29 Sep 2021 - 4:59 a. m.

Un escándalo de moralidad no puede sepultar otros

Un escándalo de corrupción oficial no puede ser motivo para olvidar otro, pero esto es lo que suele ocurrir en Colombia en donde, siendo realistas, no se descubre ni la tercera parte de los actos ilícitos que se cometen en el sector público. Lo intuimos los periodistas que somos confidentes de funcionarios honrados pero agobiados y frustrados porque no pueden renunciar a su salario y —por eso mismo— tampoco pueden denunciar a aquellos que delinquen a pesar de que lo hagan con descaro y ante las narices de muchos. El escándalo que dejará marca indeleble en el gobierno de Iván Duque, el que se fraguó en el ministerio de Abudinen mediante el contrato de $1,07 billones (¡billones!) que ella y su equipo le adjudicaron a la Unión Temporal Centros Poblados, ocupa la atención de la prensa y las redes, con toda razón. Pero la exministra, sus abogados estrategas y sus mensajeros digitales ya empezaron a echar tiros al aire para distraer la atención de los reporteros investigadores y, con ese modito amistoso-engañoso, conseguir simpatías mediáticas con el fin de que la vayan excluyendo del lío de la defraudación de dineros estatales cuya cuota inicial fue de $70.000 millones. Abudinen, la responsable política obvia de este enredo aunque no la única, va ganando, por ahora: el presidente de la República la respaldó en sus declaraciones sin que le importara el costo para su administración y le permitió presentar su caída como si fuera una renuncia voluntaria al ministerio; su partido, Cambio Radical, el uribismo y el resto de sus bancadas coligadas en el Congreso sabotearon la moción de censura en su contra, untándose, también ellos, del detritus maloliente que expele el contrato; será “investigada”, disciplinariamente, por su amiga social y paisana de región y ciudad, Margarita Cabello; y en materia penal, por el compañero de Duque, Barbosa quien, sin disimulo, le designó al fiscal que confecciona argumentos jurídicos a la medida: Gabriel Jaimes, el perfecto para ella como lo ha sido para Uribe.

A propósito del expresidente exsenador, nadie, excepto unos cuantos comunicadores, se ha vuelto a interesar en el escándalo que significa para la democracia la campaña de persecución contra los jueces pulcros que se atrevieron a indagar su conducta, campaña que, por cierto, puede derivar en riesgos para la honra y vida de los togados; ni en el otro gran escándalo de corrupción judicial —por el favorecimiento ilegal desplegado— en que se ha constituido el proceso que cursa en la Fiscalía para absolver al exmandatario del tipo penal de soborno a testigos, el más pequeño de sus problemas con la ley. Otros fantasmas de mayor entidad delictiva que inquietan al exmandatario rondan, desde hace décadas y en forma de expedientes irresolutos, por los despachos judiciales. Si bien hasta el Estado colombiano ha sido condenado internacionalmente por la connivencia militar, policial y civil oficial con la masacre de El Aro (toma del pueblo por 200 paramilitares, secuestro de sus 400 habitantes, tortura y asesinato de 19 y destrucción de viviendas y tiendas, en 1997), al gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, no se le ha adelantado un proceso penal, sea para absolverlo, sea para condenarlo, por ese crimen de lesa humanidad cuyas atrocidades no sucedieron de manera sorpresiva: pasaron después de una preparación de semanas, un recorrido de la banda armada por rutas controladas por las autoridades y con una ejecución de toma y matanza de la población que duró cinco días en los que jamás llegó la Fuerza Pública dominada por el bravucón que dirigía, entonces, los destinos del departamento antioqueño.

La masacre de El Aro ha sido relatada mil y una veces en libros de investigación y en informes de organismos colombianos e internacionales de derechos humanos; ha sido mencionada en decenas de decisiones judiciales, pero al jefe político regional no se le ha tocado más allá de nombrarlo tangencialmente. ¿Por qué? Habrá que averiguar cómo se mueven para impedirlo. Otro escándalo de moralidad pública que no hay que olvidar.

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