Un “héroe” cuestionado

Me encontré por casualidad con uno de los peores casos que se han conocido recientemente de negación de justicia, discriminación, revictimización y hostigamiento. La víctima es una denunciante de abusos sexuales y laborales que creyó, ingenua ella, que tenía derecho a la igualdad judicial en Colombia. Se trata de una joven funcionaria que informó, de manera documentada, sobre los acosos prolongados de su jefe, no solo sin éxito sino con graves consecuencias para ella. Su historia fue publicada por el periodista Édinson Bolaños en la revista Raya, un medio virtual de excelente pronóstico por la seriedad con que aborda sus informes, en contraste con la frivolidad farandulera de quienes se disputan el número en lugar de la calidad de sus audiencias. En el relato se detalla cómo la que era empleada de rango medio del Ejército (primero, secretaria; después, agente de Inteligencia) fue sometida a presión sexual durante tres años y, luego, a maltratos y venganzas laborales de su superior jerárquico, un oficial de lustrosa carrera. En contraste con la linda pero solitaria subalterna, el oficial dispone de una cobertura social que lo protege por su condición de “héroe” de guerra y de excandidato a la Vicepresidencia de la República: fue compañero de fórmula electoral de, nadie más ni nadie menos, Íngrid Betancourt, fulgurante figura femenina de la política nacional.

Ella se llama Claudia Beltrán, apodada “Sara” en el argot militar por su papel de agente. Muy pocos ciudadanos saben que existe. Él es famoso: el coronel (r) José Luis Esparza, uno de los “cerebros” de la Operación Jaque admirada mundialmente por el rescate, en 2008, de 14 secuestrados que las Farc (entre ellos, Íngrid) habían retenido, durante años, en la selva. En un texto estremecedor, el investigador Bolaños revela los audios que la denunciante grabó cuando su denunciado la llamaba, para poder demostrar los abusos a los que fue sometida desde enero de 2012 hasta diciembre de 2014. El hoy coronel retirado era director de la Regional de Inteligencia Militar, RIME 2, en Santander. Lo que se escucha, tanto en la fase de la presión sexual (“la necesitaba ... necesitaba que me acompañara ... ¿Puede ser en Socorro (el municipio) o en algún (otro) lado ... ¿puede ir a una despedida ‘Sara’?”), como en la etapa de la violencia laboral que sobrevino cuando ella lo acusó ante la Fiscalía (“oiga, niñita, habla el coronel Esparza. Dígale a su prima que deje de estar hablando mierda de mí. Yo a usted no se la tengo montada ni me la quiero comer ni se la estoy montando; deje de mariquiar porque yo sí tengo algo es influencias y que no se ponga a güevoniar...”), habría podido ser interpretado por un sistema judicial respetable como evidencia para indagar.

Pero sucedió lo contrario: el Estado —léase el Ejército, el ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón), la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo—; el juez que decretó, el año pasado, la prescripción en favor de Esparza sin poner énfasis en el fondo del asunto y hasta el abogado de oficio que la representó y quien apeló el fallo de preclusión para desistir, después, y sin explicar por qué, de ese último derecho de la víctima, les fallaron a Claudia y a las mujeres colombianas representadas en ella. Con “Sara”, Colombia hizo lo que quiso: Los jefes que sucedieron a Esparza la hostigaron con investigaciones. Le pidieron, por ejemplo, que manifestara, de manera verbal, “sus supuestas intenciones de salir del territorio nacional para adquirir mercancía en la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente venderla en Bogotá, teniendo en cuenta que está prohibido...”; los jueces disciplinarios del Ejército le solicitaron que permaneciera “tranquila ya que la situación que se esta(ba) presentando con los hechos que vinculan al coronel José Luis Esparza generan bastante malestar en el ambiente laboral y personal”; esos mismos investigadores le negaron, por escrito, el derecho a enterarse de lo que sucedía con propia denuncia: “... en consecuencia no le será informado el estado de la acción disciplinaria”. La Fiscalía no movió el caso en ocho años para concluir con la petición, al juez, de prescribir a favor del incriminado, el delito de acoso sexual. Y muchos exabruptos antijurídicos más. La doble moral permite que, a veces, haya escándalos, marchas, gritos y declaraciones mediáticas. Y que, otras veces, las instituciones se pongan de acuerdo para acallar a las agredidas si así lo merece el involucrado por su importancia.

Entre paréntesis. El coronel Esparza solicitó a Noticias Uno, informativo bajo la dirección de esta columnista, rectificación de una nota sobre el informe de la revista Raya.