¿Qué le sucedería a un funcionario X si se revelara que ha viajado a diferentes destinos del país en avión fletado exclusivamente para él y sus compañeros, y si, además, las fechas de los desplazamientos coincidieran con fines de semana o puentes festivos? Respuesta: se le abrirían investigaciones preliminares.
La Fiscalía haría el anuncio de comienzo de indagación penal, y después no se volvería a tener noticia del asunto. La Procuraduría publicaría un comunicado y luego, dependiendo de los amores o desamores del jefe, el caso entraría al congelador, se archivaría o terminaría en sanción de destitución e inhabilidad de 200 años. Y la Contraloría haría sonar los tambores en la nación entera para advertir que los corruptos la pagarán; sin mediar juicio, los pondría en la picota, los embargaría, los allanaría, ordenaría realizar copias “espejo” de los discos de sus computadores e interceptaría sus comunicaciones y las de sus relacionados. Pero a la contralora general, tal vez actora de ilegalidades como las descritas arriba, no le sucederá lo mismo porque ella ha logrado adquirir, a punta de verborrea, intimidación y, lo de siempre, repartición de puestos, inmunidad plena. Idéntica a su elector, el procurador.
El domingo pasado, El Espectador publicó un artículo explosivo: descubrió que se está repitiendo el escándalo del DAS, pero ahora dirigido desde el ente fiscalizador, que elaboró una lista de 57 personas para chuzarles sus teléfonos, copiar sus archivos y espiar sus correos sin permiso de ningún juez, supuestamente porque los blancos de los seguimientos tuvieron contratos con Saludcoop. A la galería, ansiosa de castigar a los defraudadores de los dineros de la salud, le suena bien que se lapide a quien parece culpable. Los despilfarros en esa EPS han enardecido, con razón, a la gente. Pero resulta que Colombia es todavía un Estado de derecho y que para establecer la responsabilidad de los individuos hay que hacerlo dentro del marco legal. Por no actuar como corresponde, los jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS están en la cárcel, y una exdirectora de la desaparecida entidad anda escondida. Lo peor estaría por llegar: si Palacino y sus secuaces logran tumbar el proceso que les siguen por la ilegitimidad de los procedimientos empleados, habremos perdido la posibilidad de verlos tras las rejas y de recuperar $1,7 billones, suma calculada por la propia Contraloría. Por si ya no fuera suficiente descalabro, el columnista Ramiro Bejarano puso su dedo en la llaga de un punto de presunta corrupción: viajes de Sandra Morelli y sus allegados de oficina en aviones alquilados a la Policía. Esos traslados aéreos se iniciaron en día viernes y concluyeron en domingo o lunes de fiesta. ¡Cómo hubiera sido la ira de la señora si este indicio se hubiera presentado en otro despacho!
Con razón el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirmó, en conversación con esta periodista hace apenas cuatro meses, que los entes judiciales no pueden ser “caballos desbocados”: “Me preocupa el desbordamiento de las competencias constitucionales en que están incurriendo algunos órganos, además de su actitud de anticipar juicios como si estuviéramos en la Inquisición”, dijo. Montealegre sabe que la Contraloría utiliza métodos insanos. Y no sólo en el proceso de Saludcoop. También en el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el del robo de Caprecom, el del carrusel de las pensiones e, incluso, el de Interbolsa. Él, constitucionalista, teme que cada uno de esos casos se venga al piso por culpa de la Contraloría. Pero claro, el desastre se presentará cuando Morelli se haya retirado. Mientras tanto, ella continuará abusando de su poder. Y yendo a fiestas y a suntuosas bodas.
¿Qué le sucedería a un funcionario X si se revelara que ha viajado a diferentes destinos del país en avión fletado exclusivamente para él y sus compañeros, y si, además, las fechas de los desplazamientos coincidieran con fines de semana o puentes festivos? Respuesta: se le abrirían investigaciones preliminares.
La Fiscalía haría el anuncio de comienzo de indagación penal, y después no se volvería a tener noticia del asunto. La Procuraduría publicaría un comunicado y luego, dependiendo de los amores o desamores del jefe, el caso entraría al congelador, se archivaría o terminaría en sanción de destitución e inhabilidad de 200 años. Y la Contraloría haría sonar los tambores en la nación entera para advertir que los corruptos la pagarán; sin mediar juicio, los pondría en la picota, los embargaría, los allanaría, ordenaría realizar copias “espejo” de los discos de sus computadores e interceptaría sus comunicaciones y las de sus relacionados. Pero a la contralora general, tal vez actora de ilegalidades como las descritas arriba, no le sucederá lo mismo porque ella ha logrado adquirir, a punta de verborrea, intimidación y, lo de siempre, repartición de puestos, inmunidad plena. Idéntica a su elector, el procurador.
El domingo pasado, El Espectador publicó un artículo explosivo: descubrió que se está repitiendo el escándalo del DAS, pero ahora dirigido desde el ente fiscalizador, que elaboró una lista de 57 personas para chuzarles sus teléfonos, copiar sus archivos y espiar sus correos sin permiso de ningún juez, supuestamente porque los blancos de los seguimientos tuvieron contratos con Saludcoop. A la galería, ansiosa de castigar a los defraudadores de los dineros de la salud, le suena bien que se lapide a quien parece culpable. Los despilfarros en esa EPS han enardecido, con razón, a la gente. Pero resulta que Colombia es todavía un Estado de derecho y que para establecer la responsabilidad de los individuos hay que hacerlo dentro del marco legal. Por no actuar como corresponde, los jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS están en la cárcel, y una exdirectora de la desaparecida entidad anda escondida. Lo peor estaría por llegar: si Palacino y sus secuaces logran tumbar el proceso que les siguen por la ilegitimidad de los procedimientos empleados, habremos perdido la posibilidad de verlos tras las rejas y de recuperar $1,7 billones, suma calculada por la propia Contraloría. Por si ya no fuera suficiente descalabro, el columnista Ramiro Bejarano puso su dedo en la llaga de un punto de presunta corrupción: viajes de Sandra Morelli y sus allegados de oficina en aviones alquilados a la Policía. Esos traslados aéreos se iniciaron en día viernes y concluyeron en domingo o lunes de fiesta. ¡Cómo hubiera sido la ira de la señora si este indicio se hubiera presentado en otro despacho!
Con razón el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirmó, en conversación con esta periodista hace apenas cuatro meses, que los entes judiciales no pueden ser “caballos desbocados”: “Me preocupa el desbordamiento de las competencias constitucionales en que están incurriendo algunos órganos, además de su actitud de anticipar juicios como si estuviéramos en la Inquisición”, dijo. Montealegre sabe que la Contraloría utiliza métodos insanos. Y no sólo en el proceso de Saludcoop. También en el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el del robo de Caprecom, el del carrusel de las pensiones e, incluso, el de Interbolsa. Él, constitucionalista, teme que cada uno de esos casos se venga al piso por culpa de la Contraloría. Pero claro, el desastre se presentará cuando Morelli se haya retirado. Mientras tanto, ella continuará abusando de su poder. Y yendo a fiestas y a suntuosas bodas.