Senador Robledo: hoy, usted no tiene garantías en Colombia

La denuncia penal del fiscal general contra un senador en pleno ejercicio de sus funciones es, más que una torpeza, un acto asombroso de soberbia que amenaza la raíz misma de la democracia y la separación de poderes en que se fundamenta. A partir del momento en que el calculador Néstor Humberto Martínez fue tocado por la vorágine de la corrupción que él prometió combatir, parece haber perdido el control de sus emociones y, lo que es más grave, de sus actos. Primero sobrevino el caso de Odebrecht que puso en entredicho las campañas presidenciales pasadas, una de las cuales había contado con su amistad y apoyo; después aparecieron evidencias pasadas de sus consejos o los de su bufete de abogados, a un socio de Odebrecht; más adelante, se exhibieron unos documentos que también vincularían su actividad de jurista con el negocio Navelena. Y la tapa de la olla a presión que lleva por dentro Martínez, pero ya como jefe del ente investigador: su director nacional Anticorrupción, Gustavo Moreno, fue grabado, en audio y video, extorsionando a un corrupto igual a él.

Desde cuando el fiscal tuvo que ordenar la captura de Moreno, elegido solo por él y sin clientelismo alguno para ese puesto clave de su administración —según aseguró—, se le nota descompuesto y sin norte. Aparenta estar frente al timón. Habrá que verificarlo. Despiertan sospechas tantas detenciones inmediatas y espectaculares aquí y allá para demostrar que la Fiscalía sigue, sin alteración, su lucha contra la corrupción: el secretario de Seguridad de la capital antioqueña, de muy selecta clase social y de cuya conducta, presuntamente proclive a las bandas criminales, se venía hablando hace meses y no ayer, aparece con esposas en sus manos ante las cámaras de prensa y televisión; unos jueces y funcionarios judiciales de Paloquemao se convierten, de nuevo, en noticia después de semanas de haberlo sido; tres magistrados del Tribunal del Meta son transportados a Bogotá también esposados y condenados en la práctica; el contralor de Antioquia, el director del Hospital La María y familiares de este —una de ellas exauditora general de la Nación— son vinculados o capturados por unas denuncias sobre abusos en cirugías estéticas que los medios habíamos revelado hace por lo menos un año. Esperemos que esta hiperactividad de la Fiscalía, justo después del escándalo Moreno, no sea espuma que se deshaga y que nos cueste millones de pesos en indemnizaciones.

Y lo que faltaba: la denuncia loca, por injuria y calumnia, del mismísimo Néstor Humberto Martínez, en su calidad de fiscal general, contra el senador líder de la oposición de izquierda Jorge Enrique Robledo, por las críticas que éste le ha hecho, con documentos, por los impedimentos que tiene Martínez Neira para investigar la megacorrupción de Odebrecht. El poder aplastante que posee quien dirige las investigaciones penales en el país, incluyendo la suya, y los jueces que resolverán el asunto, que son quienes votaron por él para la Fiscalía, deberían haber sido suficientes motivos para abstenerse de cometer semejante barbaridad propia de dictaduras. Sin embargo, lo más grave de este asunto es su intento de romper —“volver trizas”— la Carta Política en cuanto a la inviolabilidad que protege los votos y opiniones de los congresistas. Sentencia de Unificación de Sala Plena 047 de la Corte Constitucional de 1999: “El fin de la irresponsabilidad (o no imputabilidad) de los congresistas es que (estos) representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole… La irresponsabilidad de los congresistas es consustancial a la democracia constitucional ya que es la expresión necesaria de dos de sus principios esenciales: la separación de los poderes y la soberanía popular”. Si el gran jurista Martínez no sabe esto, ¿de qué se jacta? Un consejo que usted no me ha pedido, senador Robledo: tal como están las cosas, hoy usted no tiene garantías. Acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia penal del fiscal general contra un senador en pleno ejercicio de sus funciones es, más que una torpeza, un acto asombroso de soberbia que amenaza la raíz misma de la democracia y la separación de poderes en que se fundamenta. A partir del momento en que el calculador Néstor Humberto Martínez fue tocado por la vorágine de la corrupción que él prometió combatir, parece haber perdido el control de sus emociones y, lo que es más grave, de sus actos. Primero sobrevino el caso de Odebrecht que puso en entredicho las campañas presidenciales pasadas, una de las cuales había contado con su amistad y apoyo; después aparecieron evidencias pasadas de sus consejos o los de su bufete de abogados, a un socio de Odebrecht; más adelante, se exhibieron unos documentos que también vincularían su actividad de jurista con el negocio Navelena. Y la tapa de la olla a presión que lleva por dentro Martínez, pero ya como jefe del ente investigador: su director nacional Anticorrupción, Gustavo Moreno, fue grabado, en audio y video, extorsionando a un corrupto igual a él.

Desde cuando el fiscal tuvo que ordenar la captura de Moreno, elegido solo por él y sin clientelismo alguno para ese puesto clave de su administración —según aseguró—, se le nota descompuesto y sin norte. Aparenta estar frente al timón. Habrá que verificarlo. Despiertan sospechas tantas detenciones inmediatas y espectaculares aquí y allá para demostrar que la Fiscalía sigue, sin alteración, su lucha contra la corrupción: el secretario de Seguridad de la capital antioqueña, de muy selecta clase social y de cuya conducta, presuntamente proclive a las bandas criminales, se venía hablando hace meses y no ayer, aparece con esposas en sus manos ante las cámaras de prensa y televisión; unos jueces y funcionarios judiciales de Paloquemao se convierten, de nuevo, en noticia después de semanas de haberlo sido; tres magistrados del Tribunal del Meta son transportados a Bogotá también esposados y condenados en la práctica; el contralor de Antioquia, el director del Hospital La María y familiares de este —una de ellas exauditora general de la Nación— son vinculados o capturados por unas denuncias sobre abusos en cirugías estéticas que los medios habíamos revelado hace por lo menos un año. Esperemos que esta hiperactividad de la Fiscalía, justo después del escándalo Moreno, no sea espuma que se deshaga y que nos cueste millones de pesos en indemnizaciones.

Y lo que faltaba: la denuncia loca, por injuria y calumnia, del mismísimo Néstor Humberto Martínez, en su calidad de fiscal general, contra el senador líder de la oposición de izquierda Jorge Enrique Robledo, por las críticas que éste le ha hecho, con documentos, por los impedimentos que tiene Martínez Neira para investigar la megacorrupción de Odebrecht. El poder aplastante que posee quien dirige las investigaciones penales en el país, incluyendo la suya, y los jueces que resolverán el asunto, que son quienes votaron por él para la Fiscalía, deberían haber sido suficientes motivos para abstenerse de cometer semejante barbaridad propia de dictaduras. Sin embargo, lo más grave de este asunto es su intento de romper —“volver trizas”— la Carta Política en cuanto a la inviolabilidad que protege los votos y opiniones de los congresistas. Sentencia de Unificación de Sala Plena 047 de la Corte Constitucional de 1999: “El fin de la irresponsabilidad (o no imputabilidad) de los congresistas es que (estos) representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole… La irresponsabilidad de los congresistas es consustancial a la democracia constitucional ya que es la expresión necesaria de dos de sus principios esenciales: la separación de los poderes y la soberanía popular”. Si el gran jurista Martínez no sabe esto, ¿de qué se jacta? Un consejo que usted no me ha pedido, senador Robledo: tal como están las cosas, hoy usted no tiene garantías. Acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.