“Relaciones entre periodistas y dueños”, según Uribe

Es extraño que el senador Uribe Vélez, tan dominante del mundo como ha sido, crea que es necesario explicar que “nunca he tratado de intervenir en las relaciones entre periodistas y dueños, tan libres unos como otros”, según trino que publicó el domingo 18 de abril, y que recogió El Espectador en su página web (ver). El mensaje del expresidente iniciaba con otras referencias que contextualizan la frase anterior en que niega que su mano poderosa haya incidido en las contrataciones o despidos de reporteros y columnistas, en los medios de comunicación. Esto dijo también con su equivocada puntuación: “Sobre el joven Gabriel Gilinski: no tengo medios diferentes a cuentas de redes, he confrontado a algunos periodistas, no utilicé la publicidad para sobornar o intimidar…”. Tal vez el expresidente esté tocado (touché), como se denomina, en lenguaje popular, a quien se siente afectado por algún hecho. En el caso del mencionado Gilinski, el nuevo propietario de la revista Semana que se ha descrito como “uribista y trumpista”, el senador exmandatario parece querer defenderlo, tímidamente, pero defendiéndose a sí mismo o, lo que es igual, desligando su responsabilidad del episodio burdo en que la revista decidió privar a sus lectores de las colaboraciones de dos de los tres columnistas más leídos de Colombia, de acuerdo con la medición de la firma Cifras y Conceptos.

Pues bien, el mensaje de Uribe es desafortunado porque abre la puerta a los recuerdos sobre su pasado autoritario y su obsesivo encono contra la libertad de prensa y contra quienes la representan. En las biografías serias que se escriban sobre él, algún día, no faltará el listado extenso de las persecuciones que sufrieron, durante sus dos gobiernos, periodistas y columnistas que no se dejaron permear por él o por su círculo corruptor de medios, persecuciones que han continuado, de manera más taimada, en la actual administración. La “relación Uribe vs. periodismo libre” debería empezar por relatar el capítulo del corresponsal estadounidense Joseph Contreras que escribió, junto con el escritor colombiano Fernando Garavito (q.e.p.d.), precisamente una biografía no autorizada del entonces candidato presidencial (año 2002) Álvaro Uribe y cuyo título era El señor de las sombras. Los dos periodistas tuvieron que irse del país, rápidamente, después de la publicación y jamás pudieron regresar. Justa o injusta la investigación sobre el pasado del personaje, bueno, malo o regular el libro, nada justifica el exilio, opuesto a las democracias. De ahí para adelante, la lista de reporteros perseguidos políticos del uribismo es muy, muy larga así como lo es una subrepticia: la de no pocos comunicadores cooptados por la facción extremista que ha liderado el expresidente en estos casi 20 años para ejecutar la tarea de contrainformar al país. Pero este casi que se convertiría en un libro aparte.

Por ahora, dos sucesos más que desmienten la afirmación del senador según la cual “nunca” ha intervenido “en las relaciones entre periodistas y dueños” de la prensa. En 2009, el entonces reportero Hollman Morris, perseguido por Uribe por ser un supuesto “guerrillero” levantado contra el Estado de derecho, fue víctima del gobierno central que logró, en un dos por tres, arrebatarle un contrato que había firmado con History Channel Latinoamérica (HCHL) liderado por unos argentinos que prefirieron, en lugar de honrar su autonomía, fama y nombre, hacerse a otro contrato mucho más jugoso. El resultado fue el esperado según los cánones de la impudicia: se suspendieron varios documentales de Morris que ya se habían grabado, editado y entregado al contratante. Y, a cambio, la Presidencia de la República le pagó a HCHL la serie “Unidos por la historia”, cuyo lanzamiento fue hecho en la Casa de Nariño que presentó a los “dueños” de ese canal como “los aliados importantes” del gobierno y a quienes se les dio, incluso, placa de reconocimiento. Tres años después, HCHL devolvió el favor: eligió a Uribe como “El gran colombiano” (ver). Segundo: dos ejecutivos de importantes empresas periodísticas, que no mencionaré porque nuestras conversaciones fueron privadas, se refirieron al “acoso” uribista a que son sometidos, día tras día, cada vez que hay una noticia o una opinión que se distancia del gobierno Duque o de su partido: quejas, reclamos, sugerencias de sacar a unos columnistas, de, en cambio, contratar a otros “periodistas amigos”, y veladas advertencias sobre castigos en materia de publicidad oficial. De tal manera que la parte final de la afirmación del expresidente en su trino: “… no utilicé la publicidad para sobornar o intimidar” también es falsa. Todos lo saben, todos lo sabemos. Otra cosa es que nadie lo enfrente y que algunos tengamos que padecerlo en soledad de cuarentena.

