Con cada acto que ejecuta sin que le importen las críticas que juzga siempre equivocadas e injustas, el fiscal Barbosa hace méritos para que se le recuerde como el individuo que jugó con la justicia penal como si fuera su balón de fútbol al que patea cada vez que le da la gana, bien para favorecer amigos, congresistas o, aun, magistrados a los que les debe el voto, de acuerdo con los rumores sobre su presunta repartición de puestos a parientes de estos togados; bien para hacer de la Fiscalía un instrumento de venganza de unos privilegiados del régimen; bien para desplazar o botar de sus puestos a los servidores de esa entidad que le estorban a él o a su grupo. En su columna dominical de El Espectador, Ramiro Bejarano publicó dos resoluciones firmadas el 16 de diciembre, a las puertas del cierre judicial por vacaciones, en las que se notifica el traslado de 21 fiscales delegados ante los tribunales (los cargos de mayor salario), con un esquema que no puede ocultar sus intenciones: unos resultan perjudicados mientras los otros se ganan la lotería.
Por ejemplo, un fiscal que laboraba en Atlántico va para Arauca, bien lejos de su hogar; dos que están en Bogotá deben trabajar este año y quién sabe hasta cuándo en San Andrés, una delicia si uno es joven y soltero, una pesadilla si se trata de una madre con bebés para criar o de alguien a punto de pensionarse. En la primera resolución, de nueve traslados notificados, ocho despejan Bogotá —la ciudad más codiciada por sus oportunidades— para funcionarios de otras zonas. La segunda resolución tiene otra rareza inexplicable pese a que se argumentan supuestas “necesidades del servicio”: a un investigador de la capital colombiana lo trasladan a Córdoba y a uno de este departamento lo traen para Bogotá; a un delegado ante el tribunal del Cauca, Barbosa lo desarraiga por completo: lo envía a La Guajira. Al que estaba en La Guajira lo manda para Popayán. Y así, en varios casos que lucen tan absurdos como la conducta infantil del sujeto que la Corte Suprema eligió cuando subordinó su criterio a los deseos de Duque.
Unos sindicatos del ente acusador protestan por las arbitrariedades de Barbosa quien, al parecer, cree —como tantos otros locos de poder— que también está por encima de las leyes y del régimen laboral que protege la estabilidad de funcionarios que requieren autonomía judicial. Hay quienes piensan que la facultad de trasladar servidores se ha convertido, cada vez más y con el cambio cuatrienal de fiscal general, en un arma eficaz para inspirar temor entre los investigadores que pretendan ser “independientes” de la voluntad central. Por esa vía, la justicia terminará representada por fiscales miedosos que intentarán sobrevivir a las masacres políticas de turno dejando de hacer lo que les corresponde, es decir, prevaricando. Dos casos merecen capítulo aparte en esta ola de intercambios, tal vez ilegal. El primero, el de la afortunada Carmen Torres Malaver que ha hecho larga carrera en la Fiscalía logrando, con el tiempo y una varita, el favor de sus jefes. Seguramente lo merece pero no por eso puede aceptarse que sea trasladada por quien funge como propietario del cargo público que le regaló Duque en una piñata, por motivos extraños a las “necesidades del servicio”.
Siendo la señora Torres Malaver fiscal delegada ante el tribunal de Bogotá y directora nacional encargada de Seguridad Ciudadana, dos apetecidos cargos, fue trasladada mediante la Resolución 0003017, de fecha aún más extraordinaria que las primeras: 30 de diciembre del 2020. Torres Malaver es oriunda del municipio de Socorro, Santander, y ahora trabajará en la seccional de ese departamento.
Al mismo tiempo y no será por pura suerte, su esposo, el fiscal especializado Jairo Orostegui, también fue enviado a Bucaramanga. ¿A qué se deberá la coincidencia del traslado en pareja y su deseo de regresar a su tierra natal? ¿Será cierto que dificultades familiares que requieren ser atendidas por Torres Malaver movieron el corazón de Barbosa para darles ese privilegio a ella y su marido? Tendrá que responderlo en un derecho de petición que le enviaré esta semana. Como se sabe, mentir en una respuesta oficial tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público. El segundo caso que revela, en detalle, la superficialidad barbosiana es un video que se hizo grabar mientras él, el magnánimo fiscal, le concedía como acto de generosidad personal un traslado a su zona natal a una funcionaria santandereana que lleva cinco años en San Andrés.
Uno lo ve y da vergüenza. Este bufonesco fiscal ha convertido los intercambios de cargos en garrote y zanahoria. ¿Será legítimo o estará incurriendo, entre otros, en abuso de poder?
