Un acosado judicial de apellido Cepeda

La guerra sucia, podrida, es lo propio del uribismo partidista. Dejando de lado, por el momento, los crímenes atroces que se les atribuyen a unos de sus dirigentes, los miembros de esa agrupación se articulan de tal manera que parecen títeres movidos, al unísono, por el chasquido de una mano tenebrosa. Por poner ejemplos, sus congresistas camuflan, con el apoyo sigiloso de Duque, un artículo dentro de un proyecto anticorrupción, que establece cárcel y multas para los periodistas que investigamos a los funcionarios corruptos; otros, entre sus parlamentarios, suspenden la vigencia de la Ley de Garantías Electorales de tal modo que el Gobierno central y sus aliados en gobernaciones y alcaldías puedan pagarles sus votos a potenciales electores, con dineros públicos; los uribistas también se encargan de trapear con la justicia, en unas ocasiones, con denuncias o demandas falsas, y en otras, mediante insultos y amenazas a los jueces que no respondan a sus intereses; y sus aliados millonarios adquieren la propiedad de medios de comunicación para implantar, en la opinión, una realidad distorsionada que “certifican” sus testigos, quienes repiten, en los estrados, el libreto que les entregan en un sobre adobado con sumas generosas. Así lograron crear un círculo virtuoso: las leyes que arman a su acomodo los protegen; ganan las elecciones; la justicia, intimidada, no sentencia; los reporteros incómodos están arrinconados y los periodistas sinvergüenzas adquieren puesto de deshonor al lado del trono, siempre y cuando cumplan con la tarea de su esclavitud: desprestigiar al “enemigo”, enlodar nombres desde cuentas anónimas en las redes sociales, publicar noticias de mentira y empecinarse en negar las verdaderas.

Tal vez debido a que las de este tipo se han convertido en paisaje noticioso, la semana pasada se registró una información que pasó desapercibida: “La Corte Suprema de Justicia se inhibe de investigar al senador Iván Cepeda por presunto asesoramiento ilegal al Eln”. La denuncia contra el congresista, un sobreviviente de enfermedades naturales pero ante todo de la persecución sañosa de Uribe y sus seguidores en su contra y en contra de sus padres, no obstante que ella murió hace 40 años y que él fue asesinado hace 27, fue interpuesta en esta oportunidad por el representante Edward Rodríguez, declarado indigno de ser precandidato presidencial del autodenominado Centro Democrático por sus propios copartidarios. Su reclamo penal se fundamentó en una constancia del entonces comisionado presidencial Miguel Ceballos quien afirmó, falsamente, que Cepeda se reunió, en Cuba, sin autorización oficial, con la delegación del Eln que podría negociar con el Gobierno Santos. Mintió Ceballos y mintió Rodríguez: esto concluyó, por unanimidad, la Sala de Instrucción de la Suprema, una vez revisados los permisos oficiales que protegían la conducta del congresista de oposición y que tuvo que certificar el propio Ceballos a solicitud de la Corte ante la cual no podía seguir ignorando los documentos que reposaban en su oficina, so pena de incurrir, él mismo, en varios delitos y en faltas disciplinarias graves.

No es la primera vez que Rodríguez atenta moralmente contra Cepeda Castro. En 2014 lo denunció por injuria, calumnia, falsa denuncia y fraude procesal. La Corte también desestimó sus acusaciones y se inhibió de abrir investigación. Pero el acoso judicial contra el senador del Polo ha sido mucho más tortuoso. El propio Uribe Vélez lo denunció en 2012 y 2014 ante la Suprema, en el famoso caso que concluyó, con sorprendente efecto bumerán, en contra del expresidente y a favor del parlamentario polista: se trata del proceso que todavía está abierto y que, pese a la complicidad de la Fiscalía, ha hecho padecer al exmandatario durante casi tres años.

Abogados de Uribe entablaron, por igual motivo, queja disciplinaria contra Cepeda en la Procuraduría. Esta lo absolvió. Interpusieron demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, que la negó en 2016. Milton Rodríguez, congresista cristiano carnal del uribismo, lo acusó de cometer delitos, dos veces. Resultado: el alto tribunal cerró los procesos a favor del denunciado, en 2019 y 2020. Víctor Mosquera, otro apoderado de Uribe Vélez, formuló reclamo judicial por destrucción de material probatorio contra el opositor político; la Corte inadmitió el caso. Mosquera también interpuso una tutela que buscaba afectar la reputación de Cepeda: fue negada en 2018. Como jauría con hambre, muchos más amigos del exmandatario han calumniado a su presa. Sin embargo, los Echeverri, Fabio y Luis Guillermo, protagonizaron la persecución social, política y judicial más patética: en 2005, el poderoso Fabio Echeverri, asesor y gerente de la campaña de reelección de Álvaro Uribe, fue conminado por sentencia de la Corte Constitucional a respetar el buen nombre de Iván Cepeda y su familia. Quince años después, en el 2020, al hijo de Fabio, Luis Guillermo, uno de los personajes más influyentes en la era Duque, se le ordenó rectificar sus afirmaciones en El País, de España, contra el congresista. Uno tras otro, todos se han ido estrellando con los fallos. Si alguien debe tener protección internacional para vivir en estas fronteras, ya que la nacional no parece posible, ese es el senador Cepeda Castro.

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Fe de erratas.- Una aclaración indispensable a mi columna de hoy, como corresponde, y antes de que nadie me lo solicite: uno de los denunciantes fallidos y perseguidor judicial del senador Cepeda NO es el pastor John Milton Rodríguez, como aseguré. Es el exdiputado del Tolima Milton Restrepo Ruiz, hoy candidato a la Cámara por el uribismo en ese departamento