Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Como lo dijimos hace unos días, en el acto de posesión del cargo de presidente de la república, De la Espriella incurrió en varias impertinencias incompatibles con el decoro que se le exige a quien representa la Nación. Todos fuimos testigos de las groserías cometidas en ese evento, aunque la infaltable lambonería nacional con el poderoso de turno impida reconocerlas en público. Pero una de esas descortesías resalta sobre las demás porque enloda la palabra de Colombia frente al mundo civilizado. Ocurrió cuando De la Espriella despreció los acuerdos que el Estado firmó, oficialmente, con una poderosa organización armada que jamás pudo ser derrotada, ni siquiera con sus más feroces militares enfrentándola en la guerra. Me refiero a la insolencia de excluir al presidente de la JEP, un tribunal de cierre (por tanto, con rango de alta corte), de la lista de invitados a su lánguida ceremonia del 7 de agosto. De la Espriella empezó, así, a patear la puerta constitucional tras de la cual fue resguardada esa jurisdicción. Si bien es cierto que el candidato había mostrado su odio obsesivo y casi patológico con el Sistema Integral de Paz, se esperaba que un mandatario con la pretensión de ser recordado por la grandeza de sus propósitos depusiera sus emociones primarias e intentara –al menos– comprender las posiciones que no compartió como ciudadano particular. Desde luego, resultaba ingenuo creer que el pequeño imitador de Trump, Milei, Bolsonaro, Bukele y Noboa gozara de buenas maneras; pero no por la obviedad de su conducta esta deja de ser atarvana. Y entonces, los ciudadanos observamos, esperanzados, el comportamiento de las otras ramas del poder.
Sin embargo, el desconsuelo ha sido peor: nadie en el Congreso levantó la voz para exhortar al debutante a respetar su recinto, el Capitolio, como escenario institucional del juramento presidencial. Y, más grave, ninguno de los presidentes de las cortes protestó por la ofensa propinada por el jefe de Estado contra uno de sus pares, el vocero de la Jurisdicción Especial, Alejandro Ramelli. Tanto congresistas como magistrados se sometieron, calladitos y con la mirada baja, a los designios del “príncipe”. Mal comienzo, si pensamos en términos de autonomía de las tres ramas públicas. Añadámosle la ominosa fotografía que puede cobrar el equipo presidencial como triunfo absoluto, de la presentación de su supuesto Libro de la verdad, en realidad, un compendio de venganzas políticas contra el gobierno pasado que un sistema judicial independiente no tomaría en serio, como lo han destacado analistas de diversas corrientes, por la liviandad de su contenido. No obstante, esa cita claramente politizada contó con la presencia unánime de la justicia y de los órganos de control representados en la fiscal general, el procurador general y el recién elegido contralor general, Jorge Eliécer Laverde. Es increíble la imagen de los tres presuntos agentes del correcto funcionamiento de la democracia, con su ejemplar abelardista en la mano levantado hacia el lente de las cámaras, aún en Colombia, en donde cualquier cosa suele ocurrir: la jefa de la Fiscalía –institución en donde se inician los procesos penales con su obligatoriedad de neutralidad; y las cabezas de los organismos que disciplinan y controlan a los servidores estatales–, quedaron marcados cual ganado de la “manada” de la campaña del ganador de las elecciones. ¡Una desvergüenza explicable en los exsecretarios del Congreso Eljach y Laverde, deformados por el clientelismo; pero asombrosa en Luz Adriana Camargo, que viene del rigor de las pruebas y los fríos hechos que sustentan las inocencias o culpabilidades!
Tal como se observan las cosas en Colombia, si el gobierno Petro fue hipercustodiado por la totalidad del establecimiento (incluyendo a los partidos, líderes políticos, congresistas, medios, redes, analistas, dueños de los grandes conglomerados económicos, gremios, empresarios y también los altos tribunales), la administración de De la Espriella –que sabe menos sobre el manejo del Estado y las instituciones oficiales que el anterior mandatario–, tendrá la suerte contraria; contará con el favor de todos ellos por una simple razón: representa y resguarda sus intereses particulares.
