10 Feb 2021 - 3:00 a. m.

“Un éxito” o la orden del fiscal Barbosa

El jueves 13 de febrero de 2020, el presidente Duque posesionó como fiscal general a su amigo Francisco Barbosa que no descollaba en nada: era un abogado gris que sobrevivía a punta de contratos con vigencia de tres, cuatro o seis meses, con entidades oficiales, por ejemplo, la Personería de Bogotá en donde debió tener “palanca” política porque se los renovaban, una y otra vez; o en la Junta Central de Contadores que lo mantuvo como contratista desde junio de 2003 y hasta el 31 agosto del 2020, según la página de Función Pública (ver). Si nos atenemos a esta, el fiscal general habría recibido, simultáneamente con su salario oficial, una remuneración adicional por sus servicios profesionales a los contadores, durante seis meses, de febrero a agosto del año pasado. ¿Escandaloso? Sí, pero no en Colombia. En la ceremonia de posesión, este pintoresco funcionario, que obviamente no estaba preparado para semejante responsabilidad, comenzó a mostrar su personalidad desviada. En su discurso, empezó alabándose: “(Asumo como) el fiscal general más joven de la historia del país... (como el que fue) elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia y (como) el único... que antes de ocupar esta honrosa dignidad ya había ejercido como fiscal especializado” (ver). Hoy sabemos que el autoelogio es lo suyo.

No por tonto, Barbosa iba a perder el tiempo. Ese mismo día le dio curso al carrusel de puestos en la entidad, en que unos son nombrados o ascendidos a los cargos con los salarios más altos, y otros pierden, sin saber por qué, el fruto de su esfuerzo de años. En efecto, el 13 de febrero del 2020, anunció que una de sus funcionarias preferidas, Carmen Torres Malaver, quien dirigía la Seccional de Bogotá, sería la nueva delegada nacional de Seguridad Ciudadana. En esa fecha, también, fue nombrado, en reemplazo de Torres Malaver, José Manuel Martínez Malaver. Diez meses más tarde, la afortunada Torres fue trasladada junto con su esposo, otro fiscal especializado, a Socorro, Santander, de donde es oriunda y en donde está su familia. Desde su ciudad natal, sin embargo, ella no perdió el control. Según informó W Radio, la matrona será la estratega del despacho del fiscal general en “temas de mujer, niños y adolescentes” (ver). Ese 13 de febrero, fecha mágica, el fiscal general tuvo otro arranque de autoridad: informó que la fiscal seccional de Risaralda, departamento en donde nació su esposa Walfa Téllez, era Maritza Chavarro Anturi. El viernes 14 de febrero Barbosa viajó por primera vez. Fue a Pereira y posesionó a Chavarro. Y aprovechó para asistir, el sábado 15, a la fiesta de cumpleaños de la esposa del contralor general, el pereirano Carlos Felipe Córdoba (ver).

Muy lejos de los oropeles del poder y el clientelismo, en medio de la soledad, la pobreza y el desamparo, la vida de la gente siguió su curso con sus injusticias. En junio del 2020 estalló uno de los más graves casos de violación de derechos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales. Una niña indígena de 12 años fue atacada sexualmente, uno por uno, por al menos siete soldados armados (se busca a otro más) del Batallón San Mateo, en un paraje de Pueblo Rico, a dos horas y media de Pereira. Los violadores fueron capturados cuando la víctima reconoció a algunos. Con una agilidad asombrosa para el promedio nacional, la Fiscalía les imputó el delito de acceso carnal abusivo y, con igual rapidez, los soldados aceptaron haberlo cometido aunque, al principio, no entendían por qué su defensa les aconsejaba allanarse a cargos. Varios penalistas protestaron: por el contexto y las circunstancias de la violación a una menor de edad, de una etnia especialmente protegida, el delito a imputar era acceso carnal violento (ver).

La diferencia entre la calificación de “abusivo” y de “violento” no es la cuantía de la pena que puede llegar, en ambos delitos, hasta 30 años de cárcel. Es la connotación internacional del hecho. Barbosa, más fiel a su liviandad que a sus obligaciones, dio una respuesta ofensiva para acto tan atroz: “Palo porque bogas y palo porque no bogas”, contestó ante las críticas. Y aseguró que el caso fue “un éxito”, refiriéndose a que, presuntamente, ya estaba resuelto (ver). Pues bien, he recibido información de fuentes absolutamente confiables sobre una instrucción que se habría dado desde el búnker, a la Fiscalía de Pereira: “La orden es imputar (a los victimarios) acceso carnal abusivo”. Si eso es cierto, se explicaría la aceptación inmediata de los imputados, a tal cargo. La fiscal Torres Malaver; su subalterna en este proceso y a quien conocen como su “ficha”, la fiscal Claudia Piedad González; la fiscal de Pereira Maritza Chavarro, privilegiadas por Barbosa con sus movimientos laborales, y, desde luego, el fiscal general deben decir públicamente si eso sucedió o no. La gravedad del asunto es evidente. Los abogados de la niña apelaron la calificación del delito ante el Tribunal Superior de Pereira para poder modificarlo. La Fiscalía, en cambio, no lo hizo lo cual despierta más sospechas. Esperamos una respuesta oficial.

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