DE LOS FALSOS POSITIVOS PASAMOS, sin mayor transición, a las falsas denuncias. Las víctimas del primer caso son civiles invisibles, no tienen notoriedad social y carecen de recursos políticos y económicos.
Entre las víctimas del segundo caso, cuando las hay, se esconden los victimarios de los invisibles, pero el Estado se movilizará a su favor, indiscriminadamente y con el peso de su enorme poder. Afirmó el presidente Uribe en la Escuela Superior de Guerra, ante un auditorio castrense, que “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales” presentan acusaciones falsas contra los uniformados “con odio (y) por sesgos ideológicos”. Después anunció la implantación urgente de “todos los procesos de apoyo en la defensa judicial de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, es decir, un sistema de recursos jurídicos exclusivo para soldados y policías. Horas más tarde, e l Mandatario aseguró que para las tropas es muy “desmotivante” que el Estado no las defienda. En algo tiene razón irrefutable: “La contratación de abogados… (con dinero propio) se constituye en una tragedia”. ¡Si lo sabremos el resto de los colombianos!
Para justificar tamaña declaración, imprudentísima pues apenas se empiezan a conocer en los tribunales las ejecuciones extrajudiciales, el Presidente mencionó una cifra como sustento de sus intenciones: “85 casos de acusaciones de violación de derechos humanos han sido devueltos por la justicia ordinaria a la justicia penal militar porque no encontró méritos”. Es probable que al jefe de Estado se le hayan extraviado otras estadísticas, por ejemplo, las de la Fiscalía General, las cuales, hasta donde entiendo, son oficiales:
- A 15 de marzo de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía en investigación 938 casos de homicidios cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, que produjeron 1.512 víctimas.
- De los 938 casos, 4 denuncias corresponden al año 2000; 3, al 2001; 10, al 2002, primer año del gobierno actual; 36, al 2003; 84, al 2004; 112, al 2005; 197, al 2006; 370, al 2007, y 92, al 2008, cuando se descubrió la monstruosidad que estaba sucediendo.
Como se ve, las denuncias se dispararon de 2002 hacia adelante. ¿Por qué se dio esa progresión geométrica? Se me antojan dos respuestas: 1.- Hay una conspiración nacional e internacional contra Álvaro Uribe y las Fuerzas Armadas, en la que participa hasta la Alta Comisionada de Naciones Unidas (que advirtió en su momento sobre las ejecuciones); 2.- Las “propias” tropas se despacharon, bien porque se sintieron respaldadas por el poder civil, bien porque fueron superpresionadas a producir resultados o “positivos”, bien porque la directiva presidencial 029 de 2005, que contempla el pago de recompensas por muertos en combate, primó sobre su código de honor.
Lo cierto es que hay 1.512 asesinados y todavía no sabemos quiénes los mataron. En este contexto, que la justicia ordinaria haya devuelto 85 casos a la penal militar es una explicación casi cínica, que no justifica la creación de un sistema judicial de defensa de los uniformados antes de abrir uno de asistencia, igual o superior, para las paupérrimas madres de las víctimas. Y no porque no puedan existir perseguidos e inocentes entre los militares. Sino porque el Presidente no debería poner al Estado del lado de la parte acusada, mientras es tan indiferente con la suerte de la parte victimada.
DE LOS FALSOS POSITIVOS PASAMOS, sin mayor transición, a las falsas denuncias. Las víctimas del primer caso son civiles invisibles, no tienen notoriedad social y carecen de recursos políticos y económicos.
Entre las víctimas del segundo caso, cuando las hay, se esconden los victimarios de los invisibles, pero el Estado se movilizará a su favor, indiscriminadamente y con el peso de su enorme poder. Afirmó el presidente Uribe en la Escuela Superior de Guerra, ante un auditorio castrense, que “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales” presentan acusaciones falsas contra los uniformados “con odio (y) por sesgos ideológicos”. Después anunció la implantación urgente de “todos los procesos de apoyo en la defensa judicial de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, es decir, un sistema de recursos jurídicos exclusivo para soldados y policías. Horas más tarde, e l Mandatario aseguró que para las tropas es muy “desmotivante” que el Estado no las defienda. En algo tiene razón irrefutable: “La contratación de abogados… (con dinero propio) se constituye en una tragedia”. ¡Si lo sabremos el resto de los colombianos!
Para justificar tamaña declaración, imprudentísima pues apenas se empiezan a conocer en los tribunales las ejecuciones extrajudiciales, el Presidente mencionó una cifra como sustento de sus intenciones: “85 casos de acusaciones de violación de derechos humanos han sido devueltos por la justicia ordinaria a la justicia penal militar porque no encontró méritos”. Es probable que al jefe de Estado se le hayan extraviado otras estadísticas, por ejemplo, las de la Fiscalía General, las cuales, hasta donde entiendo, son oficiales:
- A 15 de marzo de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía en investigación 938 casos de homicidios cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, que produjeron 1.512 víctimas.
- De los 938 casos, 4 denuncias corresponden al año 2000; 3, al 2001; 10, al 2002, primer año del gobierno actual; 36, al 2003; 84, al 2004; 112, al 2005; 197, al 2006; 370, al 2007, y 92, al 2008, cuando se descubrió la monstruosidad que estaba sucediendo.
Como se ve, las denuncias se dispararon de 2002 hacia adelante. ¿Por qué se dio esa progresión geométrica? Se me antojan dos respuestas: 1.- Hay una conspiración nacional e internacional contra Álvaro Uribe y las Fuerzas Armadas, en la que participa hasta la Alta Comisionada de Naciones Unidas (que advirtió en su momento sobre las ejecuciones); 2.- Las “propias” tropas se despacharon, bien porque se sintieron respaldadas por el poder civil, bien porque fueron superpresionadas a producir resultados o “positivos”, bien porque la directiva presidencial 029 de 2005, que contempla el pago de recompensas por muertos en combate, primó sobre su código de honor.
Lo cierto es que hay 1.512 asesinados y todavía no sabemos quiénes los mataron. En este contexto, que la justicia ordinaria haya devuelto 85 casos a la penal militar es una explicación casi cínica, que no justifica la creación de un sistema judicial de defensa de los uniformados antes de abrir uno de asistencia, igual o superior, para las paupérrimas madres de las víctimas. Y no porque no puedan existir perseguidos e inocentes entre los militares. Sino porque el Presidente no debería poner al Estado del lado de la parte acusada, mientras es tan indiferente con la suerte de la parte victimada.