Abuso de poder es el término que aplica cuando un servidor público, con capacidad de tomar decisiones que afectan derechos ciudadanos, utiliza su cargo para someter o intimidar a otros. A pesar de que los presidentes de las cortes retienen este título solo durante un año (lapso después del cual son reemplazados, automáticamente, por un nuevo magistrado), en ese periodo acumulan visibilidad, influencia y autoridad. Con mayor razón, si aprovechan su cuarto de hora, bien para autocomplacer su arrogancia, bien para sentar las bases de sus planes futuros. El vanidoso presidente de la Corte Constitucional 2025, Jorge Enrique Ibáñez, a quien los grupos que nos manejan no le cobran sino que le celebran el deslizamiento de sus funciones de juez hacia el terreno parcializado de la confrontación política, acaba de abrir la puerta para iniciar una acción judicial contra un par de periodistas que cometieron la osadía de cuestionar al ser humano que se oculta bajo su imponente toga. La investigación de los reporteros Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, del medio virtual Casa Macondo sobre la larga lucha de un hijo extramatrimonial del presidente de la Corte por legalizar, para sí, el apellido Ibáñez, no fue replicada por nadie a pesar de las repercusiones que tiene esa pieza periodística en la formación de una ética social común. Tal vez, fue efectiva la mudez impuesta por alguna campana de aislamiento acústico.
El magistrado de esta historia, el mismo que nos dictó órdenes constitucionales sobre “el derecho fundamental de la identidad de los hijos no reconocidos… [a tener] filiación paterna, asegurando su dignidad y el acceso a los derechos derivados de su vínculo familiar”, según sentencia firmada por él (ver), le envió a Casa Macondo una solicitud de rectificación legalista de 10 páginas que no disimula la ira de su encopetado autor. Cualquier periodista con alguna experiencia advierte que las peticiones –con o sin justificación– para modificar informaciones, suelen ser el comienzo de una controversia en los estrados penales, civiles o de tutela ¿El presidente de la Corte Constitucional vs. dos reporteros de un medio alternativo? ¿El togado más ostentoso que ha tenido el tribunal guardián de la Carta, enfrentado con un par de comunicadores sin respaldo financiero o jurídico? La desproporción es obvia: no habrá estrado con la neutralidad suficiente para fallar un caso en que el reclamante es su superior jerárquico. Ibáñez lo sabe y parece estar dispuesto a usar su ventaja. Vivo como es, maquilló su solicitud de retractación dirigiéndola, únicamente y sin tocar el eje fundamental de la historia sobre su hijo no reconocido, a un aparte del relato en que se narra que el expediente y la sentencia de paternidad dictada 17 años atrás no existen en el juzgado en donde se tramitó el proceso, ni en el archivo de la rama judicial, un hecho que se supo cuando el demandante de paternidad quiso cambiar su registro civil para que figurara su verdadera identidad.
Parece un galimatías, pero el presidente de la Corte Constitucional, de quien uno puede exigir solvencia jurídica, justifica su petición de rectificación con inferencias de sugerencias que él supone que hacen los reporteros. Se cuida de mencionar la importancia fáctica de la decisión de la Fiscalía que reabrió la investigación “criminal” con el fin de establecer cómo y por qué desaparecieron los documentos del proceso de su demandante, a quien el togado llamó, según se le escucha decir en entrevista con Barrientos, “ese niño”; “este muchacho” o “el muchacho”. Nunca habló de “mi hijo”, término que sí empleó cuando se refirió a los que concibió en su matrimonio. No hay sentimientos en ese reportaje sino afán de disculparse. La condición humana del doctor Ibáñez quedó desnuda en la entrevista en que consta cómo denigra de la madre de “ese muchacho” y de los derechos de este, de una manera que debería ser estudiada por la Corte con el objeto de dictar una sentencia contra la discriminación de género y de clase social. La discusión judicial, si avanza, será dirimida en los tribunales. No obstante, el eje de la controversia no será ese sino el abuso de poder de uno de los tres o cuatro hombres públicos más influyentes del país. Los personajes con cargos de alta representación social, lo conoce Ibáñez puesto que es el sabiondo de las leyes, están obligados a mantener una conducta ejemplar y a rendirle cuentas al vulgo por mucho que lo desprecien, o nos desprecien. De lo contrario, no merecen dirigir, ni dictar leyes ni, mucho menos, juzgar el comportamiento de los demás. Así es la democracia, señor presidente de la Corte Constitucional ¡Qué pena con usted, pero todavía existimos y tenemos derecho a formularle exigencias!
Entre paréntesis.- Un periodista descubrió, un día, que Luis Carlos Galán tenía un hijo extramatrimonial no reconocido; un reportero reveló, otro día, que Rodrigo Lara guardaba una historia similar. Hace un par de años, la Corte Suprema cerró, a favor de unos mellizos, una demanda de paternidad de quien se negó, durante varias décadas, a darles su apellido y su asistencia económica: el exmagistrado de otra alta corte, Nicolás Pájaro. Ninguno de estos personajes o sus esposas o hijos matrimoniales, iniciaron procesos en contra de los narradores de sus historias.
