Resultó bandida

La hija de uno de los más poderosos personajes del gobierno Duque aceptó que es bandida. La señora obtuvo su propio poder gracias a las relaciones paternas, pero también debido a que escaló, en tres zancadas, su carrera por ser una de las beneficiarias de la manía corrupta de las clases dirigentes de entronizar a sus núcleos familiares en los cargos públicos de mayor trascendencia. De Ana Catalina Noguera puede afirmarse, sin caer en un lugar común, que nació en cuna “de oro”: la bebé, descendiente de Rodrigo Noguera Calderón, dueño del fortín académico de la ultraderecha conocido con el nombre de Universidad Sergio Arboleda, y de Rodrigo Noguera Laborde, su abuelo y creador de ese centro de estudios junto con Álvaro Gómez Hurtado, nunca conoció las carencias del 90 % de los colombianos. Ana Catalina sabe que su padre, llamado, con pompa ridícula, “rector magnífico”, no tuvo que hacer ningún esfuerzo para ocupar la Rectoría de su academia cuando llegó el momento de suceder al “gran maestro” (Noguera Laborde). Era su heredero y punto. Como iba a ser ella: heredera del heredero. Ella, compañera del expresidente Iván Duque, del fiscal general Francisco Barbosa, del excomisionado de Paz Miguel Ceballos; hermanastra del exministro de Duque Ernesto Lucena; amiga del expresidente Álvaro Uribe por el gran afecto que lo une a Noguera Calderón; alta funcionaria de Néstor Humberto Martínez Neira y de Barbosa, cayó en brazos de un narcotraficante de lo más ordinario del mundo del hampa.

Se conoce con los alias de Carlos Ramón Zapata, Anestesia y el Médico. Este delincuente, que estuvo en prisiones de Estados Unidos, afirma que “hace 30 años” su “verdadero” nombre es Ramón Esteban Peña y que, después, presuntamente resocializado, trabajó como informante de la DEA y de otros organismos internacionales (ver). Lo cierto es que, de acuerdo con detalles desconocidos del expediente y el organigrama completo que Noticias Uno obtuvo por la pericia reporteril del periodista Enrique Tapias, Zapata, el Médico, Anestesia o como quiera que se le denomine armó una banda que integrarían, además de la aristocrática Ana Catalina Noguera, los fiscales de grandes procesos Daniel Hernández y Daniel Cardona; cinco o seis investigadores “de confianza” del CTI de la Fiscalía General; el coronel Ricardo Durán, mismísimo comandante de Policía de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU, por sus siglas en inglés), programa global que se adelanta, en muchos países, con la DEA; y el representante liberal Diego Patiño, dos veces gobernador de Risaralda y congresista hace 23 años, además de varios capos (ver).

La banda buscaba, de acuerdo con el fiscal del caso, extorsionar a narcos que tenían procesos abiertos con fines de extinción de dominio o de extradición. Ana Catalina y sus supuestos compinches en la Fiscalía le entregaban a Zapata piezas reservadas de los expedientes: audios, transcripciones de interceptaciones de llamadas, fotografías, etc. Él contactaba a los investigados y, con pruebas en mano, les exigía hasta US$500.000 para frenar los casos. Parte de esta historia se ha conocido en la prensa pero, curiosamente, esta vez, y pese al escándalo que implica tan grave penetración delictiva en su Fiscalía, Barbosa, quien no pierde oportunidad de cobrar hasta la captura de un raponero, no ha dicho nada. ¿Por reverencia con su rector, padre de la procesada?

Me pregunto si el tratamiento juicioso del fiscal Mario Burgos, que adelanta esta investigación, se torna benévolo con Ana Catalina puesto que le imputó tres delitos con penas menores: fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales. No obstante, en la presentación del expediente que su propio despacho organizó, consta que Noguera, utilizando su cargo, funciones y las funciones de sus subalternos, ingresó al sistema judicial y le hizo adjudicar un número de noticia criminal a una denuncia falsa escrita por su “amigo íntimo”, alias Zapata, para poder extorsionar a unos individuos que no tenían casos judiciales pendientes. Hasta donde mis entendederas me permiten comprender, esa conducta califica como concierto para delinquir que, según el Código Penal, tiene prisión de ocho a 18 años con aumento de la condena hasta por la mitad si quien incurre en ella es servidor o servidora pública como nuestra dama “de oro”. Probablemente, Barbosa quiere tratarla con guante de seda como corresponde a su linaje.