Capitolio, en compañía de un grupo de violentos manifestantes dándole puñetazos a la puerta del Elíptico y gritándoles amenazas a los congresistas que se encontraban, ahí, sesionando (ver).

Hay que recordar que Uscátegui es hijo del primer general del Ejército condenado por la masacre paramilitar —en connivencia con militares— de un pueblo: Mapiripán, que dejó alrededor de cincuenta muertos, en 1997. La pena que le impuso la justicia ordinaria al oficial en retiro fue de 37 años en prisión. Como otros uniformados encarcelados, el padre del violento congresista se acogió a la JEP, más como una estrategia para poder recobrar la libertad mientras se surte su proceso en esa jurisdicción, que motivado por el arrepentimiento y la intención de revelarle la verdad de ese crimen de lesa humanidad al país. El representante Uscátegui debió crecer con odio a los civiles y a los derechos humanos a los que culpa de la desgracia de su padre en lugar de responsabilizarlo a él por sus decisiones. Pero volviendo al caso, Uscátegui congresista agredió la institución en que cumple sus funciones públicas, haciéndose acompañar de quienes dicen ser los voceros de unos uniformados que, según la torcida visión militarista, el Gobierno y el ministro han humillado por impedirles abrir fuego en cuanto ven una protesta ciudadana. En el cuestionario que este citante del ministro tiene listo para el debate incluyó “los hechos de corrupción que lo involucran cuando ejercía como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG). Por tanto, la crítica verbal de Barbosa con la que se inicia esta columna no fue inocente.

Hay que ser muy bruto o, repito, muy ignorante para desconocer: 1) que Velásquez fue nombrado en la CICIG, no por un corrupto, sino por el secretario general de Naciones Unidas, en ese momento, Ban Ki-moon; 2) que en su periodo como comisionado en ese país, las investigaciones lideradas por Velásquez produjeron la caída, primero, y la condena después por delitos de corrupción, del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de su vicepresidenta Roxana Baldetti y de una treintena de funcionarios más; 3) que Velásquez fue exaltado por los guatemaltecos, que nunca habían conocido la justicia, como un héroe nacional; 4) que el siguiente presidente de ese país, Jimmy Morales, temeroso de que sus propios actos de corrupción lo llevaran a la celda contigua de la de Pérez Molina, logró que una fiscalía y unos jueces renovados e impuestos por él, cancelaran la labor de la CICIG y 5) que la ONU publicó un comunicado en defensa de Velásquez y de la inmunidad que lo protege como diplomático que era cuando intentaron abrirle un proceso falso.

En resumen, Barbosa, el presunto adalid de la independencia de las cortes y la Fiscalía colombianas, terminó, en su discurso ante un público universitario, del lado de dos mandatarios corruptos de Centroamérica y de una justicia doblegada por la política. Pero no nos engañemos: eso es lo que el saliente fiscal quiere en su desesperado intento por buscar “coloca” en la derecha colombiana. Vieran ustedes la actitud insolente de este personaje que agoniza con el fin de su periodo, cuando concluyó con un angustioso llamado: “que no nos vayan a sorprender el próximo año (su periodo termina en febrero) con que no les sirvió la Fiscalía...” Cómo sería su tono politiquero que uno de los presentes le reclamó: “Con todo respeto, aquí lo invitaron a usted a dar una charla sobre las relaciones de la fiscalía con el derecho laboral y no a criticar las acciones del gobierno de turno. Este no es el escenario adecuado...”