¿Una Procuraduría protectora de militares que delinquen?

A pesar de que los sectores políticos y mediáticos del país conocen, de sobra, el genio y la figura de Gregorio Eljach, casi nadie se atreve a cuestionarlo o a cuestionar las maniobras con que ha logrado ascender en su carrera inverosímil. El exauxiliar de un senador de la más pura tradición partidista, hoy elevado a poderoso funcionario, se erige como el faro moral de Colombia aunque es de público conocimiento que sus decisiones tienen más relación con sus lealtades clientelistas y personales que con las obligaciones que le impone la sociedad que él supuestamente representa. Hace unos días se conoció la posición de su entidad a través de su subalterno, el procurador delegado Fernando Antonio Burgos Támara, frente a la condena de 20 años en prisión que le impuso la JEP al coronel (r) Plubio Hernán Mejía por ser responsable de cometer los crímenes de “homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura en persona protegida” en el conflicto armado. En una columna publicada en diciembre pasado, esta periodista narró un hecho escandaloso que, pese a la envergadura del asunto, no tuvo eco: Eljach reemplazó, a última hora, a su delegado para el caso del coronel Mejía, Jairo Ignacio Acosta, justo en el momento en que ese servidor autónomo y de carrera (es decir, que no le debía el cargo a ningún político) iba a presentarle a la JEP su acuerdo total con respecto a la condena del arrogante militar que se burló, desde el año 2017, de esa jurisdicción para obtener su libertad aun cuando pagaba cárcel porque la justicia ordinaria ya lo había condenado dos veces a penas que sumadas, se extendían a 40 años. Pues bien, Mejía nunca cumplió su promesa de revelar la verdad y, por eso, se enfrenta, de nuevo, a la prisión.

Burgos Támara, el funcionario puesto a última hora por el actual procurador general, no se opuso a la sentencia en contra de Mejía. Objetó, para rebajarlo, el monto de su condena. Hay que admitir que esa postura es menos gravosa que la que se veía venir. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Burgos, presunto guardián de los derechos de las víctimas, se preocupe más por los de su victimario (ver). Tal vez la Procuraduría hizo cuentas: abogar por la reducción de la pena del despreciativo militar sin objetar las razones para condenarlo, es una jugada astuta. Si se disminuye el tiempo en reclusión del coronel y se le suman, como debería ser, los años que cumplió en la justicia ordinaria, saldría libre pronto y sin ningún condicionamiento. De paso, el Ministerio Público conservaría su corazón “uniformado” pero sin sufrir mella. Eljach no tiene un pelo de tonto. Con todo, su ánimo promilitar está dejando huella: los delegados judiciales ante la JEP designados por Eljach y por su “procuradora de la Nación en cuerpo ajeno”, Margarita Cabello, son aliados reales o emocionales de los oficiales investigados. Burgos Támara es oriundo de Cereté (Córdoba); su colega Eduardo Carmelo Padilla Hernández, cuestionado “veedor” y excandidato a la gobernación de Córdoba, es vocero de Eljach ante la misma Jurisdicción de Paz, y también nació en Cereté.

No parece coincidencia. Padilla y Burgos son amigos de vida, pupitre y, ahora, de misión oficial (ver). Estos dos próceres que gozan de la confianza de Eljach, y quienes cuentan con larga trayectoria como contratistas del Estado, también han tenido (al menos uno de ellos) el apoyo de Carlos Camargo, para más verás, nacido en Cereté. El recién elegido magistrado de la Corte Constitucional tiene fama, bien ganada, de moverse entre los clanes políticos de la costa Atlántica. Cuando Camargo era el impopular defensor de Pueblo, fue denunciado, precisamente ante la Procuraduría de Cabello (vaya ingenuidad), por haber “instalado -en esa entidad creada para proteger los derechos civiles- una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército”. Pues bien, uno de los contratistas de Camargo era Eduardo Padilla Hernández, el compañero de Burgos, los procuradores de confianza de Eljach (ver). Las clientelas se cruzan dependiendo de quienes dirijan los organismos oficiales.

No para, ahí, la historia: Óscar Lombana es procurador judicial II con funciones ante la JEP, nombrado por Eljach en julio de 2025 (ver pág 7). Lombana Amaya (primo de la magistrada exmilitar Cristina Lombana) vigila otros procesos que desarrolla la Jurisdicción Especial. Pero él se ocupó de conocer, primero, esa instancia judicial por dentro: en 2018, fue, allí, magistrado auxiliar (ver) y, de ese modo, conoció, de fondo, la entidad que ahora “controla”. Si vamos hacia atrás, entre 2014 y 2017, Lombana se desempeñó como abogado del Fondo de Defensa Técnica de los miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) desde donde intentaba salvar a los uniformados de sus culpas (ver pág 4). Vuelta canela: de defensor de militares, a investigador de los mismos, en la JEP y, luego, a ser su celador desde la Procuraduría. ¡Un camaleón!

Y, por último: Ángela Andrea Chacón Belalcázar, agresiva procuradora judicial II de Eljach ante la JEP caracterizada por sus gestos amables hacia los agentes estatales investigados (como el general Mario Montoya), y por sus desplantes a las víctimas y magistrados durante las audiencias, aparece en el artículo “Los 21 palancazos de Cabello” de la revista Cambio (ver). Allí se informa que es la esposa de Alfonso Campo Martínez (exfuncionario de Duque), actual miembro del Consejo Nacional Electoral, y de quien consta, en su hoja de vida, que ha sido Defensor Público de las Fuerzas Militares (ver). Entonces, ¿resultó cierto el rumor de que Eljach ha ordenado tutelar a los exmiembros de la Fuerza Pública, no importa si delinquen o no, y que odia a la JEP por procesar a los criminales?