Los más de 26 millones de colombianos que fueron a las urnas hace cuatro meses votaron para elegir presidente de la República. Ningún elector pensaba que la nación entraría en un cuatrienio dirigido por un sheriff, nombre que se le daba, en el siglo XIX, en Estados Unidos, al temible personaje de pistola al cinto, sombrero ancho y figura sombría, símbolo del salvaje Oeste. El sheriff era dios y ley: cobraba impuestos, pero esta no era su función preciada porque solía ser analfabeta en cuestión de números, economía y finanzas, asuntos que lo tenían sin cuidado. En cambio, su celebridad derivaba de la autoridad de su fuerza, la única que existía en pueblos y comarcas: patrullaba con sus matones las callejuelas y los campos; perseguía “forajidos”, detenía sospechosos o a quienes él juzgaba como tales, disparaba a matarlos o los llevaba a las celdas de su despacho; y, finalmente, los entregaba a un juez letrado, una figura menor que no era tan admirada ni respetada como él. En nuestra picaresca criolla, se reprodujo, de manera ridícula, esa figura gringa. Sucedió en Cali, en donde un habitante de barriadas peligrosas, se autodenominó sheriff y asumió la tarea de guardián de las víctimas de atracos y asaltos, ante la mirada complaciente de la Policía local (ver). Pero esta es solo una anécdota. La tragedia de fondo de la Colombia siglo XXI es que, 200 años después, haya elegido a una especie de sheriff en lugar de un jefe de Estado. Tal vez “la patria” necesita pasar por esta regresión histórica para reencontrar su rumbo.
El puente festivo pasado terminó con la difusión de un video oficial con música de suspenso, rodado en Fuerte Tolemaida. Su único protagonista es el mandatario vestido de militar a punto de entrar en combate: gafas oscuras, no importa que disminuyan la capacidad de alerta visual; cabeza cubierta con casco MICH blindado, dotado de visor nocturno y sistemas de comunicación a los lados; chaleco antibalas con bolsillos en el pecho para llevar cargadores, municiones, granadas, etc.; el infaltable radio en la cintura y, en lugar del arma corta que se place en exhibir, un fusil de asalto. Entra en acción y vemos su deleite mientras recorre, disparando, espacios que simulan momentos de confrontación mortal. “La experiencia dejó imágenes que despertaron curiosidad sobre su desempeño y precisión al disparar”, afirman los encargados de la publicación (ver). Al margen de estas escenas que les parecerán, a unos, inofensivas o impactantes, y a otros, estrambóticas y chistosas, se han divulgado sendos videos protagonizados o inducidos por el propio De la Espriella que deberían preocupar, seriamente, a un país democrático, hoy silenciado por miedo o, peor, por complicidad. Video 1 y 2. La Policía graba y pregraba el operativo de captura del joven de 21 años que amenazó, mediante un mensaje en redes, a la esposa del presidente. “Abran la puerta, Policía Nacional”, alcanzan a articular dos agentes, y la entrada de la vivienda se mueve como por encanto. El chico que van a detener está listo: tirado en el piso y sin camisa. La cámara se centra en él y, de pronto, otro agente entra en el foco del lente, y abre una bolsa “repleta de paquetes de marihuana con lo cual se agravó su situación” (ver). En un segundo video, está el joven en una estación, rapado, horas antes de que un juez de garantías examinara su situación. Aun cuando no tiene antecedentes penales, se le traslada, desde Pereira, a la prisión de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, adonde llevan a los criminales peligrosos (ver). Video 3. De la Espriella se hace presente en la madrugada del 28 de octubre en una operación policial en Bogotá, programada para allanar sitios y capturar a presuntos miembros de bandas criminales. El presidente, de viva voz, se enfrenta con uno de los detenidos después de que le contestó un par de frases inaudibles. El poder del jefe se hizo sentir, ni más faltaba, ante quien, atrevido, le habló. “¡Payaso! ¡Tú lo que eres (sic) es un bandido! ¡Asesino miserable!… Apenas se judicialice a este bandido, lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad, la más dura que haya. Vamos a ver si eres igual de guapito, igual de alzadito. Y bien motiladito te vamos a dejar” (ver). El mandatario deja prueba de que “el motiladito” y la prisión “más dura” son castigos ordenados por él mismo.
Video 4. Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, uno de los enemigos políticos de De la Espriella y del aliado de este, Federico Gutiérrez –actual alcalde de esa ciudad–, es exhibido con uniforme de preso y cadenas en manos, cintura y pies, en imágenes difundidas por varios medios (ver) y por el propio presidente (ver); se informa que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, Cómbita, adonde llevan a los macroasesinos. Quintero fue detenido en desarrollo de un caso de supuesta corrupción; no ha atentado contra nadie, no se le ha visto armado y no ha intentado fugarse. Ninguno de los “trofeos” humanos del presidente ha sido condenado. Se encuentran en detención preventiva pero no han sido vencidos en juicio. “Dejar bien motiladito” a un preso es ilegal e inconstitucional: artículo 87, Régimen Penitenciario: “el corte de cabello rapado no podrá aplicarse como sanción disciplinaria”. Sentencia constitucional T-470/22: “tal medida puede llegar a ser desproporcionada cuando afecta la dignidad humana, como ocurre cuando, en lugar de exigir a las personas privadas de la libertad llevar el cabello corto, se les obliga a rapárselo”. El jefe de Estado no tiene funciones de fiscal o juez. No puede dictaminar quién es “bandido” o quién “será condenado a 40 años de cárcel”. Tampoco le está permitido aplicar “un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión u opinión política, entre otras”, según la misma sentencia, porque no pasaría “un examen de proporcionalidad de intensidad estricta, dado que la medida recae sobre una persona que, por razón de su privación de libertad, se encuentra en situación de debilidad manifiesta y es sujeto de especial protección…”. No obstante las razones anteriores, nadie protesta. La fiscal general Camargo corre a satisfacer al aspirante a sheriff; las cortes se sientan a charlar con él. Los demás jueces y magistrados permanecen mudos, o peor, fallan intimidados. Y hasta Asonal Judicial calla. Colombia no tiene quién la defienda de la arbitrariedad judicial e inconstitucional que padece. Vivimos el Oeste Salvaje.