Con cada acto que ejecuta sin que le importen las críticas que juzga siempre equivocadas e injustas, el fiscal Barbosa hace méritos para que se le recuerde como el individuo que jugó con la justicia penal como si fuera su balón de fútbol al que patea cada vez que le da la gana, bien para favorecer amigos, congresistas o, aun, magistrados a los que les debe el voto, de acuerdo con los rumores sobre su presunta repartición de puestos a parientes de estos togados; bien para hacer de la Fiscalía un instrumento de venganza de unos privilegiados del régimen; bien para desplazar o botar de sus puestos a los servidores de esa entidad que le estorban a él o a su grupo. En su columna dominical de El Espectador, Ramiro Bejarano publicó dos resoluciones firmadas el 16 de diciembre, a las puertas del cierre judicial por vacaciones, en las que se notifica el traslado de 21 fiscales delegados ante los tribunales (los cargos de mayor salario), con un esquema que no puede ocultar sus intenciones: unos resultan perjudicados mientras los otros se ganan la lotería.
Por ejemplo, un fiscal que laboraba en Atlántico va para Arauca, bien lejos de su hogar; dos que están en Bogotá deben trabajar este año y quién sabe hasta cuándo en San Andrés, una delicia si uno es joven y soltero, una pesadilla si se trata de una madre con bebés para criar o de alguien a punto de pensionarse. En la primera resolución, de nueve traslados notificados, ocho despejan Bogotá —la ciudad más codiciada por sus oportunidades— para funcionarios de otras zonas. La segunda resolución tiene otra rareza inexplicable pese a que se argumentan supuestas “necesidades del servicio”: a un investigador de la capital colombiana lo trasladan a Córdoba y a uno de este departamento lo traen para Bogotá; a un delegado ante el tribunal del Cauca, Barbosa lo desarraiga por completo: lo envía a La Guajira. Al que estaba en La Guajira lo manda para Popayán. Y así, en varios casos que lucen tan absurdos como la conducta infantil del sujeto que la Corte Suprema eligió cuando subordinó su criterio a los deseos de Duque.
Unos sindicatos del ente acusador protestan por las arbitrariedades de Barbosa quien, al parecer, cree —como tantos otros locos de poder— que también está por encima de las leyes y del régimen laboral que protege la estabilidad de funcionarios que requieren autonomía judicial. Hay quienes piensan que la facultad de trasladar servidores se ha convertido, cada vez más y con el cambio cuatrienal de fiscal general, en un arma eficaz para inspirar temor entre los investigadores que pretendan ser “independientes” de la voluntad central. Por esa vía, la justicia terminará representada por fiscales miedosos que intentarán sobrevivir a las masacres políticas de turno dejando de hacer lo que les corresponde, es decir, prevaricando. Dos casos merecen capítulo aparte en esta ola de intercambios, tal vez ilegal. El primero, el de la afortunada Carmen Torres Malaver que ha hecho larga carrera en la Fiscalía logrando, con el tiempo y una varita, el favor de sus jefes. Seguramente lo merece pero no por eso puede aceptarse que sea trasladada por quien funge como propietario del cargo público que le regaló Duque en una piñata, por motivos extraños a las “necesidades del servicio”.
Siendo la señora Torres Malaver fiscal delegada ante el tribunal de Bogotá y directora nacional encargada de Seguridad Ciudadana, dos apetecidos cargos, fue trasladada mediante la Resolución 0003017, de fecha aún más extraordinaria que las primeras: 30 de diciembre del 2020. Torres Malaver es oriunda del municipio de Socorro, Santander, y ahora trabajará en la seccional de ese departamento.
Al mismo tiempo y no será por pura suerte, su esposo, el fiscal especializado Jairo Orostegui, también fue enviado a Bucaramanga. ¿A qué se deberá la coincidencia del traslado en pareja y su deseo de regresar a su tierra natal? ¿Será cierto que dificultades familiares que requieren ser atendidas por Torres Malaver movieron el corazón de Barbosa para darles ese privilegio a ella y su marido? Tendrá que responderlo en un derecho de petición que le enviaré esta semana. Como se sabe, mentir en una respuesta oficial tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público. El segundo caso que revela, en detalle, la superficialidad barbosiana es un video que se hizo grabar mientras él, el magnánimo fiscal, le concedía como acto de generosidad personal un traslado a su zona natal a una funcionaria santandereana que lleva cinco años en San Andrés.
Uno lo ve y da vergüenza. Este bufonesco fiscal ha convertido los intercambios de cargos en garrote y zanahoria. ¿Será legítimo o estará incurriendo, entre otros, en abuso de poder?