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Es extraño que el senador Uribe Vélez, tan dominante del mundo como ha sido, crea que es necesario explicar que “nunca he tratado de intervenir en las relaciones entre periodistas y dueños, tan libres unos como otros”, según trino que publicó el domingo 18 de abril, y que recogió El Espectador en su página web (ver). El mensaje del expresidente iniciaba con otras referencias que contextualizan la frase anterior en que niega que su mano poderosa haya incidido en las contrataciones o despidos de reporteros y columnistas, en los medios de comunicación. Esto dijo también con su equivocada puntuación: “Sobre el joven Gabriel Gilinski: no tengo medios diferentes a cuentas de redes, he confrontado a algunos periodistas, no utilicé la publicidad para sobornar o intimidar…”. Tal vez el expresidente esté tocado (touché), como se denomina, en lenguaje popular, a quien se siente afectado por algún hecho. En el caso del mencionado Gilinski, el nuevo propietario de la revista Semana que se ha descrito como “uribista y trumpista”, el senador exmandatario parece querer defenderlo, tímidamente, pero defendiéndose a sí mismo o, lo que es igual, desligando su responsabilidad del episodio burdo en que la revista decidió privar a sus lectores de las colaboraciones de dos de los tres columnistas más leídos de Colombia, de acuerdo con la medición de la firma Cifras y Conceptos.

Pues bien, el mensaje de Uribe es desafortunado porque abre la puerta a los recuerdos sobre su pasado autoritario y su obsesivo encono contra la libertad de prensa y contra quienes la representan. En las biografías serias que se escriban sobre él, algún día, no faltará el listado extenso de las persecuciones que sufrieron, durante sus dos gobiernos, periodistas y columnistas que no se dejaron permear por él o por su círculo corruptor de medios, persecuciones que han continuado, de manera más taimada, en la actual administración. La “relación Uribe vs. periodismo libre” debería empezar por relatar el capítulo del corresponsal estadounidense Joseph Contreras que escribió, junto con el escritor colombiano Fernando Garavito (q.e.p.d.), precisamente una biografía no autorizada del entonces candidato presidencial (año 2002) Álvaro Uribe y cuyo título era El señor de las sombras. Los dos periodistas tuvieron que irse del país, rápidamente, después de la publicación y jamás pudieron regresar. Justa o injusta la investigación sobre el pasado del personaje, bueno, malo o regular el libro, nada justifica el exilio, opuesto a las democracias. De ahí para adelante, la lista de reporteros perseguidos políticos del uribismo es muy, muy larga así como lo es una subrepticia: la de no pocos comunicadores cooptados por la facción extremista que ha liderado el expresidente en estos casi 20 años para ejecutar la tarea de contrainformar al país. Pero este casi que se convertiría en un libro aparte.

Por ahora, dos sucesos más que desmienten la afirmación del senador según la cual “nunca” ha intervenido “en las relaciones entre periodistas y dueños” de la prensa. En 2009, el entonces reportero Hollman Morris, perseguido por Uribe por ser un supuesto “guerrillero” levantado contra el Estado de derecho, fue víctima del gobierno central que logró, en un dos por tres, arrebatarle un contrato que había firmado con History Channel Latinoamérica (HCHL) liderado por unos argentinos que prefirieron, en lugar de honrar su autonomía, fama y nombre, hacerse a otro contrato mucho más jugoso. El resultado fue el esperado según los cánones de la impudicia: se suspendieron varios documentales de Morris que ya se habían grabado, editado y entregado al contratante. Y, a cambio, la Presidencia de la República le pagó a HCHL la serie “Unidos por la historia”, cuyo lanzamiento fue hecho en la Casa de Nariño que presentó a los “dueños” de ese canal como “los aliados importantes” del gobierno y a quienes se les dio, incluso, placa de reconocimiento. Tres años después, HCHL devolvió el favor: eligió a Uribe como “El gran colombiano” (ver). Segundo: dos ejecutivos de importantes empresas periodísticas, que no mencionaré porque nuestras conversaciones fueron privadas, se refirieron al “acoso” uribista a que son sometidos, día tras día, cada vez que hay una noticia o una opinión que se distancia del gobierno Duque o de su partido: quejas, reclamos, sugerencias de sacar a unos columnistas, de, en cambio, contratar a otros “periodistas amigos”, y veladas advertencias sobre castigos en materia de publicidad oficial. De tal manera que la parte final de la afirmación del expresidente en su trino: “… no utilicé la publicidad para sobornar o intimidar” también es falsa. Todos lo saben, todos lo sabemos. Otra cosa es que nadie lo enfrente y que algunos tengamos que padecerlo en soledad de cuarentena.

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